Congreso busca forzar la inhabilitación del presidente Pedro Castillo

La oposición al gobierno de Pedro Castillo instalada en el Congreso apela a la fuerza de los votos para buscar la inhabilitación del mandatario, a través del juicio político, en vista de que no cuenta con el respaldo suficiente para concretar la vacancia. Y para eso están utilizando a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a su favor para destituir al mandatario.

Ayer, el congresista de Avanza País Diego Bazán sustentó el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Castillo por presunta traición a la patria.

A Bazán, uno de los congresistas promotores de la tercera moción de vacancia presidencial, le bastaron 10 minutos para exponer su expediente. Sus recomendaciones fueron acusar al mandatario por traición a la patria -en base al artículo 325 del Código Penal- e inhabilitar cinco años de la función pública debido a que vulneró cuatro artículos de la Constitución -el 32, 54, 110 y 118- cuando declaró a CNN sobre una eventual salida al mar para Bolivia.

En enero, cuando Castillo fue entrevistado por el periodista Fernando del Rincón, fue consultado sobre sus comentarios en 2018, cuando se mostró a favor de que Bolivia tenga mar.

El mandatario le respondió: “No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera”. Y agregó, para evitar suspicacias: “Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia”.

Estas respuestas fueron recogidas por los abogados Ángel Delgado, Hugo Guerra, Fernán Altuve, Francisco Tudela, César Vignolo y Lourdes Flores -esta última, abogada de Fuerza Popular en las denuncias del no probado fraude electoral en 2021- para denunciar al presidente Castillo por el delito de traición a la patria.

La demanda fue acogida por la congresista de Avanza País Norma Yarrow. La Subcomisión le dio trámite y delegó como ponente a Wilson Soto, de Acción Popular. Soto elaboró el informe y las recomendaciones en abril último, pero al iniciar esta legislatura fue retirado de la SAC. Entonces el caso fue asumido por Bazán.

El congresista de Avanza País recibió con los brazos abiertos las conclusiones de Soto. Y así lo sostuvo ante la Subcomisión, cuando expuso el informe: “Para mí, el acto es claro, los dichos constituyen un acto. Nosotros no estamos condenando, estamos abriendo la posibilidad de que el Ministerio Público investigue. Lo que diga el presidente es vinculante y podría ser usado en un conflicto limítrofe”.

Bazán fue secundado por Ernesto Bustamante, congresista de Fuerza Popular y expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores: “El presidente dijo que la salida al mar de Bolivia es un clamor y luego dijo que nos pondremos de acuerdo y le consultaremos a la población. El presidente está proponiendo un referéndum para cambiar la frontera del Perú”.

A ellos se sumó el acciopopulista José Arriola: “Cualquier declaración que dé el presidente, obviamente tiene connotación en el país. Esto es de carácter político. Que actúe de forma ecuánime”.

Riesgo de proceso viciado

Bazán presionó a la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, para someter su expediente al voto. Contaba con el respaldo suficiente para que se apruebe. De esta manera, solo sería cuestión de semanas para que el caso pase al Pleno y se inhabilite al mandatario. Para eso, el fujimorismo y sus aliados solo necesitan de 66 votos, restando a los representantes de la Comisión Permanente. Este camino para sacar a Castillo de Palacio les resulta más fácil.

Camones, sin embargo, suspendió la sesión. Según fuentes de la SAC, será retomada mañana. El problema que surgió es la composición de la Subcomisión.

El artículo 20 del reglamento del Congreso precisa que para integrar esta comisión, el parlamentario no debe tener procesos judiciales pendientes. Según informó la Corte Suprema, cinco legisladores que integran dicho grupo tienen pendientes con la justicia y aún no han sido cambiados: Waldemar Cerrón, de Perú Libre; Óscar Zea, de Podemos Perú; Martha Moyano, de Fuerza Popular; Norma Yarrow, de Avanza País; y Rosío Torres, de Alianza para el Progreso (APP).

