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Política

Cerca de S/ 150 mil gasta grupo que investiga supuesto fraude electoral

En cuatro meses. El 97% de ese presupuesto ha sido destinado al pago de dos exmiembros de la cuestionada Comisión Lava Jato, de Rosa Bartra; un militante de Renovación Popular; y un aportante para la campaña de Keiko Fujimori. Hasta el momento, tuvieron 12 sesiones, de las cuales 9 fueron reservadas.

Jorge Montoya, presidente del grupo de trabajo, asegura que han avanzado 70% de lo planificado. Justifica reserva para evitar “escándalo”. Foto: difusión
Jorge Montoya, presidente del grupo de trabajo, asegura que han avanzado 70% de lo planificado. Justifica reserva para evitar “escándalo”. Foto: difusión

Con extrema reserva se manejan las acciones de la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales de 2021 por un supuesto fraude, que en tan solo cuatro meses ha gastado cerca de 150 mil soles en personal y temas administrativos.

El 97% del dinero destinado a dicho grupo de trabajo, presidido por el congresista Jorge Montoya, se ha utilizado en pagar a dos asesores y dos técnicos contratados en octubre del año pasado.

Según un informe elaborado por el área administrativa del Parlamento, al que La República tuvo acceso, hasta enero último se les abonó un total de 144.194 soles.

Fueron contratados como asesores de nivel II Roque Augusto Bravo Basaldua y Andrés Eduardo Salas Jaén; y como técnicos a Daniel Ernesto Rodríguez Sánchez y Federico Guillermo Muñiz Salmón. Tres de ellos continúan laborando en el grupo encargado de investigar el presunto fraude electoral denunciado por la oposición por no haber ganado su candidata.

Bravo Basaldua y Rodríguez Sánchez trabajaron en la Comisión Lava Jato, que presidió la entonces fujimorista Rosa Bartra, y que emitió un informe final que decidió no acusar al expresidente Alan García y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En tanto, Salas Jaén es almirante (r) de la Marina y militante activo de Renovación Popular, partido al que pertenece el presidente de la Comisión. Según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, se afilió al partido que lidera Rafael López Aliaga en noviembre último; sin embargo, simpatiza con dicha agrupación desde antes de la primera vuelta de las elecciones generales del año pasado.

Mientras que Muñiz Salmón figura en la lista de aportantes a Fuerza Popular, por lo que fue incluido como testigo en la investigación por presunto lavado de activos que se le sigue a Keiko Fujimori.

Él trabajó en la Comisión solo cinco días. Consultado al respecto, el congresista Montoya omitió este antecedente, y más bien dijo que era muy productivo, pero dejó de trabajar porque ya no necesitaban su asesoramiento.

Desestimó que las contrataciones hayan sido dirigidas, y afirmó que los eligieron tomando en cuenta “quiénes eran los que tenían más experiencias en este tipo de comisiones porque el tiempo es corto y nadie puede ir a aprender”.

Además, de los dos asesores y dos técnicos previstos para la Comisión, también colaboran con ellos personal de planta adicional. En la primera sesión y una de las pocas transmitidas en vivo, realizada el 19 de octubre del año pasado, juramentaron nueve trabajadores, de los cuales solo dos eran asesores, esto a parte de los congresistas miembros del grupo de trabajo.

En cuanto al gasto realizado hasta el momento por concepto de útiles y bienes adquiridos, se reporta 4.283 soles. De esta cantidad, 3.100 soles se destinó a la compra de dos escritorios de melamine en L, entregados al congresista Montoya.

Sin transparencia

El presidente de la Comisión asevera que tienen avanzado ya el 70% del trabajo que se han propuesto, sin embargo, todo se guarda en estricto secreto.

De acuerdo con la página web del Congreso, el grupo ha tenido doce sesiones, de las cuales nueve han sido reservadas y ni siquiera han informado los nombres de todos a quienes han citado. Solo figuran dos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pero no menciona, por ejemplo, al jefe de dicha entidad, Piero Corvetto, quien contó a este diario que ya ha concurrido a la Comisión (ver entrevista). Además, figura la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin. Eso es todo.

