Política

Marianella Ledesma: “La Constitución no prohíbe que el fiscal Sánchez haga uso de sus atribuciones”

La expresidenta del Tribunal Constitucional dijo estar de acuerdo con la decisión del fiscal de la Nación de investigar al presidente Pedro Castillo.

Respaldo. Siendo magistrada del TC, Ledesma defendió que podía investigarse a Castillo. Foto: difusión
Respaldo. Siendo magistrada del TC, Ledesma defendió que podía investigarse a Castillo. Foto: difusión
Enrique  Patriau

El fiscal Pablo Sánchez decidió iniciar una investigación al presidente Pedro Castillo. Desde el Tribunal Constitucional usted había defendido la tesis de que esto era posible.

Exactamente.

Entonces le parece correcta la decisión de Sánchez.

Hay que ubicar su decisión en el contexto. Lamentablemente vivimos una degradación social fruto de la corrupción que corroe al país. ¿Cómo podemos responder de manera institucional? El caso Odebrecht ya ha demostrado que hay presidentes a los que luego de haber cesado en sus funciones se les ha advertido actos de presunta corrupción. Digo presunta porque todavía no hay condenas. Y con esos antecedentes, aparece con gran tristeza la sospecha de que el actual mandatario, posiblemente, también conformaría una red corrupta. Lo que Sánchez ha decidido es iniciar una fase preliminar de investigación, indagatoria...

Pero que es inédita.

Acá nadie está diciendo que hay delito, que hay responsabilidad. Lo primero por hacer -sobre todo teniendo en cuenta que la Fiscalía es la titular de la acción penal- es inmovilizar las fuentes de prueba. Es algo de sentido común. Hay que tomar los datos, declaraciones, hay que levantar todo el material probatorio, documental. Y eso forma parte de la fase preliminar de una investigación fiscal. La Constitución no prohíbe que el fiscal Pablo Sánchez haga uso de sus atribuciones.

Y más bien, el Ministerio Público, encabezado por él, es el único que puede hacer una investigación así.

Correcto. Pero esto también hay que verlo en el mensaje que se da desde las instituciones. ¿Vamos a seguir soportando estos modelos judiciales? Hasta ahora no hay un solo condenado, por cierto. Las sospechas de corrupción están presentes, pero hasta ahora no pasa nada.

¿Se refiere a que no hay condenas en el caso Lava Jato?

Así es. ¿Ese es el mensaje? Precisamente porque tenemos una respuesta muy contemplativa, orientada casi hacia la impunidad, es que acá no pasa nada y seguimos en la misma situación de siempre. No se puede seguir en esta situación.

¿Cómo ve la situación legal del presidente? Se sugiere, incluso, que podría suspendérsele en el cargo para que las investigaciones no se entorpezcan.

No, no comparto esa idea. Hay que hacer las cosas con orden. Primero, hay que tener la evidencia para saber si lo que se le imputa al señor Castillo es real o no, si es delito o no. Empecemos por ahí. Y eso tomará un tiempo. ¿Hay alguna actividad delictiva a la que esté vinculado, hay alguna posible responsabilidad de su parte? Bueno, todo eso lo tendrá que determinar el Ministerio Público y, en base a esa información, el Congreso podrá tomar las acciones que la Constitución establece.

Podría ser investigado todo lo que dure su presidencia.

Es verdad. Las investigaciones de corrupción son complejas. Hablamos de redes, organizaciones. No es simple.

¿Debió hacerse lo mismo en los casos de Toledo, García, Humala, Kuczynski y Vizcarra?

Si se hubiese tomado noticia oportuna de presuntos actos de corrupción mientras ocupaban sus cargos, debió haberse procedido. Lamentablemente, las noticias se dieron cuando dejaron el puesto. Algunos incluso se fueron del país.

¿Cuál es el sustento legal para investigar a un presidente en ejercicio?

Yo reconozco que un presidente tiene prerrogativas para el ejercicio de su función, sin embargo, nos movemos en un modelo democrático en el que nuestros representantes tienen la obligación de asumir responsabilidad de los actos asumidos en sus gobiernos, más aún si hablamos de sospechas delictivas. Yo entiendo que tampoco se puede hacer uso de estas figuras jurídicas con miras a generar un desgaste político. Pero también es cierto que el interés colectivo de la lucha contra la corrupción tiene que ser promovido y visibilizado.

El abogado de Castillo dice que se está yendo contra la Constitución. ¿Qué responde?

Bueno, el abogado responde a los intereses de su patrocinado. Yo acá solo hablo como ciudadana interesada en que la democracia se mejore y no sigamos viviendo en la impunidad. El argumento del abogado es válido, claro, es su trabajo, pero le diría que me diga en qué parte de la Constitución se establece que hay una especie de blindaje o protección que impida que el Ministerio Público, al menos, no empiece a acopiar elementos básicos y preliminares de una investigación. Que yo sepa no estamos hablando de acusaciones constitucionales, de juicios orales, ni de penas. Estamos hablando de lo elemental, de juntar evidencias.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, fue el que decidió incorporar a Pedro Castillo en la investigación contra el exministro Juan Silva y 6 congresistas de Acción Popular. Foto: composición La República

Si el fiscal Sánchez acopia suficiente información, ¿podría acusar al presidente?

Definitivamente que no, porque el presidente de la República -y un grupo de funcionarios- gozan de una prerrogativa de protección. Si llegamos a ese punto, ya le tocaría al Congreso. Por mientras, lo importante es reunir pruebas que permitan que la investigación sea sustentable. No podemos esperar cinco años para recién ir a recoger los elementos probatorios. Eso sale hasta del sentido común. Y con eso no digo que a Castillo lo acusen necesariamente.

¿Hay que hacer modificaciones constitucionales sobre estos temas?

Definitivamente que sí. El artículo 117 prohíbe la acusación salvo en casos concretos como traición a la patria, sin embargo, esa lista debería ser ampliada, sobre todo cuando un mandatario comete actos que van en contra de derechos fundamentales o incurre en corrupción o en enriquecimiento indebido. Se debería modificar ese artículo 117 para incluir otros supuestos que permitan la acusación constitucional de un presidente en ejercicio.