Cómo el narcotráfico se infiltró en el gobierno de Alberto Fujimori

Amenaza latente. Casos de extorsión, tráfico de influencias y vínculos de funcionarios del Estado siempre en relación con el boyante negocio de la droga se sucedieron sistemáticamente en los años noventa, pero fueron descaradamente ignorados por Fujimori padre hasta finales de su mandato.

Amenaza latente. Casos de extorsión, tráfico de influencias y vínculos de funcionarios del Estado siempre en relación con el boyante negocio de la droga se sucedieron sistemáticamente en los años noventa, pero fueron descaradamente ignorados por Fujimori padre hasta finales de su mandato.

Informes secretos del Departamento de Estado norteamericano filtrados por Wikileaks el 13 de diciembre de 2010 reportaron que durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) existió una “orgía de la corrupción” derivada de la relación de autoridades civiles y militares con el narcotráfico.

PUEDES VER: Montesinos tenía un celular en su celda de la Base Naval

La referencia aludía no solo a las conexiones del régimen de Fujimori con el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, Vaticano”. Al salir en libertad el propio ex recluso afirmó que durante el gobierno fujimorista existió un Narco-Estado. Lo cierto es que la sombra del narcotráfico ha perseguido siempre al fujimorismo. Hasta ahora.

Apenas meses después de llegar a Palacio de Gobierno, Alberto Fujimori confió a su asesor Vladimiro Montesinos Torres y a la cúpula de las fuerzas armadas la lucha contra las drogas en los valles cocaleros del país.

Un paquete de leyes enviado al Congreso peruano en 1991 otorgó amplios poderes a los militares en zonas de emergencia provocando que la mayoría de los operativos antinarcóticos de la Policía y la DEA (policía antidrogas estadounidense) en el Alto Huallaga fracasaran porque los detalles de estos se filtraban a los narcotraficantes ni bien se comunicaban al Comando Conjunto del Frente Interno, bajo control de los militares.

Fotografías tomadas por la DEA y filtradas a un semanario en 1994 mostraban a efectivos militares resguardando un tramo de la carretera de Campanilla, que era usado para el aterrizaje de avionetas procedentes de Colombia. A cambio de dicha protección, el personal castrense destacado en la base contrasubversiva Punta Arenas recibía hasta US$ 2 mil por cada vuelo que partía con droga a Colombia.

Los estrechos lazos entre las mafias de la droga y los militares encargados de combatirla saltaron a la luz el 10 de mayo de 1996 cuando se descubrieron 174 kilogramos de cocaína acondicionados en el fuselaje del DC-8-371 de un avión de la Fuerza Aérea Peruana que el día del hallazgo estaba listo para salir en una misión secreta bajo la responsabilidad del coronel FAP Óscar Salinas Ortega.

Pese a las evidencias que apuntaban que dos organizaciones del narcotráfico habían logrado transportar droga de siete vuelos con droga hacia Estados Unidos y Europa desde 1993, las pesquisas se concentraron en el hallazgo y en el personal subalterno que viajó en aquella misión secreta.

Incluso, antes de que el tribunal militar y el fuero común determinaran el nivel de responsabilidad del coronel Salinas, y de la oficialidad FAP implicada, Fujimori, en abierta intromisión, declaró la inocencia del piloto y le extendió sus felicitaciones por haber consumado la operación prevista, que era la compra de repuestos para los aviones MIG-29 comprados a Bielorrusia.

“Ninguno de los miembros de este equipo conocía el destino de esa misión salvo el coronel Salinas, porque se trataba de una operación secreta”, dijo Fujimori en un acto castrense en la base aérea de Las Palmas, en Surco.

En agosto de ese mismo año, tres meses después de saberse públicamente la infiltración del narcotráfico en los vuelos oficiales de la FAP, el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, Vaticano, reveló en una audiencia pública que abonaba 50 mil dólares mensuales al asesor presidencial a fin de que los efectivos del Ejército pudieran operar la pista de aterrizaje que este acondicionó sobre un tramo de la carretera de Campanilla, en 1991.

Lejos de tomar distancia de su asesor, Alberto Fujimori salió a defenderlo en un canal de televisión para señalar que Montesinos era un abogado abocado las 24 horas a ver los temas de seguridad nacional.

Las declaraciones de Vaticano contra el alto funcionario del SIN cayeron en saco roto; no obstante ser incluido en la investigación junto con el narcotraficante, la fiscal de la Nación de la época Blanca Nélida Colán optó por excluir a Montesinos.

Chávez Peñaherrera, por el contrario, fue confinado a una celda de la Base Naval del Callao con una sentencia firme de 30 años de prisión por apoyar el terrorismo.

Años después, un informe secreto del departamento de estado estadounidense desclasificado revelaría que el gobierno de Fujimori toleró la presencia de la pista de Vaticano durante dos años, sin una explicación fundamentada, pese a que no era un secreto para nadie su uso ilícito.

