Política

Abogado de Pedro Castillo pidió la nulidad absoluta de la investigación fiscal

Este martes 31, el letrado Benji Espinoza se acercó a la sede del Ministerio Público para presentar la solicitud. El jurista consideró que la decisión tomada por la Fiscalía es una violación a la Constitución.

Benji Espinoza adelantó que, si le deniegan la solicitud, se interpondrá una tutela de derechos ante el Poder Judicial. Foto: Antonio Melgarejo
Benji Espinoza adelantó que, si le deniegan la solicitud, se interpondrá una tutela de derechos ante el Poder Judicial. Foto: Antonio Melgarejo
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El abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, Benji Espinoza, presentó ante la Fiscalía de la Nación un pedido de nulidad absoluta respecto a la investigación preliminar por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en la que se incluyó al mismo jefe de Estado. Calificó la decisión de Pablo Sánchez como inconstitucional.

“Cuando un fiscal no respeta a la Constitución, el mensaje que da es que quien es defensor de la legalidad termina convirtiéndose en verdugo de la legalidad”, declaró desde los exteriores del Ministerio Público.

En esta línea, Benji Espinoza sostuvo que su solicitud de nulidad fue planteada al amparo del Código Procesal Penal al considerar que la decisión de Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, viola el Artículo 117 de la Constitución. Adelantó que, si le deniegan el recurso, se solicitará una tutela de derechos ante el Poder Judicial.

Pablo Sánchez dispuso investigar en funciones a Pedro Castillo

El último viernes 27 de mayo, en una decisión sin precedentes, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la indagación preliminar que abrió el 5 de mayo en contra del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y de seis congresistas de Acción Popular, e incluir al jefe del Estado.

Será la primera vez en la historia del Perú que un presidente de la República en funciones es investigado, sin suspensión, durante su mandato por presuntos cargos en el ejercicio de sus funciones. Antes de esta fecha, existió una lectura e interpretación más tradicional del Artículo 117 de la Carta Magna y se optó por resguardar la inmunidad del jefe de Estado.

Como informó Pablo Sánchez, al mandatario se le investigará por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada por el presunto favorecimiento por parte del organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Descentralizado, en beneficio de tres constructoras chinas y dos peruanas que obtuvieron siete contratos por 814,5 millones de soles durante la gestión del exministro Silva.

¿Qué dice el Artículo 117 de la Constitución?

Según lo estipulado por esta norma, el presidente, por su condición de jefe de Estado, solo pude ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; así como por disolver el Congreso. No obstante estos ejemplos no son el motivo de la investigación hecha por el fiscal Pablo Sánchez.

Por ello, el abogado de Castillo ha dispuesto el envío del documento, obviando las declaraciones del fiscal, quien se ha comprometido a respetar el artículo 117 de la Carta Magna.

“PJ decidirá si se le puede impedir salir del país”, dice abogado del presidente Castillo

En diálogo con La República, el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, sostuvo que la decisión del Poder Judicial sobre la tutela de derechos será fundamental ya que podría “abrir la caja de Pandora”. Advierte que requirieron la intervención de la Justicia para salvaguardar la figura de la primera magistratura.

“El juez va a escuchar a ambas partes y va a decidir si es que la Fiscalía de la Nación, conforme al (artículo) 117 del precepto constitucional, puede abrir una investigación contra el presidente y generar todo lo que esto puede posibilitar. Es decir, abrir la caja de Pandora: que al Presidente se le pueda pedir impedimento de salida del país, que se pueda montar en su contra videovigilancia, un agente encubierto, intervención en tiempo real de sus comunicaciones y todo lo que genera abrir una investigación contra una persona. Eso lo va a decidir el juez supremo”, declaró Espinoza a La República.