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Elecciones 2022: Defensoría del Pueblo respalda a organismos electorales

Crisis. Para la oposición, titulares del JNE y la ONPE cometen infracción a la Constitución si no acatan su inaplicable contrarreforma y evalúan denunciarlos. Aprobar informe de ‘fraude electoral’ es otra carta de presión a estas autoridades.

El dato. El sistema electoral viene siendo atacado desde que Keiko Fujimori perdió por tercera vez en las elecciones generales del 2021. Las bancadas de oposición vulneran leyes electorales. Foto: Andina
El dato. El sistema electoral viene siendo atacado desde que Keiko Fujimori perdió por tercera vez en las elecciones generales del 2021. Las bancadas de oposición vulneran leyes electorales. Foto: Andina
Diego Quispe

La negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a aplicar la contrarreforma electoral resulta una justificada respuesta a las bancadas de oposición que impulsaron esa norma, pues esta amplía, de modo inconstitucional, el plazo de inscripción de precandidatos para las elecciones 2022 y obliga a realizar ‘elecciones internas complementarias’.

El problema, como han afirmado los organismos electorales, es que esa ley afecta la intangibilidad del cronograma y va contra los plazos. Esta posición es respaldada por expertos en temas electorales, pero también por otras instituciones.

La Defensoría del Pueblo recalcó que la mencionada contrarreforma modifica las reglas de las elecciones internas y “pone en riesgo la seguridad jurídica con que debe contar todo proceso electoral, y que implica mantener las reglas y principios que las rigen de principio a fin, por lo que alterarlas perjudica este pilar fundamental de todo proceso electoral”.

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“Además —agregó la Defensoría—, como ha señalado el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, la seguridad jurídica es un pilar fundamental de todo proceso electoral, de forma que los plazos electorales son preclusivos y perentorios. El respeto del proceso en su conjunto es una garantía del Estado democrático y constitucional de derecho”.

Pero en el Congreso no aceptan estos argumentos. La República abordó al vocero alterno de Acción Popular, José Arriola, autor de esta ley que contó con el apoyo del fujimorismo, sus aliados y Perú Libre, y según él los representantes del JNE y la ONPE violan la Constitución.

“Nos reuniremos como bancada porque ellos (los del JNE) no pueden desacatar una ley expresa. Yo no discuto el tema normativo, pero el JNE en pleno escenario político crítico no tuvo que considerar reglas inverosímiles como elecciones de precandidatos y la aplicación de un sistema informático que colapsó y que abarca a partidos políticos y 130 movimientos regionales que están perjudicados. Se les puede denunciar constitucionalmente”, aseguró el portavoz acciopopulista.

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Congresistas al ataque

Otro partido que apoya esta ley es Alianza para el Progreso (APP). Su vocero, Eduardo Salhuana, cuestionó el proceder de los organismos electorales y alegó que estos cometen infracciones a la carta magna.

Eduardo Salhuana, vocero de APP. Fotos: Carlos Félix / GLR

“Mira, el JNE en todo momento ha mostrado una actitud de poca colaboración con el Congreso... Habría una infracción constitucional (al no acatar la ley promulgada). Así sean pocos candidatos, perjudican a los ciudadanos. Tendríamos que evaluarlo bien”, dijo Salhuana.

Un magistrado del JNE, que prefirió mantenerse en el anonimato, al ser consultado por este diario recalcó que con el comunicado del miércoles el Pleno de esta institución se reafirma en que el proceso electoral tiene etapas preclusivas y que es imposible, en este periodo, realizar elecciones complementarias, pues el 14 de junio vence el plazo para inscribir candidatos.

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La contrarreforma electoral, primero, dice que el JNE debe abrir dos días el portal Declara para registrar a los precandidatos faltantes, y segundo, que la ONPE organice comicios internos complementarios antes de los 10 días previos a que se cierre el plazo para inscribir a los postulantes oficiales.

Eso significa que la ONPE solo tiene entre hoy y el 4 de junio para organizar las internas complementarias. Es imposible que en dos semanas esta institución concrete este proceso. Pero el congresista Arriola dice lo contrario e incluso propone la posibilidad de que la fecha límite para inscribir candidatos sea pospuesta. “Ya no sería el 14 de junio, sino el 30 de junio. Tienes que ser flexible”, manifestó.

El calendario electoral, cuando el proceso ya está en marcha, es intocable. Porque, como lo explicó el magistrado del JNE consultado, las etapas son preclusivas. Pero ayer en los exteriores de la sede del Jurado hubo una protesta convocada por Acción Popular. En la movilización había banderolas con el rostro del alcalde de Ate, Edde Cuéllar, de AP. Este fue voceado como precandidato a la alcaldía de Lima, pero su inscripción no se concretó, y así es como Acción Popular se quedó sin postulantes a la alcaldía de Lima.

