Juan Silva: Defensoría pide que PNP informe de medidas disciplinarias ante fuga de exministro
Policía afirmó que no se lograba dar con la ubicación de Juan Silva desde el 27 de mayo. Sin embargo, el exministro dio una entrevista presencial el 1 de junio.
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La Defensoría del Pueblo instó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú informar las medidas disciplinarias que se adoptaron luego de que no lograron ubicar y capturar al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, pese a que se había ordenado videovigilancia días antes de la emisión de la orden de detención preliminar.
“Hasta el 27 de mayo la ubicación del mismo era conocida por haberse presentado a declarar en la Fiscalía. No obstante, recién el 8 de junio, luego de que se emitiera la orden de detención contra el exministro, la PNP informó que había perdido su ubicación”, se lee en el comunicado de la Defensoría.
Ante ello, la entidad sostiene que “urge que la PNP refuerce las acciones para ubicar y capturar al prófugo”.
“Sin perjuicio de ello, también deberían implementarse otras medidas que permitan lograr el objetivo, como la inclusión del investigado en el Programa de Recompensas”, aconsejan.
El 4 de junio, el Juzgado de Investigación Preparatoria dictó impedimento de salida del país contra Juan Silva por los presuntos delitos de organización y colusión en agravio del Estado, en el caso Puente Tarata III. Dos días después, el mismo tribunal ordenó la detención preliminar. Sin embargo, esta última disposición no se ha podido concretar.
La Policía sostiene que el paradero del extitular del MTC era desconocido desde el 27 de mayo. No obstante, el exministro dio una entrevista en vivo a Exitosa el 1 de junio.
Defensoría requiere ubicación y captura de Bruno Pacheco y Fray Vásquez
En un comunicado, la entidad también exhortó a las dichas instituciones a dar con los paraderos de “las personas investigadas del entorno de la presidencia de la República”, en referencia al exsecretario de Palacio Bruno Pacheco y al sobrino del mandatario, Fray Vásquez Castillo.
“La Defensoría del Pueblo considera que la impunidad en los delitos de corrupción es un incentivo perverso para la comisión de nuevos delitos, además de afectar la legitimidad de los poderes públicos y constituir un agravio para toda la ciudadanía. Bajo esa mirada, la permanencia en la clandestinidad del exministro y varios investigados por delitos de corrupción pertenecientes al entorno presidencial constituye una situación inaceptable y que exige inmediata solución”, reza el texto.
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