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Gobierno busca sancionar con hasta 4 años de cárcel la filtración de información fiscal

Ejecutivo impulsa proyecto para castigar a partes procesales, jueces, fiscales o policías que difundan información reservada. Gremios periodísticos denuncian atentado contra la libertad de información.

Proyecto será enviado al Congreso a fin de que sea debatido y dictaminado. Foto: La República
Proyecto será enviado al Congreso a fin de que sea debatido y dictaminado. Foto: La República
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Política LR

En la última sesión del Consejo de Ministros se aprobó el proyecto de ley que “crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal”. El objetivo del Gobierno del presidente Pedro Castillo —quien es investigado preliminarmente por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada— es sancionar con cárcel toda filtración.

Ahora, de acuerdo a un borrador del proyecto al que accedió La República a través de una fuente del MINJUSH, las penas varían según el rol o función de las partes inmersas en un proceso penal.

En ese sentido, se propone condenar con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años al “agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal” que difunda información reservada a “personas no legitimadas”; es decir, a terceros.

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“Si la conducta descrita en el primer párrafo es realizada por un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional del Perú, la pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 3 años”, se lee en la iniciativa que será remitida al Congreso en los próximos días.

“Si cualquiera de los sujetos comprendidos en los párrafos precedentes, directa o indirectamente, difunde la información antes referida a través de los medios de comunicación social u otros de difusión masiva será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años”, reza el texto.

Según el primer ministro Aníbal Torres, se busca acabar con “esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada”.

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“Sucede en la actualidad que, en las investigaciones, la información reservada se da a conocer rápidamente al público. A veces seleccionando información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder”, dijo Torres Vásquez en conferencia de prensa.

Documento al que tuvo acceso La República. Foto: difusión

Gremios periodísticos rechazan iniciativa del Gobierno

A través de pronunciamientos, el Instituto Prensa y Libertad (IPYS) y la Federación de Periodistas del Perú (FPP) expresaron su rechazó a la iniciativa anunciada por el jefe del gabinete, Aníbal Torres.

Para el IPYS, la propuesta configuraría un “intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”, mientras que la FPP sostiene que se “estaría perjudicando la labor del periodismo de investigación”.