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Política

Indulto que dio Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori tiene origen espurio

Fuera de la ley. Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, denunció constitucionalmente a Kuczynski y exministros Enrique Mendoza y Fernando D’Alessio, además de otros funcionarios públicos, por concertar fraudulento indulto para Alberto Fujimori, que ahora ha validado el TC.

Concertación. Dos procesos penales en curso cuestionan legalidad del indulto concedido por Kuczynski, producto de un acuerdo entre este y Kenji Fujimori. Foto: difusión
Concertación. Dos procesos penales en curso cuestionan legalidad del indulto concedido por Kuczynski, producto de un acuerdo entre este y Kenji Fujimori. Foto: difusión
Abel Cárdenas

Los miembros del Tribunal Constitucional que votaron por la restitución del indulto que otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, el 24 de diciembre del 2017, estaban perfectamente enterados de que dicho perdón tuvo un origen ilícito.

De hecho, el 9 de setiembre del 2021, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, denunció a Kuczynski por haber negociado con el excongresista Kenji Fujimori la compra de votos contra el primer pedido de vacancia presidencial, a cambio del indulto para Fujimori.

Ávalos consideró que existía suficiente mérito para formular denuncia constitucional contra Kuczynski como autor de los delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio. En el caso de Kenji Fujimori, planteó acusación por el delito de tráfico de influencias agravado en su condición de instigador y como autor de cohecho activo genérico propio.

La fiscal de la Nación incluyó a los exministros de Justicia Enrique Mendoza Ramírez y de Salud Fernando D’Alessio Ipinza como cómplices del delito de cohecho pasivo propio.

Además, debido a la gravedad de los hechos, Zoraida Ávalos trasladó el expediente del caso a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que proceda contra Alberto Fujimori, Luis Tejada Mera, Luis Champín Loli, Keneth Mora Laneo y miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales y de la Junta Médica. La fiscal de la Nación encontró indicios de concertación entre Alberto Fujimori y estos funcionarios públicos para fraguar un indulto humanitario sin cumplir con las exigencias de ley.

Por lo que los magistrados Alfonso Ferrero, Ernesto Blume y José Sardón revalidaron un indulto que es materia de acusación penal por su origen espurio, producto de un acuerdo ilegal.

Al respecto, justamente, el constitucionalista Luciano López señaló en su cuenta de Twitter: “En el comunicado, el Tribunal Constitucional señala que restituyó la vigencia del indulto fraudulento que Kuczynski otorgó a Fujimori. Por este hecho, Kenji Fujimori, Kuczynski y varios ministros fueron acusados en el 2021, motivo por el cual afrontan proceso penal. ¿Cómo el TC va a validar (el indulto) si es materia de acusación?”.

Sin embargo, no es el único proceso penal que pone en entredicho la legalidad del indulto que otorgó Kuczynski y que el TC ha resucitado.

El 3 de enero del 2020, el juez supremo Hugo Núñez Julca resolvió declarar procedente el juicio oral contra Kenji Fujimori, los excongresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel y el exasesor Alexei Toledo. Se les imputa haber ofrecido obras públicas a otros legisladores a cambio de que no votaran por el primer intento de vacancia de Kuczynski. A su vez, este concedería el indulto humanitario al padre de Kenji Fujimori, como efectivamente ocurrió.

Debe recordarse que quien promovió la denuncia contra Kenji Fujimori fue su propia hermana, Keiko Fujimori. En una reunión sostenida en su domicilio con el congresista Moisés Mamani, este le entregó copias de los audios y videos que había grabado de sus reuniones con Kenji Fujimori y otros congresistas. Keiko Fujimori le pidió al entonces vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, que difundiera el material audiovisual que implicaba a su propio hermano. Keiko Fujimori estuvo en desacuerdo con el indulto que otorgó Kuczynski.

Entre el caso denunciado por la fiscal de la Nación y el proceso penal seguido por el juez Hugo Núñez, el objetivo final de los implicados era obtener el indulto para el expresidente Fujimori.

Más recientemente, el 12 de enero de este año, el fiscal supremo adjunto Alcides Chinchay Castillo sustentó ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema el pedido de 12 años de cárcel para Kenji Fujimori por los delitos de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado.

El fiscal supremo Chinchay señaló que existían evidencias documentales y testimoniales de que Kenji Fujimori, en complicidad con los excongresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, organizó la compra de votos con otros legisladores para salvar del primer intento de vacancia a Pedro Pablo Kuczynski.

Por lo que los magistrados del TC lo que han hecho es validar un indulto cuyo origen es espurio.

Contra el indulto trucho

Denuncia constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski y Kenji Fujimori por el indulto fraudulento.