Política

IPYS: Proyecto de ley que penaliza difusión de información fiscal es inconstitucional

Instituto de Prensa y Sociedad alerta que propuesta del Ejecutivo afectaría todo tipo de investigaciones fiscales.

Proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo para su posterior aprobación en el Congreso. Foto: composición de Fabrizio Oviedo / La República
Proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo para su posterior aprobación en el Congreso. Foto: composición de Fabrizio Oviedo / La República
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El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) sostuvo que el proyecto de ley del gobierno que pretende castigar con pena privativa a la libertad de hasta cuatro años a los operadores de justicia, así como a las partes comprometidas en un proceso penal, es inconstitucional. Sostiene que dicha medida impediría que se divulguen los casos de corrupción en los que se encuentran involucrados los personajes de la actual gestión.

“IPYS sostiene que en esta oportunidad la intención del gobierno afectaría todo tipo de investigaciones fiscales, lo que es inconstitucional. Correspondería más bien un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”, reza el comunicado.

En su comunicado señaló que no se debería castigar las filtraciones. “Ni siquiera las interesadas o parciales, sino aquellas que generen un daño demostrable a los objetivos del proceso o la seguridad de los investigados”, expresó IPYS.

En febrero pasado, el IPYS también emitió un comunicado rechazando el proyecto de ley que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso de la República, en el que se plantea la posibilidad de que los periodistas puedan ser condenados con prisión por informar sobre testimonios de colaboradores eficaces ante la Fiscalía.

Subrayó que la información publicada de los testimonios de colaboradores eficaces proviene, en su mayoría, de fuentes confidenciales y tienen un interés público.

“El IPYS entiende la importancia de mantener la reserva de los procesos investigativos en la justicia, pero el eventual castigo de la violación de dicha reserva debe dirigirse a quienes están obligados a protegerla y no al mensajero periodístico”, dijo en su comunicado

Otras de las organizaciones que también se pronunciaron fueron la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), la Federación de Periodistas del Perú, así como del Consejo de la Prensa Peruana (CPP).