Ejército montó grupo para enfrentar la Marcha de los 4 Suyos Compraron armas hasta el ú

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29 M04 2001 | 14:00h
Hasta los últimos días del pasado régimen, la cúpula militar gastó millones de dólares en la adquisición de equipos de combate y seguridad, sin licitación pública y mediante la modalidad de "secreto militar", para evitar la fiscalización de las autoridades. A pesar de haberse sellado la paz con Ecuador al suscribirse el Acuerdo de Paz en Itamaraty, en octubre de 1998, el Ejército destinó millones de dólares de los fondos públicos para la compra de material de guerra, a cuestionados proveedores de armamento. La República obtuvo copias de las numerosas resoluciones ministeriales que autorizan desde la adquisición de indumentaria de origen escocés, para un grupo de represión de movimientos sociales, hasta un equipo sofisticado de fabricación israelí para un comando de élite de asalto, aparte de sistemas de seguridad para la Comandancia General del Ejército.

Por ANGEL PÁEZ Unidad de Investigación

Los documentos corres-ponden al periodo comprendido entre enero de 1999 y hasta setiembre del 2000, el mismo mes en que el ex presidente Alberto Fujimori recortó su mandato y convocó a nuevas elecciones debido al escándalo del video Montesinos-Kouri. Las resoluciones, que tienen los sellos y rúbricas de los titulares del Ministerio de Defensa y de la Comandancia General del Ejército óoficiales de la cúpula del ex asesor Vladimiro Montesinos Torresó, prueban que la institución castrense, a pesar de la crisis, no tuvo reparos en desembolsar dinero, en su mayor parte en beneficio de vendedores de armas de dudoso origen. Las principales operaciones se consumaron durante la gestión de los generales Julio Salazar Monroe y Carlos Bergamino Cruz como ministros de Defensa, y los generales César Saucedo Sánchez y José Vi-llanueva Ruesta como comandantes generales del Ejército. Las rúbricas de estos oficiales aparecen en todas las resoluciones emitidas con autorización del ex mandatario Fujimori. Las compañías favorecidas por las compras son exactamente las mismas que durante todo el régimen monopolizaron las provisión de material de guerra a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército. Ya el ex comandante general Nicolás Hermoza Ríos admitió que los más de 14 millones de dólares que guardaba en cuentas en un banco de Ginebra, Suiza, eran en su mayor parte producto de "comisiones" abonadas por los vendedores de armas. Varias de esas firmas, que habrían pagado millones de dólares en "comisiones" al general Hermoza, continuaron haciendo lo mismo con los sucesores del ex comandante general del Ejército, de allí por qué, a pesar de no existir una situación de conflicto, se continuó adquiriendo material de defensa bajo la modalidad de "secreto militar". Caras conocidas Entre las firmas más favorecidas se encuentra "Trading Co. Ltd. S.A.", que perteneció al israelí Tzvid Tsudit y heredaron sus socios James Stone Cohen e Ilan Weil Levy, ambos prófugos desde que las autoridades de Suiza informaron que sus cuentas estaban conectadas estrechamente con las de Vladimiro Montesinos Torres. El 26 de marzo de 1999 (Resolución Ministerial Nº 337/DE/EP), los generales Julio Salazar y César Saucedo aprobaron la compra directa de mil fusiles israelíes "Galil" y diez mil millares de munición calibre 5.56 milímetros a la compañía "Trading Co. Ltd." por un total de 3 millones 842 mil 960 dólares. El armamento fue destinado a una unidad de élite para el general Hermoza, similar al "Grupo Zeus" que formó Montesinos para su seguridad personal. Un año antes, el cinco de febrero de 1998, el comando especializado de Hermoza ya había recibido equipamiento sofisticado. Ese