Andy Carrión: Dina Boluarte podría enfrentar pena de hasta 20 años de prisión tras dejar la presidencia

El Gobierno liderado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola Peñaranda, tendrá que responder —ante los fueros judiciales correspondientes— por las aproximadamente 60 muertes que ha dejado, hasta el momento, la represión policial. Aquella orden tiene como finalidad controlar las protestas contra su mandato, las cuales piden su renuncia al cargo, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales para una fecha prudente y no la de abril de 2024, establecida por el Parlamento. Ello aún se encuentra a la espera de su ratificación en segunda votación en la próxima legislatura.

En diálogo con La República, el abogado penalista Andy Carrión señaló que no existen un Estado de derecho en el mundo que permita la cifra de 60 fallecidos, producto de una convulsión social y política que pueda ser justificada. En tanto, advierte que Dina Boluarte tendrá que responder judicialmente por los que perdieron la vida.

“Sesenta muertos en el transcurso de la protesta, desde que se iniciaron. En ningún Estado normal de derecho puede uno permitirse tener tantos muertos. Eso ya es violar los derechos fundamentales de las personas y de un grupo social. No se están resguardando los derechos fundamentales de las personas. Obviamente, se tienen que investigar cada una de esas muertes. (…) El Gobierno no ha sido respetuoso con los derechos humanos”, declaró a este medio.

En esta línea, el experto en derecho penal señaló que Boluarte Zegarra tiene responsabilidad en las muertes ocurridas al ser la cabeza del manejo del aparato organizado del poder en el Perú, como presidenta de la República. Así ella no haya ordenado directamente que se reprima con violencia, causando pérdida de vidas humanas, es responsable de “no haber tomado medidas concretas para revocar los resultados lesivos” de la intervención policial. Añade que es el tipo de imputación que se maneja en casos en los que se comprueban violaciones de los derechos humanos.

“Estoy absolutamente convencido (que una vez que deje la presidencia, tendrá que responder ante la justicia) porque las imputaciones que se hacen contra la presidenta y el primer ministro no son a raíz de que ellos han estado presentes en los disturbios y que ellos han disparado, esa no es la forma de imputación. Esto se hizo con Alberto Fujimori, ellos manejan el aparato estatal, ellos toman las decisiones sobre un aparato organizado de poder, ellos no necesitan estar en el lugar de los hechos, ellos bien pueden dar lar órdenes de reprimir las manifestaciones o, en segundo lugar, cabe la posibilidad de que los policías se estén excediendo en el uso de la fuerza. Se tendrían que tomar las medidas para revocar el uso desmedido de la fuerza. Esa orden no la ha dado”, agregó.

Finalmente, aclaró que las investigaciones que realiza el Ministerio Público por genocidio no responderían a la tipificación correcta, ya que Dina Boluarte “no ha dado la orden de eliminar a un grupo social, racional, ni mucho menos”. Sería juzgada por el delito de homicidio calificado por omisión: “Ella sí va a tener que responder por el delito de homicidio calificado y no porque ella haya ido a matar, porque todos se defienden así. Homicidio calificado por omisión y yo creo que ella va a terminar teniendo penas tan altas para este delito, las cuales van entre los 15 y 20 años”.

Dina Boluarte y sus ministros se escudarían en la ignorancia de los hechos

El abogado Andy Carrión dice que una estrategia que viene manejando el Gobierno es escudarse en ignorancia de los hechos, al pregonar desconocimiento de lo que provocó la muerte de 60 personas en el marco de las protestas: “Cada vez que han dado algún tipo de declaración han recurrido a la ignorancia de los hechos, el ministro del Interior (Vicente Romero) no sabe qué está pasando. La presidenta lo único que ha dicho es que están respetando los derechos, pero en los hechos se ve que incluso organizaciones internacionales de derechos humanos se están pronunciando en el sentido de que se están violando los derechos humanos. En ningún Estado de derecho hay 60 muertos”.

En tanto, el letrado indica que cada muerte deberá ser investigada. Advierte que en algunos casos se podría determinar que la policía actuó en defensa al verse sometida a una situación en la que sus vidas peligraban, pero indica que existen indicios de que algunas muertes se produjeron con armas de fuego a distancia, sin una existencia del peligro de la vida de un efectivo policial: “No me van a decir que es una reacción normal que un estudiante sea disparado a lo lejos con una bala en el cráneo, ayudando a los indefensos que estaban en el piso durante las protestas. Tiene que ser analizado caso por caso”.

Andy Carrión sobre intervención en San Marcos: Fue violenta y desproporcionada

En diálogo con La República, el abogado penalista Andy Carrión calificó de violenta y desproporcionada la intervención policial: “Por el principio de razonabilidad, no significa que en el marco del estado de emergencia ellos pueden ingresar con tanques, policías y humillarlos en el trato propio de las intervenciones”.

Advirtió además que abusar del estado de emergencia y salirse de los márgenes que contempla la Constitución puede convertirse en un ilícito. “Deberán analizarse responsabilidades por los presuntos delitos de abuso de autoridad, trato cruel y el privar a una persona del derecho a la defensa”, indicó.

El último sábado 21, el vehículo multipropósito TE-10415 de la Policía Nacional del Perú destruyó la puerta n° 3 del mencionado centro de estudios y un pelotón de 300 integrantes de las fuerzas del orden ingresó al campus con el objetivo de desalojar y detener a los manifestantes y estudiantes que se encontraban en el lugar.