Política

Proyectos para salir de la crisis están encarpetados por Patricia Juárez

Parlamento. Hay cinco iniciativas de ley y de reforma que buscan definir la figura de la permanente incapacidad moral, pero el fujimorismo ha optado por bloquearlos en la Comisión de Constitución.

Operadora. Fujimorista Patricia Juárez preside la Comisión de Constitución del Congreso. Foto: difusión
Operadora. Fujimorista Patricia Juárez preside la Comisión de Constitución del Congreso. Foto: difusión
Wilber Huacasi

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado su preocupación por la falta de definición en el Perú de la figura de permanente incapacidad moral, como causal de vacancia del presidente. Una regulación de este tipo está en la cancha del Congreso; sin embargo, la Comisión de Constitución, que preside la parlamentaria Patricia Juárez (Fuerza Popular), ha optado por bloquear este tipo de reformas.

A la fecha son cinco los proyectos de ley o reforma presentados, que van en la línea de lo planteado por la CIDH.

La propuesta más integral corresponde al Ejecutivo. El 19 de octubre del 2021, Pedro Castillo presentó el proyecto 474, donde propone un marco de reformas para garantizar el equilibrio de poderes. Por un lado, el presidente plantea reemplazar la incapacidad moral por incapacidad mental acreditada por una junta médica.

Patricia Juárez promueve reformas contra el equilibrio de poderes pero las recomendadas por la CIDH continúan encarpetadas. Foto: difusión

En segundo lugar, el documento incluye propuestas que limitan el uso de la cuestión de confianza, como paso previo para el cierre del Congreso.

Los proyectos de Edward Málaga (Partido Morado) y Segundo Quiroz (Perú Libre) van en la misma línea. La iniciativa de Edgard Reymundo (Juntos por el Perú) plantea algo similar, solo que a través de una ley de desarrollo. Y, finalmente, el proyecto de Enrique Wong (Podemos Perú) apunta más bien a desarrollar un contenido de la incapacidad moral, dejando, sin embargo, un amplio margen para la ambigüedad.

Además hay dos proyectos vinculados con la vacancia (ver cuadro), que van en la línea de elevar a 104 los votos para aprobar una vacancia o aplicar la ley de muerte cruzada; es decir, si el presidente es vacado, se produce el cierre automático del Congreso. Todos estos proyectos están encarpetados.

Se ha presentado un proyecto de ley en el que si el presidente es vacado, también se desafora a los congresistas. Foto: composición LR

Un nuevo mecanismo

La politóloga Paula Távara apunta que incluso antes de la CIDH, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que es necesario definir bien la incapacidad moral permanente.

Según advierte, la falta de esta definición permite al Congreso impulsar procesos de vacancia como un arma política. “Promueven la vacancia sabiendo que no tienen los 87 votos, solo para que el presidente responda. En todo caso, el Congreso debería realizar una reforma y crear un mecanismo que permita interpelar al presidente, como ocurre en España, y así evitar el mal uso del proceso de vacancia”, enfatizó.

Requisitos más altos

Por su parte, Percy Medina, de IDEA Internacional, coincide en la necesidad de definir la figura de la permanente incapacidad moral para evitar su uso arbitrario, pero hace hincapié en que también se debe “ampliar las posibilidades de acusación constitucional contra el presidente, respecto de otros delitos, como la corrupción, que actualmente no están incluidos”.

En relación al proceso de la vacancia, Percy Medina considera que se debe fijar requisitos más altos para la declaratoria de incapacidad moral permanente, si el Congreso decide mantener esta figura.

Reacciones

Paula Távara, politóloga

“La falta de definición de la permanente incapacidad moral permite al Congreso utilizar la vacancia como arma política. En la práctica, hoy el contenido de esta figura se define únicamente por los votos”.

Percy Medina, IDEA Internacional

“Hay un consenso de los especialistas en el sentido de que la permanente incapacidad moral es una figura demasiado abierta y que se puede usar de un modo arbitrario. Es necesario limitarla o redefinirla”.

Agenda. Juárez (FP) ha priorizado otros proyectos como la restricción del derecho de participación o aquel que limita la aplicación de la cuestión de confianza. Foto: difusión