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Política

Proyecto del Gobierno que reforma juicio y antejuicio político evitaría más blindajes del Congreso

Pese a esto, especialistas indican que proyecto de ley presenta criterios cuestionables. Asimismo, señalan que propuesta es ofrecida cuando el mandatario Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte enfrentan procesos en el Parlamento.

El último jueves, el Ejecutivo planteo su propuesta ante el Congreso de la República. Foto: composición La República
El último jueves, el Ejecutivo planteo su propuesta ante el Congreso de la República. Foto: composición La República
Mayu Herencia

El último jueves 23, el presidente Pedro Castillo, respaldado por el primer ministro, Aníbal Torres, presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional que busca cambiar las reglas de juego del antejuicio y juicio político por infracción constitucional o comisión de delitos de las altas autoridades públicas.

Con la modificación de los artículos 99 y 100 de la carta magna, el Ejecutivo pretende modificar ambos procedimientos que, en la actualidad, están a cargo del Parlamento. En una de ellas propone que el antejuicio político pase a manos de una comisión de la Corte Suprema. La otra reforma corresponde a los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), quienes no podrán emitir voto en la Comisión Permanente.

La propuesta es anunciada luego de que la SAC, presidida por Rosio Torres, decidiera mandar al archivo denuncias contra ex altos funcionarios comprometidos en actos penales, como ocurrió en el caso del expresidente de facto Manuel Merino, quien fue blindado. De igual modo, aparece en un momento en el que el máximo representante del Ejecutivo, Pedro Castillo, y la vicepresidenta Dina Boluarte han sido denunciados por presuntamente haber cometido delitos e infringir la Constitución.

En ese sentido, ¿el proyecto de ley de reforma constitucional enviado por el Ejecutivo es una alternativa que reduciría los riesgos de posibles blindajes?

Al respecto, la abogada constitucionalista Ana María Vidal consideró que la propuesta podría limitar las protecciones políticas sobre altos funcionarios. Comentó que la referida iniciativa presenta aspectos interesantes. Destacó, por ejemplo, que no dependerá del Congreso que una investigación proceda.

Sin embargo, la letrada dejó en claro que el proyecto presenta puntos cuestionables y que uno de ellos es que el Ministerio Público aún dependa de otro órgano para iniciar una investigación formal. Asimismo, manifestó su preocupación de que esta proposición, que no ha tenido los comentarios de las instituciones involucradas, tenga el mismo destino que el planteamiento de la asamblea constituyente.

“Este tipo de propuestas necesarias sí tienen que ser trabajadas más a fondo, pero eso no implica que deban demorarse años. Tienen que tener un mayor peso a la hora de presentarlas y no terminar siendo una propuesta más como la asamblea constituyente”, señaló la especialista a La República.

Al igual que Ana María Vidal, el constitucionalista Heber Campos opinó que el planteamiento de proyecto de ley da vestigios de que podría evitar impunidad en casos de acusaciones constitucionales. Comentó que, con el antejuicio fuera del control por parte del Congreso, las decisiones podrían quedar en un plano más objetivo.

“Podría ayudar a reducir los blindajes en el Congreso porque quitamos a esta figura del antejuicio del ámbito del Parlamento, que es un órgano político por excelencia, y lo llevamos a un espacio más imparcial, como podría ser el Poder Judicial, que me parece que desde ese punto de vista la figura es interesante”, dijo a este diario el letrado.

No obstante, mencionó que, lejos de las atribuciones del Legislativo, sería difícil determinar si la decisión que tomó la sala especializada de la Corte Suprema fue producto de una deliberación sujeta a la acusación o, al contrario, que escondía algún interés político. También advirtió no separar el anuncio de este proyecto de ley con los procesos que enfrenta Castillo y Boluarte en el Parlamento.

“Cuando el Congreso determina si es que procede o no una denuncia constitucional para el levantamiento del fuero de un alto funcionario por la presunta comisión de delitos de función, lo único que le corresponde hacer es establecer si es que dicha denuncia viene tras de sí un interés político o tiene tras de sí un interés ajeno de un proceso penal”, sostuvo.

“Pero al margen de eso, sí me parece interesante pensar en mecanismos que eviten este tipo de situaciones se politicen porque es un poco lo que hemos visto también en los últimos meses”, puntualizó.