EDITORIAL / Machu Picchu salvado

grupo larepublica
Plataforma_glr
2001 M09 3 | 19:00 h

EDITORIAL / Machu Picchu salvado

.. ...M achu Picchu es la joya de nuestro rico patrimonio arqueológico, uno de los símbolos que identifican al Perú en el mundo y un legado que nos pertenece a todos, siendo obligación de los peruanos de hoy conservarlo en las mejores condiciones para las generaciones venideras. En reconocimiento a su excepcional valor, la Unesco lo proclamó Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Los peruanos delegamos en el Estado la custodia de este bien cultural, lo que entraña la obligación de conservarlo tal cual y ponerlo en valor de cara a los propios habitantes del país y a los visitantes del exterior, los cuales acuden a conocerlo y admirarlo gracias al turismo interno y de fuera. El santuario conoció problemas en el pasado, pero el más grave atentado contra su integridad intentó cometerse bajo el fujimorismo.

Es que el régimen autocrático y corrupto del cual felizmente nos hemos librado asoció la puesta en valor de Machu Picchu con una de las manifestaciones más dañinas y discutibles de una supuesta ìmodernidadî: la construcción de un teleférico entre el poblado vecino de Aguas Calientes óubicado frente al complejo arqueológicoó y la propia ciudadela.

Y como tantas otras veces en la dictadura, la concesión de la licitación para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del mencionado teleférico, entregada por 25 años, fue una operación sospechosa y cuestionable que representaba para la empresa ganadora una inversión de US$ 8 millones teniendo en perspectiva una utilidad de US$ 250 millones, de la que el Estado y el Cusco no hubieran visto un centavo.

Una vez que la concesión fue otorgada, se supo que la construcción del teleférico, que cubriría una distancia de tres kilómetros, requería de las construcción de dos estaciones y torres intermedias, algo que desfiguraba de modo permanente un paisaje único y que además obligaba a construir cimientos y una estructura de concreto que penetrarían profundamente en la montaña en la cual está edificada la ciudadela.

El riesgo era gravísimo, pues Machu Picchu se encuentra afectada por una falla geológica que requiere de estudios para su consolidación. Además, quedó demostrado que la construcción del teleférico afectaría el antiguo cementerio inca aún no estudiado, indispensables canales de drenaje y dañaría un entorno silvestre ahora cubierto de vegetación protectora.

A lo anterior se sumaba el aumento de presencia humana en el lugar, ya que la inversión del teleférico solo se justificaba si transportaba 400 turistas por hora, lo que incrementaba su número a 4,000 en 10 horas y a 2,800 en siete. Un informe del INC con la empresa Wright Water Engineers determina que el santuario solo puede recibir 2,200 visitantes por día, o sufrirá daños irreparables.

El teleférico generaba además un costo social grande, ya que el pueblo de Aguas Calientes vive del turismo que llega a Machu Picchu, con sus pequeños restaurantes y tiendas de artesanía y la movilidad que presta en pequeños buses hasta el santuario. La idea del teleférico implicaba que el turista se traslade del tren a la ciudadela sin intermediarios, con lo cual 700 familias de Aguas Calientes quedaban entre la ruina y la migración.

Congresistas y personalidades culturales conformaron un comité para salvaguardar Machu Picchu de este atentado y entonces se descubrió que el informe de Inrena que aprobaba el proyecto del teleférico dándole clasificación III (ìcon daños potenciales negativos moderadosî) no exigía a la empresa constructora ningún Estudio de Impacto Ambiental Previo.

También se descubrió que no se había tomado en cuenta el Plan Maestro del Santuario Histórico de M. Picchu (1998-2000) ni se había pedido a la empresa estudios definitivos de suelos y prospección arqueológica, ni comunicado la intención de disponer comercialmente de un área protegida al Comité del Patrimonio Mundial, una obligación del Perú como signatario de la Convención respectiva.

En suma, hubo en la operación tal cúmulo de irregularidades que el Gobierno Transitorio rescindió hace cuatro meses el contrato para la concesión del teleférico, hecho que fue saludado por la Unesco y los defensores de Machu Picchu a nivel nacional e internacional. Ahora de lo que se trata ócomo señala el congresista Estradaó es de ir al fondo del asunto y determinar las responsabilidades penales que surgen de este negociado, de modo que nunca más se repita.

