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Wilmar Elera, quien fue sentenciado a 6 años, afronta un nuevo pedido de prisión de 10 años

La Fiscalía acusa a Wilmar Elera de dar la conformidad a una valorización para que la municipalidad de La Unión (Piura) pague la suma de más de 5 millones de soles a un consorcio que no le correspondía.

Wilmar Elera renunció a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva tras ser sentenciado por el Poder Judicial. Foto: Congreso
Wilmar Elera renunció a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva tras ser sentenciado por el Poder Judicial. Foto: Congreso
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Política LR

El congresista de Somos Perú, Wilmar Elera, quien fue sentenciado a seis años de cárcel por el delito de colusión agravada, mantiene otra investigación por otro caso de corrupción en el que la Fiscalía solicita 10 años de prisión efectiva, según informaron fuentes confiables a este medio.

De acuerdo a la información que maneja la fiscal Lilibeth Rodríguez, del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, el caso que involucra al legislador responde a una obra de agua potable y alcantarillado en el distrito de La Unión, cotizada en más de 18 124 670 soles.

Sobre ello, la Fiscalía sostiene que Wilmar Elera dio la conformidad a la primera valorización para que la municipalidad de La Unión pague la suma de S/ 5 225 000 al consorcio ganador de la buena pro, pese a que dicha tasación no correspondía a un avance real en la ejecución de la obra.

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“Wilmar Elera García, en su calidad de jefe de supervisión de obra, él era responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato; sin embargo, no lo hizo en dicho modo, ello lo podemos advertir, ya que fue este quien designó al ingeniero Zenón Guillermo Burga Carranza como su reemplazante en la jefatura de Supervisión, para luego, ambos, como encargados de la Supervisión remitir el documento (valorización)”, detalla la acusación fiscal.

En consecuencia, la Fiscalía le imputa el delito de colusión agravada con un pedido de 10 años de prisión, así como la inhabilitación del cargo en el ejercicio público. De esta manera, se complica la situación del parlamentario de Somos Perú, debido a que su condena puede ser mayor en caso la entidad logre la sentencia del investigado.