Similar situación tuvieron los acciopopulistas Jorge Flores y Darwin Espinoza. Ellos, junto a sus colega Ilich López, fueron removidos por su bancada en la Subcomisión y en su lugar ingresaron sus correligionarios Luis Aragón, Wilson Soto y José Arriola, quienes votan más en línea con la oposición.

Pero con Cerrón, Zea, Moyano, Yarrow y Torres, el panorama es distinto, pues se aferran a la comisión. Zea, Yarrow y Torres han rechazado que tengan pendientes judiciales.

El miércoles la Comisión Permanente sesionará para definir este tema. En caso se compruebe que estos parlamentarios tienen pendientes judiciales y, pese a ello, no son separados de la Subcomisión, cabe el riesgo de que el proceso de acusación constitucional contra el presidente Castillo esté viciado, según los juristas consultados por La República, debido a que estarían vulnerando el reglamento del Congreso.

“Una de las garantías del debido proceso es ver quiénes tienen impedimento”, sostuvo el jurista Jorge Zúñiga.

“El artículo 20 del reglamento del Congreso prohíbe que integren dicha Subcomisión los congresistas cuando se encuentran comprendidos en procesos penales”, reiteró el abogado Omar Cairo.

“Podría ser un argumento para la defensa del presidente que quienes integran la Subcomisión tienen incompatibilidades para pertenecer a ella”, opinó la exministra de Justicia Ana Neyra.

Al cierre de esta nota, el presidente del Congreso, José Williams Zapata, envió oficios a los voceros de las bancadas involucradas para advertirles que si no cambian a los legisladores con procesos judiciales sin resolver, hoy será la Comisión Permanente quien tome la decisión de separarlos de la SAC.

La fuerza de los votos

Mientras eso, más allá de los argumentos, la oposición cuenta con los votos suficientes para aprobar el informe de Bazán: 14 congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, APP y Somos Perú resolverán a favor de inhabilitar al mandatario.

Zúñiga recuerda que para inhabilitar al presidente primero debe haber evidencia y supuestos de un delito. “Y aquí no se alcanza ese estándar”. “Esto más bien puede justificar una presunta persecución política contra el presidente”, dijo.

Para Cairo, las afirmaciones de Castillo en CNN no son vinculantes para las políticas de gobierno. “Si lo fuera, Bolivia estaría reclamando que el presidente cumpla lo que dijo”, aclaró. Mientras que la exministra Neyra cree que la denuncia carece de solidez porque en ningún momento el presidente otorgó mar a Bolivia.

Pero pese a estos argumentos jurídicos, para el fujimorismo y sus aliados vacadores, las cartas ya están sobre la mesa. Y aunque se desconoce cuándo se definirá, sí se sabe que entonces primará la fuerza de los votos y no la razón.

Cuestionan informe contra Pedro Castillo

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, calificó de “mamarracho jurídico” el informe final de la denuncia por traición a la patria contra el jefe del Estado. “La traición a la patria hay cuando se cede soberanía y territorio, y en la entrevista en CNN, en ningún momento hay una declaración orientada a ceder soberanía”, respondió ante la prensa.

En la Constitución, la traición a la patria está sancionada con la pena de muerte. No obstante, según el jurista Jorge Zúñiga, esto es inaplicable porque Perú se encuentra dentro del Pacto de San José. Por lo tanto, la sanción debe ceñirse al Código Penal que, según el abogado Omar Cairo, este delito tiene una pena privativa de libertad no menor de quince años. “Las penas solo pueden aplicarse si están tipificadas en el Código Pénal”, puntualizó Cairo.

La sanción penal de la traición a la patria

De proceder la acusación contra el presidente, el Ministerio Público deberá investigarlo en base a este delito y aplicar esta sanción tipificada en el Código Penal.

La Constitución menciona la pena de muerte. Sin embargo, nuestro país está en el Pacto de San José. Por ende, es inaplicable.

Integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales