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Política

Congreso evade investigación sobre lobby de Repsol

Reuniones. Consultora Llorente y Cuenca (LLyC), que trabaja para Repsol, se reunió con congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular.

Congresista fujimorista Arturo Alegría García planteó no aprobar informe que responsabiliza a empresa por derrame de petróleo en las costas de Ventanilla. Foto: composición Fabrizio Oviedo/ La República
Congresista fujimorista Arturo Alegría García planteó no aprobar informe que responsabiliza a empresa por derrame de petróleo en las costas de Ventanilla. Foto: composición Fabrizio Oviedo/ La República

Ni la Comisión de Fiscalización, ni la Comisión de Ética, han respondido a las denuncias formuladas por la congresista Margot Palacios (PL) por la interferencia de la empresa Llorente y Cuenca (LLyC) para favorecer a la compañía Repsol.

Palacios presidió la comisión que investigó y señaló la responsabilidad de Repsol por el derrame de petróleo en Ventanilla, el 15 de enero de este año. Pero cuando el informe de la comisión iba a ser debatido en el Pleno del Congreso, el pasado 15 de septiembre, el legislador fujimorista Arturo Alegría planteó devolver el documento porque supuestamente había sido motivado por “razones ideológicas”.

Una investigación de La República reveló que Arturo Alegría, y otros legisladores que votaron a favor de la cuestión previa del congresista fujimorista, recibieron la visita de empleados de LlyC para que no aprueben el informe que acusa a Repsol.

La expresidenta de la comisión, Margot Palacios, denunció a Arturo Alegría ante la Comisión de Ética por infringir el Reglamento del Congreso, al plantear una cuestión previa que favorecía a Repsol, luego de reunirse con Paola Fune, trabajadora de LLyC y responsable de la elaboración de una ayuda memoria que cuestionaba el informe final.

Y ante la Comisión de Fiscalización, Palomino solicitó que se investigue a los congresistas que fueron visitados por los empleados de LlyC y votaron para que no se debatiera y aprobara el informe contra Repsol. No obstante, luego de dos semanas, ninguna comisión le ha dado respuesta a la congresista Palacios.

“En la Comisión de Ética hay plazos establecidos. En el caso de Fiscalización se ha enviado el documento pero no ha habido reacción por parte del presidente (el fujimorista Héctor Ventura). En la próxima sesión voy a volver a plantar la solicitud, porque el presidente (Ventura) dijo que se iba a tomar en cuenta. Pero ya se han realizado dos o tres sesiones y no ha habido acción concreta”, señaló Palacios.

Malas prácticas

La República informó que Paola Fune, empleada de la consultora LLyC, se reunió en junio con los parlamentarios Arturo Alegría (Fuerza Popular), Hernando Guerra García (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular), con este último también en septiembre.

Sin embargo, no fueron los únicos. Antes del pleno, en junio, Fune también se reunió con el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, y con Martín Hernández, asesor de la parlamentaria Martha Moyano. Montoya estuvo ausente en la votación y Moyano votó a favor. Ninguno contestó a los pedidos de entrevista.

Otra empleada de LLyC, Jennifer Infantas, se reunió con el asesor del congresista Elvis Vergara, de Acción Popular. El parlamentario estuvo ausente en la votación del pleno y no quiso brindar declaraciones para esta nota.

Infantas también tuvo un encuentro con el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga. Personal del despacho negó que se haya producido la reunión. No obstante, Aguinaga, como toda su bancada, votó a favor de Repsol.

Afectados alzan su voz

Mientras el Congreso salva a Repsol, las víctimas del derrame salieron a marchar el 11 y 14 de noviembre hasta la refinería La Pampilla y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para pedir que se les entregue una indemnización y para denunciar que las zonas siguen contaminadas con crudo.

Las autoridades no han dado respuesta. Por el contrario, el Ministerio del Ambiente informó que culminó los planes de acción a corto plazo de la Declaratoria de Emergencia Ambiental y que se le ha otorgado un año a la empresa para que elabore su plan de rehabilitación a mediano y largo plazo.

Se han cumplido 10 meses del derrame y, según OEFA, todavía hay 71 sitios contaminados con petróleo.

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