Embestida. Militantes de Acción Popular fueron a la sede del JNE a protestar. Ayer fue el aniversario del JNE. Foto: John Reyes/La República

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Días después de que el sistema electoral cerrara, Arriola presentó el proyecto de ley que otorga más plazo. La propuesta, por acuerdo de Junta de Portavoces, fue exonerada de trámite de comisión. La enviaron directamente al debate en el Pleno del Congreso. La vocera de Cambio Democrático, Ruth Luque, denunció entonces que la Mesa Directiva vulneraba el reglamento congresal, pues las iniciativas que apuntan a modificar leyes orgánicas, como es la electoral, deben debatirse en sus comisiones respectivas.

Pero la Mesa Directiva, presidida por Maricarmen Alva (AP), no hizo caso. El Pleno tampoco, y rechazó la solicitud. Al final la ley se aprobó y luego promulgó.

Ayer la Junta de Portavoces acordó consultar a la Procuraduría del Congreso las acciones que adoptarán ante el anuncio del sistema electoral de no cumplir la ley que vulnera la intangibilidad. Por su parte, el JNE se vería obligado a acudir al Tribunal Constitucional en busca de apoyo. Esto último pondría a prueba la independencia de los miembros del TC, recientemente elegidos por el Congreso.

Afrenta. La Mesa Directiva de María del Carmen Alva ha avalado la ley que afecta elecciones. Foto: Congreso

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Intereses en juego

Desde que Keiko Fujimori resultó derrotada en la segunda vuelta del 2021, los partidos de oposición han intentado poner contra las cuerdas a las instituciones del sistema electoral.

“El Congreso ha querido interferir en los organismos electorales. Lo que dice el congresista (José Arriola) es un error porque los jueces electorales son los intérpretes de la ley y es el juez el que aplica, los jueces electorales son los llamados a determinar si se aplica una norma o no. Claramente esa norma es inaplicable. Afecta el principio de preclusión de etapas”, explicó el experto Jorge Jáuregui.

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No pueden denunciarlos

Karin Guevara, abogada en temas electorales, sostuvo que los magistrados del JNE no pueden ser denunciados por no acatar la ley de contrarreforma electoral. “El Jurado es un órgano autónomo y se equipara al Tribunal Constitucional, pero en materia electoral. Por eso es que, dentro de su potestad, ellos pueden sacar este tipo de acuerdos”, refirió.

Incluso, para Jáuregui, los denunciados por infracción a la carta magna deben ser los parlamentarios que apoyaron esta ley. “Quienes han infringido la Constitución son los congresistas que votaron a favor de esta ley. Los organismos electorales están exentos de disposiciones que afecten la autonomía del proceso electoral. El Congreso ha querido interferir en los organismos electorales”, anotó el experto en temas electorales.

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Ataques desde otro frente: la comisión Montoya

La ley de contrarreforma no es el único camino para atacar a los organismos electorales. En el Congreso, dentro de 15 días, se votará el informe final de la Comisión Investigadora de las Elecciones 2021, grupo presidido por Jorge Montoya (RP). Y pese a que este informe tampoco demuestra que hubo fraude, recomienda denunciar a los jefes del JNE, la ONPE y el Reniec “por omisiones de funciones y abuso de autoridad”.

Foto: La República

Bajo esa premisa simple y sin pruebas, esta comisión busca ‘legalizar’ sus denuncias de manipulación de votos. Al desacreditar al sistema electoral, intentan deslegitimar la elección de Pedro Castillo, abrir paso a la discusión de una vacancia y consumar su venganza contra los jefes del JNE y la ONPE.

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Reacciones

José Arriola, Acción Popular

“El JNE, en pleno escenario político crítico, no tuvo que considerar reglas inverosímiles como elecciones de precandidatos y la aplicación de un sistema informático que colapsó y que abarca a partidos”.

Eduardo Salhuana, APP

“El JNE, en todo momento, ha mostrado una actitud de poca colaboración con el Congreso (...). No tuvieron una actitud dialogante ni de colaboración entre poderes del Estado. Los notamos arrogantes”.

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Karin Guevara, abogada electoral

“¿Es la primera vez que el Pleno del JNE decide adecuar la normativa para que respeten los derechos de participación política? No es la primera vez y a ninguno de los otros plenos los han denunciado”.

Jorge Jáuregui, abogado electoral

“Yo espero que el JNE y la ONPE activen los mecanismos internacionales de protección para evitar a esta tiranía que se ha instalado en el Parlamento, que tiene capturado el Ejecutivo”.