Fiscalía cita a Pedro Castillo a declarar como investigado

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, citó para el lunes 13 de junio al presidente de la República, Pedro Castillo, a fin de que responda a las preguntas de la autoridad en calidad de investigado por el caso de Puente Tarata III.

La decisión del titular del Ministerio Público implica que por primera vez en la historia del país un jefe del Estado sea investigado durante su mandato por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su función.

El fiscal Pablo Sánchez incluyó a Pedro Castillo como investigado el último 27 de mayo.

El mandatario y sus defensores legales fueron notificados de esta disposición ayer vía correo electrónico, en el que se precisa que la diligencia se desarrollará en la sede de la Fiscalía de la Nación a las diez de la mañana.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el presidente Castillo encabezaría una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en complicidad con el extitular de este sector Juan Silva Villegas, funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Por este motivo, Castillo es indagado por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

La citación llega en medio del proceso legal que la defensa del jefe de Estado ha iniciado para anular la inclusión del mandatario en el caso en mención, el 64-2022.

Asistencia no confirmada

La defensa legal del presidente califica este caso como “una investigación muerta, que nunca debió abrirse”. Sus argumentos se basan en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú que determina que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por ciertos hechos que no involucran presuntos actos delictivos; por tal motivo, considera que la inclusión del mandatario en el caso es inconstitucional. Además, que la investigación no es un fin en sí mismo, sino solo un medio para la acusación.

En línea a esta posición, la defensa del mandatario solicitó el 30 de mayo la anulación absoluta de la indagación, pedido que hasta el momento no ha sido respondido por la Fiscalía.

Por este motivo, el abogado Benji Espinoza, defensa del presidente Pedro Castillo, iniciará el siguiente paso de su estrategia legal: interponer una tutela de derechos para evitar que su defendido continúe siendo investigado. El letrado evitó dar una fecha de la presentación de este recurso, pero comentó que será en esta semana.

Agrega que la revisión también sería en esos días, al ser un pedido que debe ser convocado a audiencia de inmediato por tratarse de supuesta vulneración de derechos a un imputado. Por tal motivo, considera que podría resolverse antes de la citación para el lunes 13.

Sin embargo, no descarta que el mandatario pueda declarar, aunque señala que el dar respuesta es voluntaria, por lo que ya determinarán los pasos que seguirán. Espinoza agrega que el presidente colaborará con todo proceso fiscal si es una investigación objetiva.

“Eso (el interrogatorio) no genera ninguna zozobra ni temor. La prioridad es que se determine la constitucionalidad de la investigación. Pero sin perjuicio de eso, las actuaciones de la investigación continuarán mientras no haya una decisión”, sostuvo Espinoza. Añade que hoy o mañana recibirán la carpeta fiscal completa del caso para estudiarlo con detenimiento.

Silva no asistirá

La Fiscalía de la Nación programó para hoy 6 de junio la declaración ampliatoria de Juan Silva, ahora exministro con impedimento de salida por 36 meses, medida impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial el último sábado.

No obstante, su abogado, Alfredo Yalán, señaló que Silva no asistirá porque no fue notificado debidamente. “No hemos recibido ninguna notificación legal respecto a una diligencia que aparentemente ha convocado la Fiscalía de la Nación. (...) El día de mañana (hoy) va a ser un imposible, jurídicamente hablando, poder asistir porque no sabemos de qué se trata legalmente”, indicó Yalán a RPP.

El Ministerio Público comunicó que también se convocó a la exviceministra de Transportes Fabiola Caballero para el 7 de junio; el abogado y exasesor del MTC Alex Starost, para el 8 de junio. Víctor Valdivia, para el 9 de junio; y Edgar Vargas, el 10 de junio, ambos integrantes del comité de selección de la licitación del Puente Tarata III. Estos personajes son vinculados a presuntas presiones e irregularidades en el proceso referido tras la denuncia de Miguel Ángel Espinoza, expresidente del comité. El caso estaba a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

“El presidente sale con permiso congresal, no del PJ”

El abogado Benji Espinoza reitera que el mandatario no puede ser investigado, pero por la decisión de darle esta condición “se puede abrir una caja de Pandora”, como el debatir el tema de interponer medidas restrictivas al jefe del Estado, entre ellas, impedimento de salida del país.

“La Constitución dice que el presidente solo sale con el permiso del Congreso, no del Poder Judicial”, indicó.

El letrado sostiene que esta situación se genera por la interpretación “errada” para indagar al presidente. Agrega que quienes señalen que se pueda solicitar esta medida “invitan” a violar la carta magna.

“Su figura es inviolable, y cuando la inviolabilidad se viola, se generan este tipo de riesgos. Ese es un riesgo latente”, manifestó.

Fiscalía niega pedido de nulidad solicitado por abogado de Pedro Castillo

Benji Espinoza, actual abogado de Pedro Castillo, declaró que la Fiscalía había rechazado la solicitud de nulidad absoluta que presentó el último 31 de mayo, el cual había solicitado acogiéndose al artículo 117 de la Constitución.

En una entrevista para La República, el jurista declaró que la estrategia que adoptará será la del pedido de tutela de derechos hacia el Poder Judicial, el cual decidirá si es posible que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, adopte acciones como el “pedir impedimento de salida del país, que se pueda montar en su contra videovigilancia, un agente encubierto, intervención en tiempo real de sus comunicaciones y todo lo que genera abrir una investigación contra una persona.”