Desde el Congreso insistirán en las vías de suspensión o la vacancia presidencial

Tras hacerse pública el acta de la sesión del 24 de noviembre del Consejo de Ministros, en la que oficializan la interpretación de la primera denegatoria de la cuestión de confianza, desde el Congreso optaron por responder con una denuncia constitucional mientras afinan la tercera moción de vacancia y alistan el dictamen para facilitar la suspensión del presidente Pedro Castillo con una menor cantidad de votos.

La denuncia constitucional fue presentada por la legisladora Patricia Chirinos, de la bancada Avanza País, contra todos los firmantes del acta.

Es decir, enfrentarán un proceso por presunta infracción constitucional el presidente Pedro Castillo, el expremier Aníbal Torres y el ratificado canciller César Landa.

Asimismo, los ministros Daniel Barragán (Defensa), Kurt Burneo (Economía), Willy Huerta (Interior), Félix Chero (Justicia), Rosendo Serna (Educación), Kelly Portalatino (Salud), Alejandro Salas (Trabajo), Roberto Sánchez (Turismo), Wilbert Rozas (Ambiente), César Paniagua (Vivienda) y Betssy Chávez, quien estuvo a cargo de Cultura y acaba asumir la jefatura del gabinete.

También fueron denunciados los exministros Jenny Ocampo (Agricultura), Alessandra Herrera (Energía y Minas), Claudia Dávila (Mujer) y Jorge Prado, debido a que también firmaron el acta de la sesión del Consejo de Ministros.

La parlamentaria Patricia Chirinos advierte una presunta infracción de los artículos 38, 39, 118.1 y 133 de la carta magna. En su denuncia sostiene que el Ejecutivo planteó una cuestión de confianza ilegal e inconstitucional.

Agrega que está vigente la Ley 31355, que sacó el Congreso por insistencia, en la que establecen que una cuestión de confianza será aprobada o rehusada luego de la votación en el pleno, algo que nunca ocurrió, debido a que la Mesa Directiva rechazó de plano la cuestión de confianza de Aníbal Torres.

Esta demanda ahora será remitida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP).

Patricia Chirinos solicita la “destitución de la función pública por 10 años” contra el presidente Pedro Castillo y todos los ministros denunciados.

De hecho, una constante en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Congreso ha sido la aprobación de este tipo de sanciones, básicamente, por la fuerza de los votos.

Tercer intento

Por su parte, el legislador no agrupado Edward Málaga anunció que esta semana presentará la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo.

El parlamentario sostuvo que incluso algunos legisladores de las bancadas oficialistas estarían dispuestos a votar a favor de la vacancia y estampar su firma en la moción. “Hay un ánimo más favorable, hay congresistas incluso del oficialismo que han expresado su deseo de apoyar con sus votos, algunos quizás con las firmas”, expresó en diálogo con Epicentro TV.

Esta versión fue respaldada anoche por el legislador Carlos Anderson en RPP.

Málaga sostuvo que el acta del Consejo de Ministros ya deja en evidencia la amenaza del Ejecutivo para un posible cierre del Congreso, razón por la cual consideró más urgente el trámite de la moción.

“Yo creo que debería ser esta semana, no podría decir el día. Estimo que es conveniente esta semana. La amenaza del cierre del Congreso es abierta, ya no es un tema de interpretación, está el acta del Consejo de Ministros”, apuntó.

El objetivo inicial de Málaga era tramitar la moción al llegar a las 87 firmas. Según el portal vacanciaya.com, hasta ayer eran 67 los legisladores que firmaron el documento.

El plan B

Otra opción que cobra fuerza en el Congreso es la vía de la suspensión. Esto debido a que la vacancia requiere 87 votos, razón por la cual no prosperó en los dos primeros intentos.

Una posible suspensión, en cambio, sería solo con una mayoría absoluta, que son 66 votos. Eso es lo que busca ahora un importante sector del Legislativo, para forzar la salida del presidente Pedro Castillo.

Precisamente, para este martes el fujimorista Hernando Guerra había convocado a una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución. El objetivo era aprobar un dictamen para establecer los 66 votos para la suspensión.

Sin embargo, la sesión fue cancelada, debido a que el Reglamento del Congreso establece que las sesiones de comisiones no pueden coincidir con las del Pleno y esta semana hay sesión continuada hasta el miércoles, para la aprobación de la ley de presupuesto para el año fiscal 2023.

Demanda en curso

El Congreso también tiene en agenda el trámite de la demanda competencial y la medida cautelar contra el Poder Ejecutivo, ante el Tribunal Constitucional (TC), con el fin de evitar un posible cierre.

Ayer por la mañana, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga había informado que tenía el encargo del Congreso para asumir la formulación y el trámite de dicha demanda. Sin embargo, sobre la marcha, la Mesa Directiva le comunicó que ya no se haría cargo.

Fuentes del Parlamento informaron que el encargo fue trasladado al excongresista y expresidente del TC Carlos Mesía, quien ahora se desempeña como asesor de la bancada Renovación Popular.

El texto de la demanda quedó listo ayer con las respectivas firmas y, según adelantaron, será tramitado en el transcurso de este martes.

Denuncia constitucional

Patricia Chirinos denuncia al presidente Castillo y 17 ministros que firmaron acta que interpreta negación de la confianza.

Premier pide superar rumor de otra cuestión de confianza

El presidente Pedro Castillo acompañó ayer por la mañana a la jefa del gabinete, Betssy Chávez, hasta el Patio de Honor de Palacio, antes del desplazamiento hacia el Congreso para la sustentación del presupuesto para el 2023.

Ya por la noche, el mandatario emprendió vuelo hacia Chile, a fin de participar en el IV Gabinete Binacional, actividad programada con anticipación con el país sureño.

Por su parte, Betssy Chávez intentó bajar la tensión política. “Sé que se ha venido corriendo un rumor (sobre una segunda cuestión de confianza) desde hace algunos días y creo que en unidad podemos superar ese rumor y trabajar por todos los peruanos”, comentó.

Los legisladores Arturo Alegría (FP) y Carlos Anderson, sin embargo, cuestionaron su carácter confrontacional.