Gobierno declara en emergencia la zona de Cuajone

Zaida Tecsi. Cusco

Hace 60 días, Cuajone, mina de cobre que explota Southern Perú, se quedó sin agua. La comunidad de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala le cerró el suministro para exigirle el pago de 5.000 millones de dólares. Además, le bloqueó la línea férrea que utilizaba para el traslado del mineral a la costa peruana.

Después de semanas de diálogo infructuoso, el Ejecutivo anunció que recuperará el embalse de Viña Blanca. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, justificó la decisión para proteger la vida de 5.000 familias que radican en el campamento minero y que se quedaron sin este servicio básico. “El diálogo puede continuar, pero debemos garantizar ese servicio y evitar enfrentamientos entre peruanos”, dijo.

El panorama para la actividad minera viene mal en el sur. En Apurímac, donde opera MMG Las Bambas, fracasó el diálogo. Los comuneros continúan en posesión de terrenos de propiedad de la compañía de capitales chinos. Invadieron el yacimiento y la minera optó por paralizar sus operaciones indefinidamente. Los trabajadores de ambas compañías anunciaron que se unirán para protestar contra el Gobierno. Lo acusan de azuzar la protesta antiminera.

Cuajone en emergencia

En Cuajone viven cinco mil familias en el campamento. Los jefes de familia quedaron sin empleo. La salud está en riesgo por falta de agua, colapsó el hospital y 600 escolares no van al colegio.

El Ejecutivo publicó anoche que la provincia Mariscal Nieto, donde se ubica el tajo de cobre, se declaró en emergencia por 60 días para recuperar el principio de autoridad. La ministra Chávez argumentó que la medida busca evitar los enfrentamientos entre los 470 comuneros y los miles de trabajadores de Southern que amenazaron recuperar a la fuerza el embalse de Viña Blanca.

Igualmente, el premier Aníbal Torres explicó que los huelguistas tienen algunos reclamos económicos inatendibles. “Tienen un pedido irracional, 5.000 millones de dólares, una cantidad inimaginable”, apuntó.

La noticia representa una esperanza para el personal de la mina. Jesús Ordóñez, secretario de los trabajadores de Southern, dijo que esperan que hoy mismo vuelvan a laborar tras la publicación del estado de emergencia, que reforzará la seguridad con la PNP y las FF. AA. “No es la solución que buscábamos, pero de alguna manera nos da tranquilidad. No se imagina cómo hemos estado casi dos meses, peor con la angustia de que la mina iba a cerrar definitivamente”, dijo.

Según Ordóñez, la mina barajaba la posibilidad del cierre. Eso generaría una afectación para el Estado de S/ 3.100 millones por impuestos y regalías, y se perderían 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

La restitución de actividades en Cuajone, de ser liberada, podría tardar días. Según Ordóñez, se debe restituir algunos rieles de la vía férrea bloqueada, así como trabajos de limpieza. Aunque el Gobierno aún no precisó cómo se dará la liberación de la mina, para el dirigente, las fuerzas policiales y militares deben tomar el control del embalse de agua que abastece al campamento.

Las Bambas no opera

La empresa MMG Las Bambas, ubicada en la región Apurímac, paralizó sus operaciones de explotación de cobre desde ayer por tiempo indefinido. Hace una semana, comuneros de Fuerabamba, del distrito de Challhuahuacho, invadieron propiedad de la minera que reclaman como suya. “La detención de nuestras operaciones se mantendrá hasta que se pueda concretar un acuerdo viable, con el fin de asegurar principalmente la seguridad de nuestros trabajadores “, dijo en un comunicado.

Ayer, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, encabezó una comisión de alto nivel del Gobierno y junto con representantes de la minera llegaron a la zona de Takiruta, donde pernoctan los comuneros. El intento de hacer desistir a los huelguistas de la invasión no prosperó.

Los comuneros insisten en que su reclamo es justo y que Las Bambas incumplió más de cien compromisos, entre ellos, la adquisición de 180 hectáreas para su agricultura. Además, aseguran que los terrenos donde fueron reasentados son reclamados por otra comunidad. “No tenemos a dónde ir. No somos antimineros ni estamos protestando por plata. Que la mina solucione con las comunidades que se han vuelto a posicionar en Nueva Fuerabamba, si eso no ocurre, no vamos a salir de acá”, señaló su dirigente Edison Vargas.