día, mediante la Resolución Ministerial Nº 125/DE/EP, suscrita por los generales César Saucedo Sánchez y Nicolás Hermoza Ríos, la misma compañía "Trading Co. Ltd." de Tzvid Tsudit resultó ganadora de una "licitación privada". Saucedo y Hermoza pagaron 1 millón 486 mil 190 dólares por un "Equipo para Fuerzas Especiales" que comprendía, entre otros, 100 pistolas con silenciadores "Jerichó", 92 miniametralladoras "Uzi" con silenciadores, ocho rifles con miras telescópicas y visores nocturnos para francotiradores, 100 cascos balísticos, designadores de láser, explosivos plásticos para operaciones encubiertas, 30 fusiles micro "Galil" con silenciadores, ametralladoras "Neguev", además de un curso de instrucción especializada israelí. El 13 de setiembre de 1999, siempre bajo la misma modalidad de "secreto militar", los generales Carlos Bergamino y José Villanueva dieron luz verde a la compra de dos helicópteros MI-17-1B, un avión anfibio Cessna "Caravan" y dos aviones Antonov, todo por 6 millones 500 mil dólares. El suministro de las aeronaves lo realizó la firma "Shemesh Representaciones SRL", en representación de "G-92 Commerce de Hungría". La empresa "Shemesh" se encuentra bajo sospecha porque se constituyó con sólo cinco mil soles en agosto de 1995, a pedido de Miguel Carbonel Novella y Ana Adrián Navarro, quienes aparecen como "empleado" y "secretaria", de acuerdo con Registros Públicos. "Shemesh" ahora está gerenciada por Régulo Morales Loayza. Otra empresa que habría servido como pantalla sería "Wortra S.A.", constituida en marzo de 1997 con sólo 10 mil soles por dos vecinos de Santiago de Surco, el técnico electrónico César Medina Aguilar y el analista programador Orlando Almeyda Pachas, junto con el empleado Mario Calderón Dedios, natural de Cristo Nos Valga, en Sechura, Piura. En representación de "Vazov Engineering Plants" de Bulgaria, vendieron 5 mil cohetes C-5KO para helicópteros MI-17-1B por 1 millón 825 mil dólares. El visto bueno lo dieron los generales Carlos Bergamino y José Villanueva (Resolución Ministerial Nº 1513/DE/EP). "JRB Importaciones", vinculada al empresario prófugo Enrique Benavides Morales, también resultó beneficiada, esta vez por los generales César Saucedo y Carlos Bergamino (Resolución Ministerial Nº 433DE/EP). Representada por el ex oficial del Ejército, Jorge Alfonso Raggio Guerra, "JRB" vendió un total de 215 visores nocturnos por 1 millón 016 mil 450 dólares, el pasado 21 de abril de 1999. Raggio, por cierto, es también directivo de "W-21 Intertechnique", la que vendió en medio del escándalo las aeronaves MiG-29 y SU-25. Pocos días después, el cuatro de mayo, le tocó el turno a "Muvarch International Trading S.A.", cuyos dueños también están relacionados con "W-21 Intertechnique". De propiedad de Enrique Benavides Morales, Oscar Muelle Flores y Gerald Krueger Dizillo, la empresa "Muvarch" recibió el visto bueno de los generales César Saucedo y Carlos Bergamino para la venta de 12 helicópteros MI-2, seis aviones Ilyushin-103 y un lote de repuestos por un total de 5 millones 094 mil dólares. En la supuesta "licitación privada" participaron las firmas "Shemesh" y "Gotama S.A.", también vinculadas a los dueños de "Muvarch". Es decir, la puja de precios sólo fue una apariencia. Seguridad máxima El año 2000 fue realmente pródigo para el entonces comandante general del Ejército, general EP José Villanueva Ruesta, ya que el ministro de Defensa, general EP Carlos Bergamino Cruz, y el presidente Alberto Fujimori autorizaron varias compras bajo la modalidad del "secreto militar". Muchas de las adquisiciones podrían haber sido efectuadas mediante concurso público, ya que no se trataba de equipos bélicos, y así se habrían obtenido mejores precios. Pero el negocio está en elegir