La incansable búsqueda de los estudiantes desaparecidos

Cromwell Castillo y Javier Roca se conocieron en la peor de las circunstancias: buscando a sus hijos desaparecidos, ambos estudiantes universitarios. Desde entonces han participado juntos en innumerables acciones para hallarlos y encontrar justicia, pero aún siguen esperando.

Luego de años de incansables demandas, en los dos casos la justicia peruana condenó a los responsables, sin embargo, hasta ahora no han podido recuperar los restos de sus hijos.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha reportado 176 estudiantes muertos o desaparecidos durante el conflicto armado interno de 1980 al 2000. La mayor parte de estos jóvenes estudiaban en la Universidad del Centro, en Huancayo, aunque también se produjeron víctimas en Lima, como los casos de Ernesto Castillo Páez, Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo Castro.

“Ya van a ser 32 años de ocurrida la desaparición de Ernesto, y al igual que otros familiares hermanos en esta desgracia, cargamos con ese dolor, esperando que algún día haya un Gobierno que se preocupe por nosotros y nos ayude a encontrarlos”, señala Cromwell.

Su hijo tenía 22 años y estudiaba Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuando lo detuvieron efectivos de la Policía que realizaban un operativo en Villa El Salvador, el 21 de octubre de 1990.

“Estaba haciendo una encuesta para un trabajo de la universidad. Ese día era el cumpleaños de su hermana, pero tenía que ir porque era domingo y habría más gente en sus casas”, relata con la mirada perdida, como recordando cada detalle.

Recuerda que a las 7 de la noche comenzaron a llamar a familiares y amigos a preguntar por él, preocupados por su tardanza, hasta que más tarde se comunicó un compañero de estudios y les informó de su detención.

“Un compañero de estudios, que también había ido a Villa El Salvador, vio que unos policías con boina roja lo subieron a un patrullero”, refiere Cromwell.

Como había toque de queda, al día siguiente lo buscaron en la Dircote, pensando que podían haberlo llevado allí, pero no lo encontraron. Acudieron a varias comisarías del cono sur, pero nada. Lo buscaron en hospitales, en incluso en la morgue, pero no había rastro.

“Fuimos a las comisarías y en algunas no nos dejaron entrar, como pasó en la de San Juan de Miraflores, donde posteriormente nos enteramos que había sido conducido”, sostiene.

Al no hallarlo presentaron un habeas corpus y la jueza Greta Minaya, que vio el caso, acudió a dicha instalación policial. “Cuando pidió el libro de registro se dio cuenta de que habían arrancado la hoja correspondiente al día en que detuvieron a mi hijo. Fue una importante prueba”, cuenta.

Sin embargo, pese a que varios testigos confirmaron haber visto que se llevaron a Ernesto, el juez archivó el caso, por lo que los familiares acudieron a instancias internacionales. En noviembre de 1997, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado responsable de su desaparición, y ordenó una exhaustiva investigación.

Luego de un largo proceso, finalmente, en marzo del 2006, el comandante a cargo del operativo, Juan Carlos Mejía León, fue condenado a 16 años de prisión por el delito de desaparición forzada. Asimismo, sentenciaron a 15 años a tres efectivos que participaron en la detención del estudiante, pero salieron en semilibertad sin cumplir siquiera la mitad de la condena.

Lo más indignante para los familiares de Ernesto es que los informes psicológicos que presentaron los responsables indican que reconocieron haber cometido el crimen y afirmaron estar arrepentidos, sin embargo, hasta ahora no han dado información de su paradero.

Sótanos del SIE

Tres años después, el 5 de octubre de 1993, fue detenido el estudiante de la Universidad Técnica del Callao, Martín Roca Casas. Tenía 27 años y cursaba el sexto ciclo de Economía.

Dos meses antes, junto a sus compañeros de estudio, se enfrentó a dos personas sin identificación que los filmaban cuando protestaban por el carné del medio pasaje, logrando quitarles las cintas. Esa misma noche, un grupo de desconocidos, de porte militar, ingresaron a su casa y lo golpearon preguntando por los videos, y al no encontrarlos, lo amenazaron y se fueron. Incluso, al día siguiente, volvió uno de ellos, a quien lograron llevar a la comisaría, donde se supo que era de la Marina. Por ello, la familia tenía la seguridad de que había sido secuestrado por militares.

