Congreso se aferra a no derogar la ley sobre crimen organizado
Incertidumbre. Los transportistas no dejarán de protestar hasta que sea derogada la Ley 32108 y sea archivada la propuesta sobre terrorismo urbano. Al cierre de esta nota, la Junta de Portavoces acordó que este viernes habrá un Pleno extraordinario para discutir todas las propuestas sobre seguridad ciudadana.
Al cierre de esta nota, la Junta de Portavoces del Congreso había acordaro que este viernes habrá una sesión extraordinaria del Pleno para discutir todos los proyectos de ley referidos al crimen organizado y la tipificación del delito de terrorismo urbano.
Todavía es incierto si las bancadas llegarán a un acuerdo para derogar la Ley 32108 sobre crimen organizado.
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La congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, alertó que el Parlamento solo discutirá iniciativas para modificar esta norma, pero no para desestimarla.
El acuerdo de los voceros se da tras una tensa jornada.
El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, había convocado a una sesión extraordinaria de la Junta de Portavoces, luego de haber sido condicionado por los dirigentes transportistas en una reunión en la sala Héroes de la Democracia del Congreso con la presencia de los voceros de distintas bancadas.
En ese encuentro no estuvieron los representantes de Fuerza Popular (FP) y Perú Libre, principales defensores de la Ley 32108.
Durante la sesión, el presidente de la Confederación de Transportistas, Miguel Ángel Palomino, les recalcó que el paro iba a continuar hasta que los congresistas no deroguen esta norma y manden al archivo la propuesta sobre terrorismo urbano.
“Muchos congresistas nos buscan para pedir votos, pero luego nos traicionan. Si no sacamos hoy algo concreto, hacemos huelga de hambre”, sostuvo Palomino.
Salhuana respondió que en la próxima sesión de la Junta de Portavoces se iba a discutir esta demanda. Los transportistas consideraron esa propuesta como una mecida y lanzaron una advertencia a los parlamentarios.
“No vamos a esperar a un trámite burocrático. Ya no, al pueblo se le respeta”, manifestó el presidente de Transportistas Unidos del Cono Norte, Edgar Vítor.
“Es bien delicado jugarse con el sentimiento del pueblo, si ha de ser necesario de cerrar el Ejecutivo, lo cerraremos con este Hemiciclo del Congreso porque entenderemos que no tienen voluntad política”, les advirtió el representante de los colectiveros Richard Bernachea.
Luego de esas intervenciones Salhuana convocó a sesión extraordinaria de portavoces.
Terminada la reunión en la sala Héroes de la Democracia, el congresista de Honor y Democracia Jorge Montoya se acercó a Bernachea para reclamarle.
“Estás poniendo una condición que no se puede cumplir. Eso está mal. La gente va a estar afuera esperando que ustedes digan algo que no va a suceder”, protestó.
Los transportistas, sin embargo, se mantuvieron firmes. “Estamos aquí a la espera de que puedan exonerar de trámite de comisión y pasar de frente al debate y se pueda derogar la Ley 32108”, dijo el vicepresidente de Asontrani Perú, Walter Carrera, a la prensa. “Ellos están viendo que esta ley es procrimen, ¿por qué no la pueden derogar?”, cuestionó el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos.
La indignación de los transportistas se había desbordado también porque horas previas el Congreso se había dedicado a discutir diversas propuestas de ley, pero ninguna referida a la inseguridad ciudadana.
Mientras tanto, en sus redes sociales la lideresa de FP, Keiko Fujimori, publicó que su partido propone medidas realistas como convocar a las Fuerzas Armadas y denunciar parcialmente al Pacto de San José. Pero no se refirió a la Ley 32108. El líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por su lado, salió en defensa de esa norma.
El fujicerronismo no quería dar su brazo a torcer.
Dina Boluarte minimiza su responsabilidad
La mandataria Dina Boluarte intentó minimizar la responsabilidad diciendo que este “es un problema heredado de años anteriores, pero lo enfrentamos con firmeza”. El Ejecutivo también es parte del problema con la Ley 32108, debido a que Boluarte no presentó observaciones.
Esta ley redefine el crimen organizado y señala que es necesaria la presencia de los abogados de los investigados en los registros, durante los allanamientos.