las ofertas más caras para aumentar el nivel de las "comisiones". Se encuentra bajo observación la Resolución Ministerial Nº 320/DE/EP, del 22 de marzo del año pasado, mediante la cual se aprobó la adquisición de un sistema de emisión de documentos "de identidad personal de alta seguridad" por la suma de 2 millones 673 mil 100 mil dólares. La operación no habría llamado la atención si no fuera porque la compañía que ganó, "Segres Systec S.A.", presentó su oferta en representación de la firma "Latin American Marketing Services" (LAMSER) de Panamá, país donde precisamente el general José Villanueva Ruesta (quien suscribe la resolución) también tiene propiedades, como "Long View Corporation". Días después, el seis de junio, el comandante general del Ejército, general EP José Villanueva Ruesta, con la venia del ministro del Defensa, general EP Carlos Bergamino Cruz, autorizaron la adquisición "secreta" de "Equipos contra Disturbios Civiles". La operación se consumó días después de que el candidato Alejandro Toledo convocó a la Marcha de los Cuatro Suyos para protestar contra la re-reelección y el fraude electoral, los días 26, 27 y 28 de julio. Por supuesto, la venta fue adjudicada a una compañía del grupo de empresarios que durante todo el pasado se enriquecieron con la provisión de equipos militares a las Fuerzas Armadas. En esta ocasión fue "International Dealers S.A.", cuya propietaria es Angela Corigliano Paino, cuñada del prófugo Enrique Benavides Morales. Por un total de 2 millones 492 mil 010 dólares, la empresa "International Dealers", en representación de "ICL Tech Limited" de Escocia, proveyó 3,090 cascos antidisturbios, 4,090 escudos de protección, 1,090 barras de ataque, 1,090 protectores de rodilla y canilla, 430 máscaras antigás, 700 lanzadores de lacrimógenas, 17,000 cartuchos de gas y 1,020 "artificios triple lacrimógeno". Todo un ejército para enfrentar la protesta antigubernamental, financiado con dinero del erario nacional. Ahora, ¿estos miembros del Ejército disfrazados de policías antimotines participaron en la represión de la Marcha de los Cuatro Suyos? Sobre cerrado Hasta días antes de la explosiva exhibición del video Montesinos-Kouri, la cúpula del Ejército gastó a manos llenas mediante las famosas "licitaciones privadas", realizadas bajo "secreto militar" para impedir cualquier tipo de fiscalización. El cuatro de setiembre del 2000, el ministro de Defensa, general EP Carlos Bergamino Cruz, y el comandante general del Ejército, general EP José Villanueva Ruesta, aprobaron dos dispositivos para la consumación de dos millonarias operaciones de adquisición. La primera (Resolución Ministerial Nº 933/DE/EP) autorizó el desembolso de 1 millón 618 mil 810 dólares para la compra de un sistema de circuito cerrado de televisión y una red de comunicación. La empresa proveedora fue la "Corporación Cóndor S.A.". Y mediante la Resolución Ministerial Nº 934/DE/EP, Bergamino y Villanueva aprobaron nuevamente la contratación de la firma "Segres Systec S.A.", representante de "Latin American Marketing Services" (LAMSER) de Panamá. Como se ha visto, en marzo el Ejército ya había adjudicado a esta empresa la emisión de documentos de identidad por más de dos millones y medio de dólares. En esa ocasión se le adjudicó la provisión de un "sistema integral de control de acceso" para el "Pentagonito" (Cuartel General del Ejército) por la suma de 728 mil 416 dólares. Circuitos cerrados de televisión, carnés de identificación infalsificables, controles electrónicos de ingreso; más de cuatro millones de dólares invertidos por la cúpula del Ejército atemorizada por las movilizaciones populares contra el régimen. Hasta los últimos días del pasado gobierno, gastaron lo que quisieron en su propio beneficio.