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Política

Congreso: buscan silenciar denuncia por muertes de Inti y Bryan

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha desestimado diversas pruebas presentadas por la Fiscalía de la Nación señalando que no son pertinentes para establecer responsabilidades penales.

Impunidad a la vista. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales buscaría anular diversas pruebas para concluir que Manuel Merino y sus ministros no son responsables de la represión. Foto: Antonio Melgarejo/ La República
Impunidad a la vista. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales buscaría anular diversas pruebas para concluir que Manuel Merino y sus ministros no son responsables de la represión. Foto: Antonio Melgarejo/ La República
César Romero

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso pretendería actuar como un tribunal judicial para debilitar o neutralizar la denuncia constitucional que la fiscal de la Nación presentó por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas de noviembre del 2020.

En octubre del 2021, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formalizó una denuncia constitucional contra Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo, en su calidad de presidente de la República, primer ministro y ministro del Interior.

De acuerdo con la Fiscalía, serían presuntos autores por omisión impropia de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, a título de dolo eventual.

La referida subcomisión es un órgano auxiliar de la Comisión Permanente del Congreso, integrada por 12 congresistas. Tiene dos funciones:

Uno, calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias que presentan los ciudadanos, congresistas y el Ministerio Público, para autorizar a los fiscales a iniciar el procedimiento penal y eventualmente acusar y llevar a juicio a los denunciados.

Dos, llevar a cabo la investigación de los hechos en los supuestos de una acusación por infracción constitucional aprobada por la Comisión Permanente.

La denuncia por las muertes de Inti y Bryan y lesiones graves contra 78 ciudadanos corresponde a la primera función, pues la Fiscalía formalizó la denuncia en aplicación del artículo 99 de la Constitución, como titular de la acción penal contra altos funcionarios públicos.

El Ministerio Público estableció que los altos funcionarios públicos denunciados “habrían incumplido su deber constitucional y legal de protección especial frente al bien jurídico de la vida e integridad física de los ciudadanos que participaron en las protestas sociales que se realizaron en el país del 9 al 14 de noviembre del 2020″.

La subcomisión es presidida por la congresista Rosio Torres Salinas, de Alianza para el Progreso, y se le ha delegado al congresista de Avanza País Alejandro Cavero Alva ser el ponente de la denuncia.

El lunes 7 de marzo, la subcomisión escuchó al representante del Ministerio Público, el fiscal supremo adjunto Ramiro González, y los descargos de Merino, quienes, además de rechazar la denuncia, hablaron de las pruebas y atenuantes excluyentes de responsabilidad.

Sin embargo, para sorpresa de los representantes de la Fiscalía, el congresista Alejandro Cavero les informó que habían realizado una calificación de pertinencia de pruebas, excluyendo una serie de testimonios e informes policiales recogidos por la Fiscalía, porque supuestamente no ayudaban a establecer las razones que tuvieron los denunciados al decidir la actuación policial.

Para el Ministerio Público, la subcomisión no tiene atribuciones constitucionales para calificar la pertinencia de las pruebas o sobre la responsabilidad de los denunciados en una acusación constitucional, pues eso corresponderá a los jueces en el proceso judicial.

Al evaluar las pruebas y la probable responsabilidad de los denunciados, la subcomisión estaría entrando en el terreno judicial, usurpando las funciones que les corresponde a los jueces, advierten en el Ministerio Público.

Así, la subcomisión podría desestimar la denuncia argumentando falta de pruebas o llegar a la conclusión de que Merino de Lama, Flores-Aráoz y Rodríguez Limo no son responsables de las muertes de Inti y Bryan ni de los 78 heridos graves, lo que equivaldría a una absolución judicial.

La Fiscalía espera que la acusación constitucional sea aprobada, lo que permitirá iniciar el marco probatorio y que en su momento un juez determine hasta dónde llega la responsabilidad de la represión de las protestas de noviembre.

Alejandro Cavero está cargo de la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino. Foto: composición Congreso/ La República

Una represión que afectó los derechos humanos

Hubo un contexto de protesta en el que se vulneraron derechos humanos. (…) Esa respuesta policial desproporcionada significó violación de los derechos humanos a la vida, integridad, a la protestas... (Los denunciados) tenían la posibilidad de cambiar el curso de los sucesos, no lo hicieron, y eso, de acuerdo al derecho interno e internacional, implica una responsabilidad”, señaló la Fiscalía.

Rosio Torres, presidenta de la subcomisión, anunció que próximamente esta también escuchará a los testigos de los hechos, luego de lo cual el legislador Alejandro Cavero presentará un informe que recomiende o no la procedencia de la denuncia constitucional. Si la calificación es procedente, la denuncia pasará a la Comisión Permanente, y luego al Pleno del Congreso.