Una campaña electoral salpicada de investigaciones y graves acusaciones

Espectro. Denuncias de plagio, estafa, lavado de activos, mal manejo de fondos y hasta asesinato de un periodista pesan sobre varios candidatos presidenciales, integrantes de sus planchas y postulantes al Congreso. Al electorado le toca decidir.

7 Feb 2016 | 5:15 h

Varios candidatos a la presidencia de la República, así como a las vicepresidencias, están denunciados, investigados y hasta condenados por una serie de delitos, ensombreciendo el panorama electoral.
 
 
Según el ex procurador anticorrupción Yván Montoya, si bien no se puede decir que hay más casos que en procesos electorales anteriores, sí es cierto que esta situación es más visible por las denuncias de la prensa y porque hay mayor vigilancia ciudadana, y se han ido mejorando las herramientas de transparencia.
 
"Los ciudadanos deberán dilucidar, distinguir, discriminar qué acusaciones tienen  fundamento y cuáles no, y solo han aparecido por la campaña electoral", advierte.
 

¿Presidenciables?

En el caso de la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori –que lidera las encuestas–, la 26ª Fiscalía Provincial Penal de Lima y la división de Lavado de Activos de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la Policía indagan los fondos que empleó su partido en la campaña del 2011.
 
En este proceso exploratorio, la actual postulante por Fuerza Popular deberá acudir a dar su declaración, al igual que sus representantes legales, en vista de que varios supuestos aportantes negaron haber entregado el dinero declarado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
 
Además, si bien el Ministerio Público archivó la investigación preliminar sobre el financiamiento de sus estudios universitarios y de sus hermanos en Estados Unidos, existen  varias inconsistencias en las versiones que dieron. 
 
Como se recuerda, el ex asesor de su padre Vladimiro Montesinos afirmó haberlos pagado con un millón de dólares del Estado.
 
En el caso de César Acuña, de Alianza para el Progreso –quien comparte un triple empate en el segundo puesto, según la encuesta de GfK, con  Julio Guzmán y Pedro Pablo Kuczynski–, es investigado por seis acusaciones de plagio de libros y de sus tesis en la fiscalía provincial a cargo de derechos intelectuales, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, el Tribunal de Honor del Pacto Ético del Jurado Nacional de Elecciones y las universidades Complutense y de Lima.
 
También tiene otras denuncias por su gestión como alcalde de Trujillo. Una de ellas se sigue en el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria, en dicha ciudad, porque habría entregado víveres a cambio de votos para su reelección, y en la cual se ha incluido el video en el que dice que tiene "plata como cancha" para ese proceso electoral.
 
Por su lado, el ex presidente y candidato de Alianza Popular, Alan García, tiene pendientes varias acusaciones constitucionales recomendadas por la megacomisión del Congreso que indagó sobre las irregularidades cometidas en el último gobierno aprista, entre ellas por haber otorgado "narcoindultos", así como los decretos de urgencia para la remodelación de "colegios emblemáticos".
 
En tanto, el ex mandatario Alejandro Toledo, de Perú Posible, está siendo investigado en el 16º Juzgado Penal de Lima por lavado de activos, por las compras inmobiliarias que hizo su suegra, Eva Fernenbug.
 
Asimismo, el postulante del Partido Nacionalista, Daniel Urresti, es procesado en la Sala Penal Nacional por el asesinato del corresponsal de la revista Caretas en Huanta Hugo Bustíos, cometido en 1988. En ese momento, el aspirante oficialista era jefe de la Sección de Inteligencia del Cuartel Castropampa, y conocido bajo el seudónimo de capitán "Arturo"
 
Un caso aparte es el del ex presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos, candidato de Democracia Directa, quien cumple una prisión preventiva mientras dura la investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión y cohecho pasivo propio en agravio del Estado, porque habría concertado con empresas y consorcios para favorecerlos en licitaciones públicas de diversas obras. 
 

Voto informado

El catedrático de la Escuela de Gobernabilidad de la Pontificia Universidad Católica y de la Escuela de Ciencias Políticas de San Marcos Oscar Quintanilla explica que el elector promedio, medio informado, toma conocimiento de estas denuncias y las procesa, pero su decisión dependerá del grado de credibilidad que les den.
 
"Si perciben las acusaciones como injustas pueden afirmar o generar más adhesiones, pero si piensan que tienen fundamento, pueden cambiar y buscar otra alternativa", comenta.
 
Refiere que, según las encuestas, casi el 70% del electorado está buscando nuevas figuras, lo que responde a un desencanto de la política.
 
Tanto él como el ex procurador Montoya destacan que en estas elecciones se haya conocido qué denuncias hay sobre los candidatos, pues ello fortalece el derecho del elector a votar de manera informada. La decisión está en sus manos.
 

Las declaraciones de los candidatos a las vicepresidencias ante el JEE

Cinco candidatos a la vicepresidencia declararon en sus hojas de vida tener sentencias o procesos judiciales abiertos. Cabe precisar que solo es obligatorio mencionar condenas consentidas. 
 
Vladimiro Huaroc, de Fuerza Popular, reportó una condena de 1 año de prueba y S/ 500 por resistencia a la autoridad; mientras que Lourdes Flores, de Alianza Popular, consignó un proceso por difamación en curso, que tiene un fallo a su favor.
 
Carmen Omonte, de Perú Posible, señaló tener una condena por demanda laboral; Silvia Pareja, de Progresando Perú, declaró un juicio por usurpación y otro por falsedad genérica; y Juana Avellaneda, del Frente Esperanza, indicó una condena suspendida por estafa genérica.
 

Cifras

60
de los aspirantes al Congreso tienen condenas y tres están con orden de captura, según consultas hechas por los personeros a la ventanilla única electoral. 
1
candidato presidencial consignó en su hoja de vida tener un proceso en curso.

 

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