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Política

Mark Vito pide levantar incautaciones contra dos inmuebles por caso Cócteles

Esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, solicitó que se retiren las medidas de incautaciones contra dos terrenos de su propiedad en Chilca. Vito está acusado a más de 22 años de cárcel.

Mark Vito Villanella también es acusado por simular ingresos económicos con fondos ilícitos. Foto: Difusión.
Mark Vito Villanella también es acusado por simular ingresos económicos con fondos ilícitos. Foto: Difusión.
Alonso Collantes

Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori y coacusado por lavado de activos en el caso Cócteles (Odebrecht), solicitó esta mañana que se levanten las incautaciones que pesan contra dos inmuebles de su propiedad desde julio de 2021.

Según manifestó uno de sus abogados, Carlos Mayta, los terrenos ubicados en los lotes 8 y 9 de las “Lomas de Chutana”, manzana N, en Chilca, ya tenían vigente una medida de embargo dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho desde abril de 2019 durante la etapa de investigación, por lo que las incautaciones no debieron aprobarse.

“No existe sustento por parte del juez de primera instancia [Víctor Zúñiga Urday, que aprobó la incautación en abril de 2021] para cuestionar la operaciones comerciales de Mark Vito, se vulneró principio de legalidad y proporcionalidad. A la fecha existen medidas cautelares que son incompatibles”, sostuvo Mayta ante la Segunda Sala de Apelaciones Nacional.

Juez Zúñiga autorizó en abril de 2021 las incautaciones a los terrenos de Mark Vito.

El letrado explicó también que la incautación solo se podía solicitar durante la fase de investigación, no obstante, el fiscal Domingo Pérez pidió la medida contra los terrenos el 11 de marzo de 2021, poco después de que concluyera las indagaciones y presentara su acusación contra más de 50 personas por crimen organizado, lavado de activos y otros delitos, entre los que se encontraba Keiko Fujimori y Mark Vito.

Al respecto, el fiscal superior adjunto Hernán Mendoza sostuvo que debe aclararse qué medida subsiste ya que no pueden coexistir los embargos y las incautaciones al mismo tiempo. Así, Mendoza pidió anular la decisión que aprobó la incautación de los predios y pidió que el juez Víctor Zúñiga revise nuevamente el pedido para que “este pueda emitir un nuevo pronunciamiento con la intervención de la Procuraduría de Lavado de Activos”.

En este sentido, se busca que se pida una variación del embargo para que se incauten los inmuebles siguiendo los trámites correspondientes, aseguró la Fiscalía. La medida pues, tiene por fin asegurar una posible reparación civil de Mark Vito al Estado en caso se le declare culpable.

Los jueces superiores Iván Quispe, Edgar Medina y Walter Gálvez resolverán si levantan la incautación de los dos terrenos en Chilca u ordenan que Víctor Zúñiga resuelva nuevamente el pedido.

Corretajes en la mira

En el transcurso de la investigación, el fiscal Domingo Pérez halló que MVV Bienes Raíces SAC (empresa de Mark Vito) suscribió 19 contratos por 72,2 millones de dólares (17 de compra y venta y 2 de alquileres) entre el 2014 y 2018, periodo en el que tuvo más actividad inmobiliaria.

Por este conjunto de operaciones, Vito Villanella tuvo un beneficio de más de US$2.192.000. Lo que resaltó entonces tras las pesquisas fue que varias de las personas con las que se realizaron operaciones aportaron a las campañas presidenciales de 2011 y 2016 a Keiko Fujimori.

Así, figuró la empresa Sinomaq del “rey de los casinos” José Sam Yuen, que contrató a Villanella para que vendiera una propiedad por 8,2 millones de dólares. Este empresario había declarado asimismo a la Fiscalía el rol de reclutar a falsos aportantes para el fujimorismo.

Eduardo y Patricia Gubbins Granger, miembros de la familia propietaria de la Compañía Minera Casapalca, clientes de Mark Vito, también fueron aportantes de la campaña de Keiko Fujimori en 2011.

Por los presuntos orígenes ilícitos del dinero que se habría utilizado para estas operaciones de corretaje de inmuebles, la Fiscalía pidió para Mark Vito 22 años y 8 meses de prisión.

A Keiko Fujimori se le pidieron 30 años de cárcel por liderar precisamente una organización criminal entre los años 2011 y 2016 para recibir dinero ilegal de Odebrecht y otros aportes no declarados a las autoridades peruanas.