El asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre

Plataforma_glr
23 Ene 2007 | 15:30 h

Antonio Zapata.

En el debate sobre los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha argumentado casi todo, salvo recordar el principal antecedente histórico nacional en situaciones similares: el proceso de Víctor Raúl Haya de la Torre, llevado adelante ante la Corte Internacional de La Haya. Este juicio está bien analizado en el libro del congresista aprista Luis Alva Castro titulado Señor asilo.

Desde enero de 1949 Haya estaba asilado en la embajada de Colombia. Se había visto obligado a hacerlo debido a la implacable búsqueda del régimen dirigido por el general Manuel A. Odría, que perseguía con saña al Apra y a su principal líder. Allí estuvo cinco años, durante los cuales el Perú y Colombia litigaron acerca del asilado. El Perú quería que le entreguen a Víctor Raúl para procesarlo como delincuente común. Colombia buscaba que Haya saliera de su embajada con un salvoconducto que le permitiera llegar al extranjero.

La pelea legal fue ardorosa. Después de iniciales forcejeos, llegó a la Corte Internacional de la Haya, que se pronunció dos veces, ambas en forma algo confusa. De acuerdo al primer fallo parecía que el Perú había ganado pues negaba la facultad de Colombia para conceder el asilo. Pero, Colombia pidió un fallo aclaratorio preguntando si estaba explícitamente obligada a entregar a Haya y en esta segunda oportunidad la resolución de la Corte ordenó que no se entregue al acusado. El Perú, sin embargo tardó en allanarse y recién en 1954 permitió que Haya salga por el antiguo aeropuerto de Limatambo en dirección al extranjero. Cuando Colombia pidió precisiones a la Corte, obligando al segundo fallo, intervino también Cuba a favor de Haya, confiriéndole peso continental a la causa pro jefe aprista.

Los agentes del Perú ante la Corte fueron Felipe Tudela y Barreda y Carlos Sayán Álvarez, quienes sustentaron que Haya era un delincuente común argumentando que era un narcoterrorista. Se sostenía esta acusación en dos supuestas pruebas. Por un lado, los numerosos atentados atribuidos al partido aprista, el asesinato de Sánchez Cerro, el de Graña, el de los esposos Miró Quesada, etc. En segundo lugar, Haya también fue acusado por sus conexiones con un narcotraficante peruano, Eduardo Balarezo, quien posteriormente en su juicio en NYC negó siquiera conocer al jefe aprista.

La esencia del argumento del Estado peruano fue la defensa de la soberanía nacional para que los tribunales peruanos juzgaran con toda imparcialidad a Haya. En contra de esta argumentación sobre la soberanía nacional, el Apra estuvo a favor del internacionalismo y del derecho de las cortes supranacionales a sancionar contra la postura de los países en ciertos casos controvertidos que afectaban el derecho individual de las personas. Incluso el Apra sostuvo que otro país, en este caso Colombia, estaba calificado para juzgar como político y no común el proceso contra Haya y, en consecuencia, concederle el asilo que evitara su juicio en el Perú.

Cuando el segundo fallo de la Corte fue desfavorable para la pretensión peruana de que Colombia entregue a Haya, el presidente Odría no quiso ejecutar la sentencia. El gobierno del ochenio evitó por tres años cumplirla, hasta que finalmente se allanó y obtuvo una salida decorosa que Colombia y Haya le concedieron. En ese lapso se sucedieron pronunciamientos de instituciones y personalidades del mundo entero a favor de Haya. Por ejemplo, el New York Times criticó al embajador peruano en los EEUU, Fernando Berckemeyer, diciendo que la obstinación del Perú contra Haya y la Corte era un tanto ridícula y otro tanto siniestra.

Cincuenta años después, las posiciones de los actores políticos parecen haber cambiado mucho. Ante ello, los partidos y sus líderes deben reflexionar mínimamente sobre los antecedentes históricos de sus planteamientos. Porque, ¿qué habría sucedido si el Perú, unos años antes, se hubiera retirado de la competencia de la Corte de La Haya? Pues, simplemente, el gobierno de Odría hubiera tenido las manos libres para condenar a Víctor Raúl. ¿Quiere el Apra una situación legal que hubiera condenado a su fundador?