Nueve candidatos de Arequipa cuentan con sentencias judiciales

En blanco y negro. Varios postulantes de los distintos partidos reconocieron en sus Hojas de Vida que presentaron al JNE que fueron condenados, han apelado los fallos o afrontan denuncias fiscales por graves presuntos delitos.

11 Feb 2016 | 23:30 h

En blanco y negro. Varios postulantes de los distintos partidos reconocieron en sus Hojas de Vida que presentaron al JNE que fueron condenados, han apelado los fallos o afrontan denuncias fiscales por graves presuntos delitos.

Nueve candidatos por Arequipa de distintos partidos declararon en sus Hojas de Vida haber recibido sentencias condenatorias.
 
 
El congresista y candidato  número uno por Alianza Popular, Juan Carlos Eguren, declaró que fue sentenciado en el 2015 junto con los propietarios del Edificio Costa Azul, en el distrito limeño de Miraflores. 
 
Sucede que el agente de seguridad del inmueble fue cesado de su trabajo por los dueños del inmueble. Al no ponerse de acuerdo en el pago de su liquidación, el trabajador presentó una demanda por beneficios sociales ante el Ministerio de Trabajo. Y ganó.
 
"Cuando yo llego a Lima adquiero el departamento, pero el proceso ya estaba en marcha. Finalmente le dan la razón en parte al demandante y se me involucra por ser propietario de uno de los departamentos. Yo no le debía nada porque en su periodo de trabajo yo no vivía ahí", manifestó Eguren.
 
Por su parte, el aspirante de Solidaridad Nacional, Wilfredo Quispe Gutiérrez, cumplió tres años de pena suspendida por el delito de hurto simple. 
 
El noveno juzgado penal de Arequipa lo halló culpable en el 2006. Quispe consideró la sentencia injusta. "A esa edad (21 años) yo no sabía nada de los procesos, nunca asistí a las audiencias y simplemente nos declararon culpables. Se aprovecharon de mi inocencia", dijo.
 
El parlamentario de Solidaridad Nacional Gustavo Rondón manifestó que el partido tenía conocimiento de la sentencia a la cual consideró injusta. Lo curioso es que Rondón contó a sus correligionarios que la sentencia a Quispe fue "por liderar protestas".
 
El exnacionalista Carlos Vizcarra Velazco, y ahora candidato del Frente Amplio, también hizo notar un proceso por difamación que actualmente se encuentra en casación en la Corte Suprema de Justicia.

Antecedentes en rojo

Los de Acción Popular también tienen sus procesos. El candidato número uno, Miguel Román Valdivia, tiene una sentencia del 2013 que lo absuelve del delito de negociación incompatible, sin embargo la fiscalía apeló. Está pendiente de resolución.
 
Del mismo partido, Ángel Ybarhuen hizo notar en las observaciones que tiene varias denuncias por la desaparición de Hipólito Raúl Mogrovejo, quien iba a ser su primer regidor en su gestión 2011-2014 a la alcaldía provincial.  
 
El candidato de Peruanos Por el Kambio (PPK), Mario Melo, también afronta una demanda consentida y ejecutoriada por un proceso contractual (deuda) que él mismo dio a conocer.
 
Frida Matos Angulo, de Perú Patria Segura, dio a conocer que cuenta con tres procesos por violencia familiar, otro declarado infundado por alimentos, pero uno en pleno proceso por este último delito.
 
Patricio Cari Arapa, candidato de Progresando por el Perú, reportó que tiene un proceso de desalojo con sentencia.
 
Finalmente, Miguel Pérez Vizcarra, postulante del partido Orden, que lidera Ántero Flores Aráoz, consigna dos procesos por bienes hipotecados.
 
Otro candidato por Arequipa, el fujimorista Camilo Cárcamo Mattos, fue denunciado por la fiscalía de Caravelí por el presunto delito de omisión de funciones cuando se desempeñó como alcalde de esa provincia.
 
 La acusación se basa en presuntas irregularidades en el proyecto de mejoramiento de la carretera Atico-Caravelí a un costo de S/ 40 millones.
 
Otro candidato fujimorista, Modesto Figueroa Minaya, esta vez de Madre de Dios, tuvo que pagar una reparación civil de 100 mil soles en el 2013 luego de que muriera un motociclista en un campeonato de mototaxis que Figueroa organizó, pese a que la competencia no tenía autorización municipal ni regional, ni contaba con las garantías.
 
José Maza Balladares, que postula por el Frente Esperanza en Tumbes con el número uno, fue detenido en setiembre del 2009. 
 
La intervención se produjo en las instalaciones del complejo fronterizo de Zarumilla, donde supuestamente había ido a sacar su tarjeta andina para poder viajar a Ecuador. La policía le detuvo porque tenía una orden de requisitoria por el delito de estafa. 

En todas las regiones, en todos los partidos

En el Cusco, el aprista Víctor Boluarte Medina, el candidato por Alianza Popular, cuenta con una sentencia de dos años de pena suspendida por fraude en la administración de personas jurídicas y apropiarse de 500 mil soles cuando se desempeñó como decano del Colegio de Abogados.
 
El cusqueño Aldo Estrada Peña, postulante de Peruanos Por el Kambio, tiene una sentencia por alimentos. 
 
Otro aspirante al Congreso de PPK, Eduardo Guevara Cámara, quien fuera alcalde aprista de la provincia de Urubamba, también cuenta con una sentencia por pago de alimentos.  
 
En Moquegua, el candidato de Acción Popular, Miguel Tapia Bustamante, afronta una condena por incumplimiento de obligación alimentaria. En 2014 postuló por el mismo partido a la presidencia de Moquegua, pero no consignó la sentencia.
 

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