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Pérez Tello confía en que el Congreso apruebe todos los decretos del Ejecutivo

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Ministra de Justicia sostuvo que  los 112 decretos  se dieron en el marco de las facultades delegadas. Comisión de Constitución evaluará paquete del Gobierno.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, se mostró confiada en que el Congreso de la República, de mayoría fujimorista, dé el visto bueno a los 112 decretos emitidos por el Ejecutivo al amparo de las facultades delegadas.
 
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Esta mañana, en entrevista con el noticiero “Buenos días, Perú”, la titular del Minjus lo señaló así después que la Comisión de Constitución anunciara que analizara cada norma emitida para verificar su constitucionalidad.
 
El pasado sábado 7 de enero venció el plazo que otorgó el Parlamento al Gobierno para legislar. En materia de reactivación económica se emitieron 65 decretos, 33 en seguridad ciudadana, 9 en lucha contra la corrupción, 4 en agua y saneamiento y 1 para reorganizar Petroperú.
 
En otro momento, la excongresista defendió la función del Congreso para investigar las obras adjudicadas a las empresas brasileñas, tras el escándalo suscitado por los sobornos de Odebrecht. Señaló que  la indagación del Parlamento es para “satisfacer” a la opinión pública.
 
“Yo he sido congresista y entiendo el rol de las comisiones investigadoras. Cumple un rol distinto (a la fiscalía), porque es el Ministerio Público el que determinará si una persona va presa o no. Lamentablemente, los procesos del Ministerio Público, las investigaciones de este tipo toman tiempo y lo que hace el Congreso es satisfacer la demanda de información de la ciudadanía”, argumentó.
 
Pérez Tello también señaló que uno de las prioridades en las investigaciones es identificar a los funcionarios corruptos y determinar el perjuicio económico que causó la constructora brasileña al Estado peruano. 
 
“No sé qué cifra puede haber con todos los años que Odebrecht ha trabajado en este país y las obras que han hecho. Aquí hay varios objetivos, el primero es identificar quiénes se prestaron a los hechos de corrupción y el segundo es establecer el perjuicio para el Estado”, acotó.