"Nosotros les informamos al gobierno peruano que debe dirigir una gran operación contra Uchiza y cerrar los aeropuertos a los narcotraficantes para calificar para la segunda partida económica (...). Nosotros comprendemos que la operación Uchiza podría ser más heroica que lo informado previamente a la comisión de senadores, especialmente en cuanto al requerimiento del puente aéreo", señala el secretario de estado adjunto, James Baker III en el documento: "Sin embargo, aún queda por conducir una importante operación contra un significativo aeropuerto, Campanilla".

 

Los Camellos

A un año de terminar el segundo periodo de Fujimori, el entorno amical y profesional de Montesinos fue relacionado a una organización de traficantes de drogas conocida como "Los Camellos".

El 31 de marzo de 1999, personal de una agencia de aduanas encontró por azar casi 2,3 toneladas de cocaína escondidas en un cargamento de merluza congelada que tenía como destino un puerto de España. Otras dos toneladas de cocaína fueron halladas días después en el fundo «La Bodega», en Chincha.

Los dueños de la droga, el millonario Bruno Chiappe y el empresario panameño Boris Foguel Isuengas salieron del país burlando los controles.

Días después, el propio Foguel revelaría públicamente que fue el abogado y amigo de Vladimiro Montesinos, Javier Corrochano Patrón fue quien facilitó su salida como parte de un arreglo a nivel judicial que les costaría más de US$ cuatro millones.

Incluso afirmó el panameño que Corrochano había recibido un giro por US$ 101.000 a través de un banco de los Estados Unidos para “facilitar la salida de la droga” que al final fue detectada. En esta operación también fue mencionada un agente de inteligencia, Eduardo Milla Espinoza, conocida como "Gato".

Montesinos fue mencionado como la persona que apoyaba las acciones del abogado.

Lo llamativo de la denuncia es que tanto Montesinos como Corrochano ya habían sido mencionados tres años atrás en una denuncia anterior también relacionada a un caso de narcotráfico.

En esa ocasión Luis Izusqui García, del estudio Corrochano, denunció en 1996 que fue con "Gato" a Tarapoto a recoger 800.000 dólares de gente vinculada a los narcotraficantes López Paredes, ya encarcelados, para solventar los honorarios de Corrochano y los buenos oficios del Dr. Montesinos.

Estos hechos relatados en los medios de prensa no perturbaron en ningún momento la relación entre Fujimori y Montesinos, al punto que el entonces presidente, presionado para que se permitiese escudriñar a su asesor, salió a decir que “permanecería en la labor mientras fuese eficiente”.

 

Monstruo por dentro

El nivel de infiltración del narcotráfico en la clase se hizo visible en plena campaña electoral del año 2000 y esta vez fue en el corazón del partido que tenía a Fujimori a una re-reelección presidencial.

El médico cirujano Daniel Chuan Cabrera, fundador y líder de Perú 2000, la alianza oficialista que postulaba a Alberto Fujimori, fue incluido en una investigación relacionada a un cargamento de cocaína hallado en un barco pesquero de su propiedad, tal como lo certificó la Policía Antidrogas.

Meses después, la Policía estableció que el dueño de la embarcación Fonrespe I no era solamente Chuan sino el abogado Edgar Solís Cano, ex secretario general de Justicia , miembro del estudio de abogados del poderoso asesor presidencial de inteligencia y ex viceministro del Interior de Fujimori.

La fiscalía y la agencia antidrogas DEA decidieron mantener en extremo secreto la investigación no solo por Chuan, sino también porque era la segunda vez que Edgar Solís Cano aparecía comprendido en el caso “Los Camellos”.

Por obvias razones, la investigación policial no determinó la responsabilidad del creador de Perú 2000 y menos del ex viceministro del Interior.

Solo con el retorno de la democracia y la fuga de Fujimori, Edgar Solís fue procesado y llevado a prisión por transferencias millonarias de dinero al exterior, mientras que Daniel Chuan fue implicado en la investigación de firmas falsas para la inscripción del partido oficialista.

 

Las afortunadas

La comisión congresal de Mauricio Mulder y el ex ministro de Justicia Alberto Bustamante señalaron en un informe y en unas memorias que Keiko Fujimori intercedió ante su padre Alberto Fujimori para que le concediera el derecho de gracia y excarcelara a las hermanas Martínez, hijas del empresario pesquero Eudocio Martínez, a quienes se procesaba por narcotráfico.

El argumento de Keiko Fujimori fue que Vladimiro Montesinos extorsionaba a las hermanas Martínez. Cuando en las cárceles había miles de peruanos que eran víctimas de los abusos del régimen, la entonces primera dama pidió a su papá ayudar a las hermanas Martínez. Y efectivamente lo consiguió.

Alberto Fujimori, mediante decreto, las excarceló, en un acto irregular señalado por la Comisión Mulder.

