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Tres políticos peruanos que aún tienen pendientes sus procesos de extradición

Aunque el proceso de extradición más recordado fue el de Alberto Fujimori desde Chile en septiembre de 2007, la política peruana aún guarda nombres de algunos personajes que siguen luchando por la vía judicial para frustrar su retorno a nuestro país.

El caso más emblemático en la actualidad es el tardado proceso de extradición de Alejandro Toledo, quien desde el 2019 vive en California. Foto: diseño de Gerson Cardoso / GLR
El caso más emblemático en la actualidad es el tardado proceso de extradición de Alejandro Toledo, quien desde el 2019 vive en California. Foto: diseño de Gerson Cardoso / GLR
Miguel Ángel Candia

Suele decirse que la justicia tarda, pero llega; también que la justicia que tarda ya no es justicia, una serie de frases elaboradas en torno al sistema judicial peruano y lo tardados que suelen ser los procesos que se le siguen a personajes mediáticos o políticos nacionales. Algunos con el fin de retrasar una condena escaparon del país, como es el caso del expresidente Alejandro Toledo en Estados Unidos o el exjuez de la Corte Suprema César Hinostroza en España. Martín Belaunde Lossio se encuentra en libertad en nuestro país, tras fugarse, en el 2015, hacia Bolivia, pero su proceso de extradición sigue siendo ampliado para que se le pueda juzgar por más delitos de los que sería responsable. Aquí un recuento:

Alejandro Toledo

En noviembre de 2021, la Justicia de Estados Unidos decidió que el expresidente Alejandro Toledo debía ser extraditado a nuestro país al encontrar suficientes pruebas que lo vinculaban con actos de corrupción en el Perú. La decisión final recae ahora en manos del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, quien podría ponerle fin a este proceso —de más de dos años de duración— que libra la justicia peruana para traer al exmandatario y que sea juzgado por los presuntos delitos de los que se le acusan.

Desde julio de 2019, Alejandro Toledo vive en California, Estados Unidos. A partir de aquella época estuvo bajo prisión preventiva por ocho meses ante un posible riesgo de fuga, determinado por un juez norteamericano. En marzo de 2020, cambió su situación a la de arresto domiciliario debido a la pandemia de COVID-19. Por lo pronto, la Cancillería logró suscribir un acuerdo con las autoridades estadounidenses para repatriar US$ 686.000 del expresidente Alejandro Toledo de EE.UU., como parte de un proceso de confiscación.

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César Hinostroza

La pandemia de COVID-19 no solo retrasó el proceso de extradición del expresidente Toledo, así también lo hizo con el juicio que se lleva en España por el exjuez de la Corte Suprema César Hinostroza. En diciembre de 2021, la audiencia donde se vería su caso fue postergada hasta enero de este año, tras argumentar que no podía presentarse por haberse contagiado de COVID-19. El exjuez supremo ha buscado diversas formas de retrasar su extradición con excusas y recursos ante la Audiencia Nacional.

Sobre Hinostroza pesa ya una primera entrega a Perú, acordada por la Audiencia Nacional y por el Gobierno español, por el caso conocido como “Los cuellos blancos del Puerto”. Existe también otro pedido de extradición por otro caso, por presuntamente haberle entregado 10.000 dólares a una funcionaria encargada del control de migraciones de Tumbes para facilitar su salida del país, pese a que se encontraba impedido de hacerlo.

En marzo de este año, la Audiencia Nacional de España rechazó el Recurso de Súplica interpuesto por Hinostroza Pariachi para este segundo pedido de extradición.

Martín Belaunde Lossio

Otro es el caso de Martín Belaunde Lossio, a quien se le atribuye ser presuntamente parte de una organización criminal dedicada a actos de conversión de dinero para la campaña del expresidente Ollanta Humala. En marzo de este año, el Ministerio de Justicia aprobó el sexto pedido de ampliación de extradición a Bolivia, para que pueda ser juzgado en nuestro país por el presunto delito de lavado de activos agravado.

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En el caso de Martín Belaunde Lossio, este fue entregado por el Gobierno de Bolivia en mayo de 2015. El empresario huyó de su prisión preventiva hacia la ciudad de La Paz. Desde diciembre de 2017 cumplía una prisión preventiva por el caso Antalsis, pero ya se encontraba recluido desde antes por el caso La Centralita. En diciembre de 2019 recuperó su libertad tras vencer el plazo de 24 meses de prisión preventiva; en una de sus primeras intervenciones en la prensa dijo que trabajaría en demostrar su inocencia.