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Judiciales

Decisión que confirma libertad de Keiko Fujimori se enviará al juez Víctor Zúñiga

Corte Suprema ordenó notificar resolución que rechaza el retorno a prisión preventiva de Keiko Fujimori al juez Zúñiga y a la Corte Superior de Justicia de Lima.

Keiko Fujimori está acusada a 30 años de prisión en el caso Cócteles. Foto: Clinton Medina/ La República.
Keiko Fujimori está acusada a 30 años de prisión en el caso Cócteles. Foto: Clinton Medina/ La República.
Alonso Collantes

El despacho del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que dirige el magistrado Víctor Zúñiga, recibirá en las próximas horas la resolución de la Corte Suprema de Justicia que el último jueves decidió confirmar la libertad de Keiko Fujimori Higuchi en el caso Cócteles (Odebrecht).

Acorde con el registro del incidente, ayer lunes se ordenó que se remitiera el fallo de 14 páginas al juez Zúñiga así como a la Corte Superior de Justicia Penal Especializada para que tomen conocimiento de los fundamentos de la decisión que rechazó a su vez el recurso del fiscal Rafael Vela Barba.

Seguimiento de la casación contra Keiko Fujimori.

Tal como se había publicado semanas atrás, la casación de Vela sostenía que la apelación de Keiko Fujimori contra su prisión preventiva en enero de 2020 se presentó fuera del plazo de tres días, por lo que la audiencia donde se definió su liberación debía anularse y, por ende, que la lideresa de Fuerza Popular vuelva a prisión.

No obstante, el 23 de junio los jueces supremos de la Sala Penal Permanente concedieron razón a los argumentos de la defensa de Fujimori, Giulliana Loza. Según el documento, al que accedió este diario, el plazo de tres días debe correr desde el momento en que se notifica por escrito la resolución de prisión preventiva y no solo cuando se dicta de forma oral, como ocurrió en 2020 en el caso de Keiko.

“El auto de prisión preventiva debe ser expedido en el acto y leído en audiencia, por lo que constituye un acto procesal eminentemente oral, y debe transcribirse en el acta respectiva no necesariamente el íntegro de la resolución, pero, cuando menos, los fundamentos relevantes en los que se funda la decisión (...) resulta indispensable, como exigencia expresamente constitucional, para garantizar la viabilidad del ejercicio de la defensa vinculado a la sustentación de la apelación”, señala el fallo.

El fallo también expresa que “debe entenderse que la notificación tiene que materializarse sea con la entrega de la resolución en físico, del acta en la que consten los fundamentos principales que solventan la decisión o la remisión electrónica de la resolución virtual”, con el fin de que una defensa pueda apelar adecuadamente.

La Corte Suprema recordó en este sentido también que a Giulliana Loza, abogada de Keiko, al terminar la audiencia donde se le dictó prisión preventiva solo se le dio el video de la decisión, pero no ningún acta donde se consignaran los argumentos de la preventiva contra Keiko.

Por estas razones, los jueces supremos estimaron que “el plazo de tres días para impugnar el auto de prisión preventiva debe ser contabilizado a partir de la recepción de los documentos en mención, se colige, entonces, que la interposición del recurso fue realizada en el plazo de ley”. Con ello confirmaron la legalidad de la apelación de Keiko con la que logró su libertad en abril de 2020.

Etapa previa al juicio

En diciembre de 2021, luego de definirse los archivos para algunos colaboradores eficaces, el fiscal José Domingo Pérez inició la sustentación de su acusación por presuntos aportes irregulares de Odebrecht a las campañas presidenciales del fujimorismo en 2011 y 2016.

La Fiscalía pidió así 30 años de prisión contra Keiko Fujimori y el “núcleo duro” de la presunta organización criminal que habría encabezado la excandidata presidencial: Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa.

Jaime Yoshiyama, uno de los receptores del US$1.000.000 que Odebrecht entregó para la campaña de Fuerza 2011, José Chlimper y Adriana Tarazona también figuran como acusados a los que se les podría dictar 30 años de prisión.

Durante el avance del caso, no obstante, los abogados advirtieron errores en los cargos o falta de individualización de elementos contra sus defendidos, por lo que Zúñiga devolvió la acusación al fiscal Domingo Pérez para que la corrija y pueda reiniciarse la fase de control de acusación (etapa previa al juicio contra los implicados).

Esta, asimismo, se reinició el último 25 de mayo y desde entonces Domingo Pérez viene sustentando en audiencias las correcciones de su acusación. Estas subsanaciones están contenidas en alrededor de 2.384 páginas.