¿Cómo actuaron Mirtha Vásquez y Guido Bellido en los anteriores conflictos sociales?

Un paro de 24 horas se ha convertido en un conflicto que registra ya unos cinco fallecidos en más de una semana de protestas. Varios gremios de transportistas, a quienes se les sumaron agricultores, reclaman desde el pasado lunes 28 de marzo por el alza del precio de combustible que les ha generado un impacto en la rentabilidad de sus negocios.

La problemática empeoró en Huancayo cuando, después de algunos días de reclamos, no hubo respuestas del mandatario para llegar a un acuerdo y solucionar a la brevedad las manifestaciones que, luego de algunos días, escalaron agresivamente a nivel nacional. Además, un desafortunado comentario del jefe de Estado, al afirmar que los dirigentes de las marchas habían recibido dinero, enarboló el sentir popular.

Una comitiva de ministros de Estado llegó hasta la capital de la región Junín para instalar una mesa de trabajo. Aníbal Torres, flamante primer ministro, brilló por su ausencia. Solo bajaron del avión Óscar Zea (Agricultura), Óscar Graham (Economía), Félix Chero (Justicia) y Alfonso Chávarry (Interior).

El encuentro tuvo lugar en el Coliseo Wanka, donde la falta de una metodología durante la reunión con dirigentes de gremios agrarios y transportistas generó el riesgo de quebrantar el diálogo duramente establecido.

Tras una serie de conversaciones y acuerdos publicados por el Ejecutivo, la huelga todavía no ha finalizado. Una de las últimas medidas que se ha anunciado es el desarrollo de una sesión del Consejo de Ministros descentralizada que tendrá lugar en Huancayo el próximo jueves 14. Aunque luego de la reunión y la toma de más decisiones a favor de los gremios protestantes se logre el levantamiento del paro, quedará asentado que al menos cinco personas fallecieron por la falta de reacción por parte del Ejecutivo.

Luego de ocho días de un paro que se avizora como indefinido, la actuación de Aníbal Torres no ha sido la esperada en un conflicto social que pudo evitar tal grado de escalamiento. Ahora, se evidencia una diferencia con la actuación de otros titulares de la PCM que tuvo el Gobierno de Castillo en situaciones similares.

Guido Bellido y las comunidades del corredor minero

El primer conflicto social del Gobierno de Pedro Castillo lo asumió el entonces jefe del gabinete ministerial Guido Bellido. Esta estalló el 16 de agosto del 2021 con el bloqueo del corredor minero que pasa cerca de las comunidades de la provincia de Chumbivilcas (Cusco).

En aquella ocasión, los representantes de la comunidades campesinas culparon al primer ministro de no querer instaurar una mesa de diálogo para atender sus demandas. El 2 de agosto, el oficialista Bellido Ugarte les había prometido, en la visita que realizó al lugar, la pronta solución al problema con la implementación de un grupo de trabajo. Los comuneros levantaron su paro que realizaban desde el 23 de julio.

Ante la demora del Ejecutivo, las comunidades de Chumbivilcas retomaron la protesta y paralizaron la vía minera. Entonces, el Consejo Ministro programó la instalación de la mesa de diálogo para el 28 de aquel mes, pero finalmente se implementó, con la presencia de Guido Bellido, al día siguiente en la comunidad de Huaninquiri.

Tras dialogar con las comunidades, el ex primer ministro manifestó el acuerdo de conformar grupos de trabajo que tratarían el saneamiento de la propiedad, el tema medioambiental, denuncias de los comuneros, el tema jurídico y la declaratoria de la vía como nacional.

Mirtha Vásquez y el derrame de petróleo en La Pampilla

El 15 de enero se registró un derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, de Repsol. Pese a que los representantes de la empresa alegaron que se debió a un oleaje anómalo producido por la erupción de un volcán submarino en Tonga, el Ejecutivo tomó medidas contra los responsables.

Mirtha Vásquez, quien en ese momento se encontraba al mando de la PCM, comunicó la conformación de un comité de crisis para trabajar de manera articulada y así lograr remediar el desastre ecológico que afectó gravemente la fauna marina en la zona. El grupo de trabajo multisectorial estaría conformado por el Ministerio del Ambiente, el de Desarrollo Agrario y Riego, el de la Producción y el de Relaciones Exteriores.

Posteriormente, la entonces primera ministra suscribió junto al presidente Pedro Castillo un decreto supremo que declaraba de interés nacional la emergencia climática por el vertido de crudo en las playas de Ventanilla.

Asimismo, promovió el diálogo con la empresa responsable para que la primera acción emprendida fuera la limpieza de las zonas afectadas para reducir los efectos climáticos. Posteriormente, el Gobierno iniciaría los procesos legales contra Repsol.

Castillo Terrones también tuvo una respuesta oportuna al anunciar que se tomarían “acciones penales, civiles y administrativas” contra los responsables y que no permitiría que se “pisoteen impunemente los ecosistemas y la honra de nuestro pueblo”.

Incluso luego de su renuncia, Vásquez Chuquilín comentó que el Gobierno venía preparando una demanda internacional contra la multinacional petroquímica de origen español. De acuerdo con la ahora ex primera ministra, el Estado ya había solicitado los contratos correspondientes para iniciar las acciones legales necesarias que permitieran una compensación. Así, tras su renuncia, manifestó su deseo por ver justicia ante las exigencias de la población afectada.

“Solicitamos los contratos a los entes competentes y veníamos preparando una demanda internacional a la altura de la gravedad del desastre ambiental de Repsol. Espero que esta gestión continúe y atienda el pedido ciudadano de justicia socioambiental”, expresó por medio de su cuenta de Twitter.