Congreso: Ya van 41 solicitudes de exmilitares para acogerse a la ley de impunidad 32107
Mayoría de casos pertenece a sentenciados por la masacre de Cayara (22), según reporte de Aprodeh. Familiares de las víctimas exigen derogatoria. También instan a los jueces a inaplicar norma promovida por el fujimorismo.
En tres meses de vigencia, son ya 41 militares en retiro los que han solicitado acogerse a la ley de impunidad 32107, que promovió el partido de Keiko Fujimori desde el Congreso. Se trata de personas procesadas o sentenciadas por casos de secuestros, torturas, asesinatos o violaciones de mujeres campesinas, durante el conflicto armado interno. Gracias a la citada norma, todos ellos ahora buscan voltear la página, sin responder ante la justicia.
Las 41 solicitudes han sido tramitadas en quince casos judicializados con posterioridad al conflicto interno. La mayor parte corresponde a Ayacucho. En esta región hay siete procesos con sentencia o en etapa de juicio oral, en cuyos casos los exmilitares ya han pedido acogerse a la ley de impunidad.
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Casos emblemáticos como las masacres de Cayara y Chuschi o las desapariciones forzadas de Huallas o el secuestro y asesinato del periodista Jaime Ayala Sulca ahora están en riesgo de impunidad.
También aparecen en la lista los exmiembros del grupo Colina implicados en la matanza de seis campesinos en Pativilca: Julio Chuqui Aguirre, Carlos Pichilingüe y Nelson Carbajal. Junto con estos nombres figura Carlos Sánchez Noriega, condenado por la tortura y ejecución extrajudicial de la agente de inteligencia Mariela Barreto.
Hay otros dos militares sentenciados por el caso de las violaciones a mujeres campesinas de Manta y Vilca (Huancavelica) y ahora buscan la impunidad con la ley fujimorista.
Similar es la situación de otros dos exmilitares que enfrentan un juicio oral por las desapariciones forzadas de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. (Ver detalles en el cuadro).
El caso Cayara
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) ha reportado 22 solicitudes tramitadas por exmilitares que fueron sentenciados por la masacre de campesinos en Cayara, Ayacucho.
Estos crímenes fueron cometidos en mayo de 1988, durante el primer gobierno del partido aprista. Tuvieron que pasar 35 años para que recién, en agosto del 2023, el Poder Judicial dictara sentencia. Pero al año, los condenados ya pueden aspirar al archivo de sus sentencias, gracias a la ley 32017.
En diálogo con La República, Marcelino Palomino Chipana, hijo de una de las víctimas, expresó su malestar por esta forma de evadir a la justicia con ayuda del Congreso.
“Estoy muy indignado. A los familiares de las víctimas de Cayara esa noticia nos ha caído muy mal. Vamos a organizar una protesta”, anunció Marcelino Palomino, quien preside la Asociación de Cayarinos Afectados por la Violencia Política.
“Mi padre Fidel Palomino Suárez es una de las víctimas. En mayo de 1988, los militares llegaron y los juntaron en la quebrada de Cceschua, la mayoría eran varones, y ahí a todos los han matado”, recordó.
Jaime Ayala
La entrada en vigencia de lacitada norma también ha generado indignación en Rosa Luz Pallqui, viuda del periodista Jaime Ayala Sulca, secuestrado y asesinado en agosto de 1984.
“Para mí es terrible este pedido de los militares acusados por la desaparición y asesinato de mi esposo Jaime Ayala Sulca. Después de 40 años que he conseguido justicia, uno de los sentenciados ahora está pidiendo acogerse a esta ley. Quieren impunidad”, reclamó.
Rosa Luz Pallqui también expresó su extrañeza debido a que la ley fue impulsada por Fernando Rospigliosi, “porque fue testigo en el caso de mi esposo, cuando siendo ministro declaró sobre la muerte presunta del comandante ‘Camión’, quien estaba fuera del país e ingresó con el nombre de su hermano”.
De momento, el Poder Judicial ha decidido inaplicar la ley 32107, por lo que la sentencia en este caso se mantiene vigente.
Caso Pativilca
Kenneth Arias Vilca, hijo de Ernesto Arias Velásquez, una de las víctimas de la matanza de Pativilca, también protestó contra la ley 32107, ahora que exmiembros del grupo criminal Colina buscan acogerse a ella.
“El Congreso trata de humillarnos con esta ley. Nos dan a entender que para nosotros no habrá justicia”, reclamó, al exigir la derogatoria de la norma.
“Ahora que han puesto en vitrina al país, que sepan que en el Perú hay leyes que protegen a quienes nos masacran, leyes que protegen a las bandas de extorsionadores y a los corruptos”, expresó Kenneth Arias, en referencia a la cumbre APEC.