EDITORIAL / Machu Picchu salvado

.. ...M achu Picchu es la joya de nuestro rico patrimonio arqueológico, uno de los símbolos que identifican al Perú en el mundo y un legado que nos pertenece a todos, siendo obligación de los peruanos de hoy conservarlo en las mejores condiciones para las generaciones venideras. En reconocimiento a su excepcional valor, la Unesco lo proclamó Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Los peruanos delegamos en el Estado la custodia de este bien cultural, lo que entraña la obligación de conservarlo tal cual y ponerlo en valor de cara a los propios habitantes del país y a los visitantes del exterior, los cuales acuden a conocerlo y admirarlo gracias al turismo interno y de fuera. El santuario conoció problemas en el pasado, pero el más grave atentado contra su integridad intentó cometerse bajo el fujimorismo.

Es que el régimen autocrático y corrupto del cual felizmente nos hemos librado asoció la puesta en valor de Machu Picchu con una de las manifestaciones más dañinas y discutibles de una supuesta ìmodernidadî: la construcción de un teleférico entre el poblado vecino de Aguas Calientes óubicado frente al complejo arqueológicoó y la propia ciudadela.

Y como tantas otras veces en la dictadura, la concesión de la licitación para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del mencionado teleférico, entregada por 25 años, fue una operación sospechosa y cuestionable que representaba para la empresa ganadora una inversión de US$ 8 millones teniendo en perspectiva una utilidad de US$ 250 millones, de la que el Estado y el Cusco no hubieran visto un centavo.

Una vez que la concesión fue otorgada, se supo que la construcción del teleférico, que cubriría una distancia de tres kilómetros, requería de las construcción de dos estaciones y torres intermedias, algo que desfiguraba de modo permanente un paisaje único y que además obligaba a construir cimientos y una estructura de concreto que penetrarían profundamente en la montaña en la cual está edificada la ciudadela.

El riesgo era gravísimo, pues Machu Picchu se encuentra afectada por una falla geológica que requiere de estudios para su consolidación. Además, quedó demostrado que la construcción del teleférico afectaría el antiguo cementerio inca aún no estudiado, indispensables canales de drenaje y dañaría un entorno silvestre ahora cubierto de vegetación protectora.

A lo anterior se sumaba el aumento de presencia humana en el lugar, ya que la inversión del teleférico solo se justificaba si transportaba 400 turistas por hora, lo que incrementaba su número a 4,000 en 10 horas y a 2,800 en siete. Un informe del INC con la empresa Wright Water Engineers determina que el santuario solo puede recibir 2,200 visitantes por día, o sufrirá daños irreparables.

El teleférico generaba además un costo social grande, ya que el pueblo de Aguas Calientes vive del turismo que llega a Machu Picchu, con sus pequeños restaurantes y tiendas de artesanía y la movilidad que presta en pequeños buses hasta el santuario. La idea del teleférico implicaba que el turista se traslade del tren a la ciudadela sin intermediarios, con lo cual 700 familias de Aguas Calientes quedaban entre la ruina y la migración.

Congresistas y personalidades culturales conformaron un comité para salvaguardar Machu Picchu de este atentado y entonces se descubrió que el informe de Inrena que aprobaba el proyecto del teleférico dándole clasificación III (ìcon daños potenciales negativos moderadosî) no exigía a la empresa constructora ningún Estudio de Impacto Ambiental Previo.

También se descubrió que no se había tomado en cuenta el Plan Maestro del Santuario Histórico de M. Picchu (1998-2000) ni se había pedido a la empresa estudios definitivos de suelos y prospección arqueológica, ni comunicado la intención de disponer comercialmente de un área protegida al Comité del Patrimonio Mundial, una obligación del Perú como signatario de la Convención respectiva.

En suma, hubo en la operación tal cúmulo de irregularidades que el Gobierno Transitorio rescindió hace cuatro meses el contrato para la concesión del teleférico, hecho que fue saludado por la Unesco y los defensores de Machu Picchu a nivel nacional e internacional. Ahora de lo que se trata ócomo señala el congresista Estradaó es de ir al fondo del asunto y determinar las responsabilidades penales que surgen de este negociado, de modo que nunca más se repita.