Las Bambas, por su parte, asegura que el 70% de los compromisos fueron cumplidos y el resto está en curso. Al final de la cita se firmó un acta en la que se asumen algunos compromisos para reiniciar el diálogo, siempre y cuando la minera y el Gobierno solucionen el conflicto con las comunidades de Choaquere y Chila, que habrían desalojado a los fuerabambinos. El ministro Palacios se quedó en la zona para atender hoy este punto.

Erick Torres, secretario de los trabajadores de Las Bambas, dijo estar consternado al igual que las más de ocho mil personas que dependen de Las Bambas. “Vivimos una situación de incertidumbre constantemente. En la noche (de ayer) terminarán de trasladar al personal. Con comuneros dentro de la mina, la empresa no puede hacer otra cosa que paralizar”, cuestionó.

Para el dirigente, el Gobierno contribuye con los conflictos sociales al no atender oportunamente las demandas. Acusó al Ejecutivo Nacional de propiciar la tensión en el país. “Hay algo oscuro. Vean el caso de Cuajone, de dos meses, nosotros también debemos esperar algo similar. Por qué permitir este caos que desestabiliza al país”, mencionó.

Corredor minero

Los comuneros de los distritos de Pallpata, Pichigua, Alto Pichigua, Ocoruro y Condoroma, en la provincia cusqueña de Espinar, se movilizaron ayer en contra del Gobierno y la minera Glencore Antapaccay. Exigen ser declarados de influencia directa del proyecto minero Coroccohuayco y ser sometidos a consulta previa. De lo contrario amenazan con bloquear el corredor minero como parte de una huelga indefinida. Cumplir ese pedido implica la modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero.

Los manifestantes señalaron que su medida (de ayer) fue preventiva y que aguardarán la llegada del premier, Aníbal Torres, para el 29 de abril. Antapaccay es una de las mineras más importantes de la región imperial, genera más de cinco mil empleos. Su nuevo proyecto podría correr la misma suerte que Cuajone.

Las tres mineras son responsables del 30% de cobre que produce el Perú, generadoras de más de 20.000 puestos de trabajo directo. Para el consultor minero César Montes de Oca, el Gobierno debe transparentar su política minera para no ahuyentar a los inversionistas. Dijo que la afectación de cada minera repercute en las empresas, los trabajadores y la misma población que se beneficia con canon para la ejecución de obras. “En los ocho meses de este Gobierno, Las Bambas suspendió sus operaciones hasta tres veces, eso es inadmisible”, dijo.

Trabajadores de mineras se unen por sus derechos

Erick Ramos, secretario de los trabajadores de Las Bambas, anunció que los sindicatos de Las Bambas y Southern realizan coordinaciones para protestar en contra del Gobierno y su actitud pasiva frente a los conflictos sociales que ponen en peligro la actividad minera del sur del Perú. Jesús Ordóñez, de Southern, confirmó la posición y dijo que convocarán a los sindicatos de Antamina y Antapaccay, también en conflicto. No se descarta que inicien protestas. “Esta situación es recurrente, mes a mes. Las paralizaciones son constantes. Esto nos empuja a organizarnos, este problema se presenta en cada región”, mencionó.

No hay capacidad de dirección

Enfoque por: Iván Lanegra, secretario general de Transparencia

Las circunstancias actuales son consecuencia de los problemas de fondo no resueltos en el actual modelo de gestión de proyectos que han reposado muchísimo en el comportamiento de las empresas, es decir, se han sostenido sobre su capacidad de llegar a acuerdos con las comunidades y darles respuestas a los problemas focales más allá de la debilidad del Estado.

Recién entra el Estado cuando el problema se ha desatado, y se asumen compromisos que no están en la capacidad de atender o, si los atiende, no es capaz de hacer el seguimiento efectivo. Hay faltas en la capacidad de gestión, y si existe, no hay liderazgo ni capacidad de dirección adecuada. No hay una estructura del Estado dedicada particularmente a la atención de los conflictos, porque esta es sectorial. Respecto a las fallas en el Minem, se puede decir que llueve sobre mojado aunque los problemas mencionados ya existían desde antes, pero con la ineptitud de funcionarios, todo es un desastre. En los últimos meses hemos tenido estas situaciones no solo en el Minem, sino en varios sectores con problemas de capacidades mínimas.