En la agenda del resto de sesiones figura que son reservadas o hay una mesa de trabajo, sin dar mayor información.

“Tenemos que terminar el proceso para dar nuestro informe porque la comisión es de carácter reservado. No damos información a nadie durante el desarrollo para evitar que se tergiverse lo que queremos decir. Si quisiéramos hacer un escándalo público o político, lo hubiéramos hecho desde el primer día”, declaró Montoya a La República, asegurando que “en el informe que se va a publicar, ahí va a estar la verdad”.

Fuentes de la Comisión afirmaron que uno de los motivos por los que prefirieron no transmitir en directo las entrevistas es para evitar que la opinión pública note los intereses parciales de algunos de sus miembros y el desconocimiento de la norma electoral.

Por lo que, mencionan, los invitados tuvieron que explicar los procesos electorales que están regulados por la ley y las reformas que se hicieron. Por eso es tan importante que hagan públicos los videos.

Contradicciones

Asimismo, el presidente de la Comisión se ha quejado de que la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han puesto dificultades a su trabajo.

“Esos dos organismos han estado siempre reacios a que se haga la investigación y no muy flexibles para la entrega de información. Hemos tenido que insistir muchas veces para conseguir la información”, acusó.

Sin embargo, como Corvetto aseguró a este diario, han entregado toda la información que les han requerido y adicionalmente adecuado un espacio físico en una de las sedes de la ONPE para que revisen la documentación que necesiten.

Montoya parece no estar de acuerdo con ello, o tal vez no ha sido informado. “Todos deberíamos estar pendientes de ver ese resultado y no decir ‘están gastando mucha plata’, ‘tal cosa no la hagan’, ‘párenla’. Eso denota interés sesgado en el conocimiento real”, se quejó.

Lo cierto es que desde que el Ministerio Público comenzó a archivar las denuncias presentadas por Fuerza Popular, varios legisladores han comenzado a solicitar que dejen sin efecto la comisión.

Hasta el momento, la Fiscalía ha cerrado nueve de las 23 denuncias presentadas por Fuerza Popular de supuesta falsificación de firmas de miembros de mesa para favorecer el triunfo del actual presidente, Pedro Castillo.

Incluso el parlamentario oficialista Elías Varas presentó una moción de orden del día para desactivarla por “carecer de objetividad para seguir en funciones, toda vez que no ha logrado hasta la fecha un solo indicio fuerte que permita seguir en el proceso de investigación”.

Pero la Comisión se resiste e indica que otro objetivo es proponer modificaciones a la legislación electoral. Tienen hasta la segunda semana de marzo para entregar sus resultados.

Revelador informe

Primero señalan que pagos en personal superarían los S/ 230 mil por cuatro meses, pero anexos muestran que en dos asesores y dos técnicos se gastó S/ 144.194.

Sesiones reservadas son la excepción

Enfoque por Iván Lanegra, Secr. Transparencia

La comisión tiene una función que ha quedado cada vez más sin base debido a que la evidencia que ha seguido apareciendo ha confirmado lo que ya sabíamos, que las elecciones se han realizado bajo absoluta normalidad.

Un problema tiene que ver con que las personas contratadas deben tener un conocimiento profundo de la materia que van a investigar. El segundo problema es si alguna persona está aliada a alguno de los actores investigados o tiene un interés particular. Eso afectaría a la imparcialidad y puede traer consigo un resultado que no tenga la legitimidad necesaria y al final sus efectos van a ser nulos.

En el tema de las sesiones hay un conjunto de casos que les permiten a las comisiones a actuar de manera reservada; sin embargo, esa regla es la excepción y tiene que haber un fuerte fundamento. Ni siquiera sabemos si en esas sesiones han tocado esos temas que están señalados. Se esperaría que se hagan públicas las sesiones. La fundamentación no puede ser sencillamente que se quiere evitar un espectáculo, se debería dar cuenta de que han tocado algunos de los elementos para que sean reservados. Para tener idea tendríamos que saber aunque sea con quiénes se han reunido, porque, si no, no se entiende si hay justificación.