Caso de esterilizaciones forzadas en Perú, el más grave de América Latina

Para que el caso de las miles de mujeres intervenidas quirúrgicamente sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori no quede impune, Amnistía Internacional reclama al Estado peruano que constituya un Registro de Víctimas y se sancione judicialmente a los responsables.

22 Oct 2015 | 3:28 h

Para que el caso de las miles de mujeres intervenidas quirúrgicamente sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori no quede impune, Amnistía Internacional reclama al Estado peruano que constituya un Registro de Víctimas y se sancione judicialmente a los responsables.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, demandó al gobierno peruano que constituya un registro de las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori y se sancione a la cadena de responsables.
 
 
Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 1996 y 2001 se efectuaron 272 mil 028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías en el país. Amnistía Internacional alecciona al Estado peruano a que determine con exactitud el número de mujeres esterilizadas contra su voluntad.
 
"El gran número de esterilizaciones forzadas que tuvieron lugar en los años 90 en el Perú ha dejado una ola de sufrimiento que solo podrá comenzar a remediarse si sus víctimas tienen acceso a la justicia y a reparaciones", explicó Erika Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional.
 
"Es imperativo que las autoridades comiencen a remediar estos terribles abusos de manera urgente. Crear un registro de todas las mujeres que sufrieron este flagelo e iniciar investigaciones sobre la cadena de responsabilidad serían buenos primeros pasos", apuntó. 
 
"Gran parte de las mujeres afectadas son indígenas y campesinas de bajos recursos y quechuahablantes cuya salud se vio afectada y deteriorada como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas", señaló por su parte la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro.
 
"En estos casos se han vulnerado los derechos a la integridad corporal, la salud, la intimidad, la vida familiar y la no discriminación. En algunos casos incluso se ha violado el derecho a la vida. El consentimiento informado para decisiones tan personales como una esterilización de carácter definitivo forma parte de la autonomía de cada persona protegida por los tratados internacionales de derechos humanos", apuntó Marina Navarro.

Aporte para el caso

Durante la conferencia de prensa que ofreció Amnistía Internacional para anunciar una campaña mundial a fin de que el Estado peruano aplique justicia a los responsables de las esterilizaciones compulsivas, se destacó el reportaje de investigación periodística de La República que reveló el caso de un grupo de médicos de Piura que por mandato imperativo del gobierno de Alberto Fujimori emprendieron campañas de esterilizaciones masivas a razón de 60 pacientes por día.
 
"El diario ha publicado suficiente evidencia de que se trató de una política de Estado y también del modus operandi de cómo se llevaban a cabo las esterilizaciones forzadas. Los hechos demostrados por el periódico contradicen a la candidata Keiko Fujimori, quien culpó a los médicos por las intervenciones quirúrgicas", argumentó el abogado de varias de las víctimas, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL). Este diario publicó una serie de documentos del Ministerio de Salud de 1997 que demuestran que durante el gobierno de Fujimori se organizaron "festivales de salud" que demuestran que era una forma de camuflar las esterilizaciones compulsivas. Ahora esta evidencia documental servirá como prueba para denunciar a los responsables.

El dato

En Moquegua un equipo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima, presidido por la fiscal Wendy Calero, recogió el testimonio de más de un centenar de mujeres que fueron sometidas a las esterilizaciones durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre 1995-2000.

El testimonio de Esperanza Huayama

Les voy a contar sobre mi caso en Huancabamba. Mandaron una comisión de Lima a cada caserío diciendo que nos iban a apoyar con alimentos, vitaminas y medicinas. Entonces me hicieron pasar a un local y me pusieron la bata y me anestesiaron. Yo estaba embarazada de tres meses, y ellos lo sabían. Yo no lo sabía, pero aun así me operaron. Yo al enterarme les dije: 'No me quiten a mi hijito, prefiero morir junto a él. No me saquen a mi hijito'.
 
Lo mismo les hicieron a muchas señoras ese día. Cien por lo menos. Primero nos ofrecieron medicina, pero luego como animales nos trataron. Una vez que cerraron el puesto de salud, ya nos sacaron a todas las señoras y a cada una las llevaban con una ambulancia a otros lugares. Algunas señoras murieron, a otras sus esposos las abandonaron. Todo fue una desgracia.

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