Eliminan plazos para que víctimas de la violencia política transfieran derecho a educación

Plataforma_glr

@larepublica_pe

30 Mar 2017 | 6:44 h
La Republica

Mediante decreto supremo quedó sin efecto límites para que afectados por el conflicto armado interno pudieran disponer como beneficiarios de esta reparación a sus hijos o nietos. También se suprimió indicación que los conminaba acceder a la educación en un máximo de cinco años.

El Ministerio de Justicia aprobó un decreto supremo por el cual se eliminan los plazos para que las víctimas de la violencia política transfieran el beneficio a la educación como parte de la reparación individual, a sus hijos o nietos. Precisa que dicha imposición desnaturalizaba el derecho y generaba dificultades para que la víctimas pudieran acceder a él. 
 
 
La norma derogada fijaba como tiempo máximo para la inscripción de esta transferencia hasta el 31 de diciembre de 2017 y establecía que el beneficiario podía hacer hacer uso del derecho a la educación hasta en un máximo de 5 años.
 
La viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Gisella Vignolo, indicó que “el establecimiento de dichos plazos desnaturalizaba y generaba dificultades para el acceso a la reparación en educación pues impedía que las víctimas civiles, policiales y militares que se inscriban en el Registro Único de Víctimas puedan transferir este derecho después del 2017 y, hacer uso del mismo después de los 5 años".
 
Por su parte, el secretario Técnico de la la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que supervisa el Plan Nacional de Reparaciones, Daniel Sánchez, señaló que se estableció el programa de reparaciones en educación como una herramienta para dar mejores oportunidades de acceso a las víctimas que, producto del proceso de violencia, perdieron la posibilidad de recibir una adecuada educación o de culminar sus estudios.
 
“Sin embargo, la sujeción a plazos limitaba el acceso al beneficio a algunas personas y constituía un trato diferenciado injustificado que era necesario modificar a fin de hacer más inclusivo al programa de reparaciones en educación”, manifestó.
 
Agregó que hasta el momento, pese a que muchos beneficiarios solicitaron la transferencia, solo el 2.41 % de los inscritos en el Registro Único de Victimas han hecho el trámite.  “A pesar de los esfuerzos realizados aún existe desconocimiento de este mecanismo, y en otros casos,  los beneficiarios viven en lugares alejados, de difícil  acceso geográfico y con dificultades de comunicación por lo que limitar la inscripción hasta el 31 de diciembre del 2017 les era perjudicial”, concluyó.