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Política

Buque fue incautado a pesar de garantía de US$ 73 millones

Arraigo. Embarcación se quedó en Ventanilla porque la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente consideró clave la permanencia de la tripulación para que responda a las interrogantes de los investigadores sobre responsabilidad de Repsol.

El juez Romualdo Aguedo Aranda dispuso que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina retuviera la nave Mare Doricum. Foto: Marco Cotrina/La República
El juez Romualdo Aguedo Aranda dispuso que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina retuviera la nave Mare Doricum. Foto: Marco Cotrina/La República

Horas antes de que el 27 de enero el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Ventanilla ordenara la incautación del buque petrolero Mare Doricum por el derrame de petróleo de Repsol, la empresa italiana Fratelli D’Amico Armatorie entregó una carta de garantía por US$ 73 millones 942 mil 580, que le solicitó la Capitanía de Puerto del Callao para continuar con su rumbo.

Con la entrega de la carta de garantía, la nave Mare Doricum se encontraba apta para navegar, puesto que levantaba el impedimento de zarpe decretado por la Capitanía de Puerto, el 16 de enero último, debido al inicio del procedimiento administrativo de investigación relacionado a la fuga de hidrocarburos ocurrida durante las operaciones de descargue en las instalaciones del Terminal Multiboyas Nº 2 de la refinería La Pampilla.

Evidente responsabilidad

Pero la gravedad de los hechos, y no obstante el abultado monto de la garantía, el Gobierno peruano prefirió incautar la embarcación, lo que efectivamente ocurrió.

Cuando el petrolero Mare Doricum se aprestaba a seguir con su viaje, dejando a su espalda el impresionante derrame de petróleo, el juez Romualdo Aguedo Aranda dispuso a último momento que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina retuviera a la embarcación.

El juez emitió la resolución contra el buque recogiendo el pedido del Ministerio Público especializado en delitos ambientales, que estableció que la fuga de petróleo de Repsol calificaba como delitos de contaminación ambiental y de responsabilidad funcional.

Para las autoridades, había quedado establecido que entre los días 15 y 16 de enero del 2022 se suscitó un derrame de petróleo que hasta hoy sigue ocasionando daños irreparables al medio ambiente.

Testigo. Manifestación del capitán Giacomo Pisani comprometió a la empresa española Repsol. Foto: difusión

Testigo. Manifestación del capitán Giacomo Pisani comprometió a la empresa española Repsol. Foto: difusión

Noche larga

El Ministerio Público solicitó al juez la medida de incautación, a efectos de que se pueda recabar mayores elementos que aporten al esclarecimiento de los hechos investigados.

En su resolución, el juez Romualdo Aguedo señala que “se advierte que el buque petrolero habría formado parte del derrame del petróleo, el cual originó y viene originando una contaminación de las aguas marítimas, el suelo y el subsuelo costero del territorio peruano, generando así un grave daño al medio ambiente en sus tres componentes. Es decir, agua, suelo y aire, así como muerte y afectación grave a la fauna y flora de nuestro mar y a los recursos hidrobiológicos”.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por el capitán del buque petrolero, Giacomo Pisani, la empresa Repsol es responsable del vertimiento de crudo porque primero pretendió ocultar el incidente y, luego, no actuó en su debido momento para atenuar las consecuencias.

A pesar de haber presentado la carta de garantía de US$ 74 millones, las autoridades decidieron que el petrolero Mare Doricum continuara en el país, especialmente por las declaraciones del capitán Giacomo Pisani sobre la actuación de la compañía española Repsol.

Pisani entregó a las autoridades las cartas que remitió a las autoridades de la refinería La Pampilla, protestando porque le ocultaron información sobre la fuga del petróleo y sobre las medidas de contención para evitar que el hidrocarburo se desplazara a otras zonas debido al oleaje.

Los documentos presentados por Giacomo Pisani confirman que Repsol no actuó correctamente frente a la dimensión del desastre y que, por el contrario, pretendió subestimar los hechos con información errónea sobre el alcance de la contaminación.

Según fuentes de este diario en el Ministerio Público, permitir que el buque petrolero italiano se fuera del país podría haber dificultado las investigaciones porque el capitán Giacomo Pisani ofreció al fiscal del caso, Ariel Tapia Gómez, manifestaciones extremadamente comprometedoras sobre el comportamiento de la compañía Repsol.

Impacto. Repsol tardó en advertir consecuencias del derrame. Foto: Carlos Contreras/La República

Impacto. Repsol tardó en advertir consecuencias del derrame. Foto: Carlos Contreras/La República

Repsol activó póliza de US$ 275 millones

La compañía española Repsol comunicó a las autoridades peruanas que activó una póliza de seguros por US$ 275 millones, confirmó el titular del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Jaime Mendoza. Este monto es diferente a los fondos que la empresa dedicará al recojo del petróleo y a la remediación del medio ambiente.

Mendoza también informó que el miércoles 2 de febrero se agotó el plazo legal para que Repsol presente el plan del retiro del sistema submarino de descarga de hidrocarburos (PLEN, por sus siglas en inglés). Si no lo hace, se le aplicará otra multa.

El jefe de Osinergmin también reportó que Repsol emitió un primer informe con información errónea sobre el vertido de crudo.

El dato

Declaración. La Fiscalía Especializada en Medio Ambiente ha programado más interrogatorios al capitán Giacomo Pisani, quien en una primera intervención dejó en evidencia que Repsol pretendió subestimar las consecuencias del derrame.

Periodista de investigación del diario La República. Soy Comunicadora Social egresada de la Facultad de Letras y Humanidades de la UNMSM. Llevo 23 años realizando la labor de reportera en la Unidad de Investigación del diario, donde me he especializado en abordar temas de seguridad nacional, derechos humanos, narcotráfico y terrorismo.