Levatan secreto de las llamadas telefónicas de exfuncionarios de Proinversión

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24 Abr 2017 | 19:25 h

A pedido de la fiscalía, en la investigación por la concesión del Gasoducto del Sur, también se incluye en la medida judicial a cuatro abogados del estudio Echecopar.

A pedido del fiscal Reynaldo Abia, el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Sánchez aprobó levantar el secreto de las llamadas telefónicas de los integrantes del Comité Proseguridad Energética de Proinversión que condujeron la licitación de la concesión del Gasoducto Sur y declararon ganador a Odebrecht Latinvest Perú.

Los funcionarios incluidos en la decisión judicial son Gustavo Adolfo Navarro Valdivia, María del Rosario Raquel Patiño Marca de Álvarez y Luis Arnaldo Napoleon Peschiera Rubbini. La medida abarca el periodo de enero 2011 a diciembre del 2016.

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Junto a ellos, el juez también autorizó levantar el secreto de las comunicaciones de cuatro abogados del estudio Echecopar que asesoraron a Proinversión en dicho proceso. Ellos son Jorge Danós Ordóñez, Ana Sofia Reyna Palacios, Manlio Bassino Pinasco y Uldarico Ossio Seminario.

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso La República, incluye en la lista de investigados a la exprimera dama de la Nación, Nadine Heredia y los ejecutivos de Odebrecht Latinvest: Jorge Siomes Barata, David San Frutos Tome, Mariana Demoro Simoes, Rodney Rodríguez de Carvahlo, Luis César Lindgren Costa y Flavio Bento de Faria.

El argumento del fical

La investigación de todos ellos es por delitos de colusión agravada y negociación incompatible. De acuerdo con la fiscalía, el año 2012, Nadine Heredia se habría coludido con los directivos de Odebrecht para que ganarán la concesión del Gasoducto del Sur, para lo cual habría influido en los integrantes del comité de proinversión.

Dicha influencia ilícita, supuestamente, se habría dado a través de un constante y frencuente intercambio de llamadas telefónicas entre Heredia, los directivos de Odebrecht y los funcionarios de Proinversión y sus asesores legales.

Por esto, la medida dispuesta por el juez ordena a las compañías telefónicas que reporten ante la fiscalía los números de teléfonos utilizados por estos personajes, el registro histórico de llamadas entrantes y salientes realizadas entre ellos, con indicación de la fecha, hora y tiempo de duración.

También deberán informar la ubicación física de los teléfonos al momento de las llamadas según la ubicación de las celdas activas. Igualmente se pide los mensajes y correos electrónicos intercambiados entre los usuarios de las líneas telefónicas incluidas en la medida.