Reynalda Andagua lo educó como a un hijo, y hasta ahora llora su ausencia. Todos los días le reza el rosario en el segundo piso de su casa, donde se ha hecho una casa museo. “Era un hijo bueno. Yo tenía un pequeño restaurante y venía a ayudarme. La última vez que lo vi, tomamos lonche. Me dijo: ‘Hasta luego, mamá’. Pero nunca más regresó”, dice entre lágrimas.

“Esa noche lo soñé. Estaba en un pantano. ‘Agarra mi mano’, me decía. Pero me lo quitaron”, añade desconsolada.

Desde ese día lo buscaron incansablemente. Su padre, Javier Roca, recuerda que varios compañeros de su hijo lo acompañaron. Uno de ellos era Kenneth Anzualdo, que también estudiaba Economía en la misma universidad. Incluso, el joven se ofreció a declarar en la Fiscalía, pero días antes de la citación, la noche del 16 de diciembre de 1993, fue interceptado en el ómnibus en que se dirigía a su domicilio. Nunca más lo volvieron a ver. Tenía 25 años.

“Yo no tenía la más mínima duda de que los autores eran militares, pero mantenía la esperanza de que lo tuvieran detenido en algún lugar y pudiéramos liberarlo, demostrando su inocencia. No sabía lo criminal que era el Gobierno de ese entonces”, confiesa con indignación.

Y es que, años después, se enteró de que ambos jóvenes fueron detenidos en los sótanos del Servicio de Inteligencia (SIE), ubicado en San Borja, en la instalación conocida como Pentagonito. Allí los torturaron, ejecutaron e incineraron.

Importantes indicios fueron los cuadernos de registro de detenidos incautados el 2002 por una comisión investigadora del Congreso, en los que figuran ingresos en dicha celda los mismos días de la detención de los estudiantes; y el hallazgo de un hueso de una mano en uno de los hornos del SIE.

Pieza clave para saber lo que les pasó fue el libro Muerte en el Pentagonito, del periodista Ricardo Uceda, publicado el 2004, basado en el relato de uno de los militares involucrados en el secuestro de Martín y Kenneth, así como del excatedrático de la Universidad de Huamanga, Justiniano Navarro. Se relata cómo los secuestraron y asesinaron, lo que evidenció que formó parte de una política criminal al más alto nivel.

Finalmente, el 2016, la justicia condenó a 22 años de cárcel a Vladimiro Montesinos, al excomandante del Ejército Nicolás Hermoza Ríos, entre otros oficiales, como autores mediatos de ambos asesinatos. Sin embargo, los familiares aún no han podido recuperar sus restos.

“Aquí estamos recordando el santo de Martín. No podemos ir a ningún sitio porque no tenemos nada. A él lo llevaron al sótano del SIE, allí lo torturaron, lo mataron, lo quemaron, y sus cenizas lo regaron al jardín. No descansaré hasta encontrar algo de él”, dice Reynalda ante la placa que lleva su nombre y que está ubicada en el Lugar de la Memoria. Justo ese día hubiera cumplido 56 años, pero se quedó con 27.

Investigaciones pendientes en la Fiscalía

Los casos de Ernesto Castillo Páez y Kenneth Anzualdo aún no han sido cerrados, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado agotar todos los esfuerzos para hallarlos.

Ambos casos están en la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos, donde continúan las investigaciones para conocer su paradero, identificarlos y restituirlos a sus familiares.

La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas apoya en ese trabajo al Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal. Tienen varias hipótesis sobre posibles paraderos, y con ese fin están conversando con diversos actores y testigos.

Evidencias importantes

Hojas del libro de registro del sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, ubicado en el Pentagonito. Figura el ingreso de detenidos los días en que los estudiantes fueron secuestrados, cuyas identidades fueron ratificadas por un agente que participó en las detenciones.

El dato

Si tiene información que ayude a encontrar a los estudiantes Ernesto Castillo Páez, Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo, llame a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Teléfono: 204 8020, anexos 2921 y 2923.