Seis años después del perdón presidencial, en 2006, las hermanas Martínez harían aportes a la campaña al Congreso de Keiko Fujimori. Pagaron favores. Y la relación se mantiene.

El 11 de julio de 2013, cuando era notorio que Keiko Fujimori postularía por segunda vez a la presidencia, asistió a la boda de Miriana Martínez Moreno, quien salió a la cárcel gracias a la actuación de la ex primera dama.

Para Keiko Fujimori, haber intercedido ante su padre para liberar a las hermanas Martínez fue un acto de justicia.

Pero lo cierto es que se trató de un acto irregular, porque las detenidas debían someterse al conducto regular de la justicia, así como el resto de miles de peruanos presos en las cárceles.

No es el único caso en el que uno de las hijos de Alberto Fujimori fue salpicado por el narcotráfico.

 

LÍNEA BLANCA

El 16 de marzo de 2013, la policía antidrogas encontró 100 kilos de cocaína en un almacén de la empresa Limasa, de propiedad de Kenji Fujimori y donde su hermano mayor Hiro Fujimori era miembro del directorio. Otro de los propietarios era Miguel Ramírez Huamán, ex candidato del fujimorismo al Congreso en 2011. A pesar de que se encontraron indicios de sospechoso incremento patrimonial de los propietarios de Limasa, las autoridades resolvieron que no estaban involucrados con el cargamento de estupefacientes.

Pocos meses después, el 30 de octubre del mismo año, el fujimorismo recibió otro duro golpe. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista de “Capos del Narcotráfico Internacional” al peruano Luis Calle Quirós, a quien acusaba de lavar dinero de organizaciones mundiales del narcotráfico. Calle había aportado dinero a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.

Luis Calle fue llevado al partido fujimorista por el entonces candidato a la vicepresidencia de Keiko Fujimori, Rafael Rey Rey. Pero, además, Luis Calle es hermano de Juan José Calle, miembro del equipo de campaña de Fujimori.

Los fujimoristas pretendieron resolver el problema devolviendo la aportación a Luis Calle Quirós a una notaría limeña, pero este jamás recibió su dinero.

La fiscalía especializada en lavado de activos investiga el caso de Luis Calle y su relación con el fujimorismo. La indagación sigue en curso, gane o pierda la hija del ex presidente Fujimori.

 

Nuestro hombre en tocache

Durante la campaña también quedó expuesto el alcalde de Tocache, David Bazán Arévalo. Videos y audios demostraban que Bazán participó en la campaña por la reelección del congresista fujimorista Rolando Reátegui Flores. Y también en apoyo a la candidata presidencial Keiko Fujimori. La República reveló que el burgomaestre tocachino es investigado por el Ministerio Público por su presunta participación como financista de la emboscada terrorista que acabó con la vida de tres policías antidrogas y el fiscal Arturo Campos Vicente, el 14 de junio de 2007, en Tocache.

Cinco colaboradores eficaces y testigos claves del Ministerio Público señalan que el alcalde de Tocache coordinó la matanza con el jefe senderista del Huallaga, Florindo Flores Ala, camarada “Artemio”.

David Bazán lo niega.

Pero además el fujimorista Bazán enfrenta una investigación por tráfico ilícito de drogas.

De acuerdo con una investigación de La República y Ojo Público, el alcalde de Tocache es parte de una investigación de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) que vincula al presunto narcotraficante Miguel Arévalo Ramírez, “Eteco”, miembro de la familia de David Bazán Arévalo, así como a Fidel Ramírez Prado, rector de la Universidad Alas Peruanas, y su sobrino, el congresista fujimorista Joaquín Ramírez Gamarra.

El programa “Cuarto Poder” y la cadena latina en Estados Unidos Univisión revelaron que la investigación de la DEA buscaba determinar el origen de los fondos del secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, quien es además financista de la campaña de Keiko Fujimori. A pesar de que en 2013 la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, denunció a Ramírez por lavado de activos al no justificarse propiedades por más de 7,1 millones de dólares, Keiko Fujimori le ratificó su confianza.

 

Manos arriba

El impacto de la revelación de la investigación de la DEA contra Ramírez obligó a Keiko Fujimori a pedirle a este que deje la secretaría general de Fuerza Popular, pero igual lo respaldó.

Conforme siguieron apareciendo evidencias sobre las indagaciones de la DEA contra Joaquín Ramírez y su tío Fidel Ramírez Prado, Keiko Fujimori a último momento lo encubrió. Lo peor sucedió cuando el jefe de la campaña y candidato a la vicepresidencia, José Chlimper Ackerman, filtró un audio manipulado que pretendía desmentir al testigo de la DEA, Jesús Vásquez, quien señaló a Joaquín Ramírez como pieza clave de una trama de lavado de activos. Ahora el caso está bajo investigación fiscal.

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