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De Echave: “La responsabilidad es de la empresa. Debe asumir costos contemplados en la ley”

Entrevista al viceministro de Gestión Ambiental, quien cuestiona que la empresa que genera daños ambientales tenga beneficios.

Crítica. José de Echave cuestiona que la empresa que genera daños ambientales tenga beneficios. Foto: La República
Crítica. José de Echave cuestiona que la empresa que genera daños ambientales tenga beneficios. Foto: La República
Elizabeth Prado

José De Echave cree que tenemos instituciones y normas regulatorias débiles, y que las empresas tienen un margen enorme de autorregulación. Alerta que los daños ecológicos son irreparables y de la existencia de un posible beneficio en favor de la empresa por recuperación de la emergencia ambiental, que sería deducible de sus impuestos.

Hay un plan de contingencia que se exige a las empresas que tienen actividades de riesgo. ¿Qué pudo haber ocurrido en el caso del derrame de petróleo en la refinería La Pampilla?

Algunos expertos lo están catalogando como el mayor desastre petrolero de nuestra historia. Creo que este desastre ecológico muestra con claridad la precariedad en la que nos movemos y en la que se desarrolla este tipo de actividades que implican un alto riesgo, pero que permanentemente pretenden ser disminuidas. Lo que vemos es que hay una institucionalidad precaria de parte del Estado, tenemos instituciones y normas regulatorias débiles, y en la práctica las empresas tienen un margen enorme de autorregulación y autocontrol de sus actividades.

¿Cuál es la situación del OEFA?

Esto quiero subrayarlo porque ahora se está hablando del rol del OEFA, de las funciones, de lo que debería haber hecho. No hay que olvidar que el OEFA por la Ley 30230 fue seriamente golpeado, estuvo en la congeladora por casi dos años. Además, durante años las empresas de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía hicieron una campaña enorme, incluso llegaron al Poder Judicial y hasta al Tribunal Constitucional para traerse abajo el aporte por regulación que las empresas tienen que pagar a los organismos reguladores, aporte que está destinado al sostenimiento de los organismos reguladores. Necesitamos una institucionalidad fuerte y normas igualmente fuertes para que esas actividades que implican grave riesgo a los ecosistemas sean reguladas, como ocurre en la gran mayoría de países. Pero siempre el discurso es que esto espanta la inversión y que es una tramitología.

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Es claro que este derrame tiene un responsable.

Estamos en el sexto día de esta situación y hemos pasado de un derrame de siete galones a un derrame de 250 mil galones que equivale a 6 mil barriles de petróleo vertidos. En el ámbito de impacto también hemos pasado de 18 mil metros cuadrados a casi 1 millón 700 mil metros cuadrados. Es decir, información básica la seguimos recibiendo de la empresa porque el Estado muestra toda la precariedad institucional y de capacidad para enfrentar una situación de esta naturaleza. Para mí está claro que la responsabilidad es de la empresa. Según nuestra legislación la responsabilidad es algo objetivo, esta actividad es riesgosa y el operador debe asumir los costos que están contemplados en la ley. Ahí hay todo un tema de procedimientos administrativos para ya no hablar de procedimientos civiles y penales que toman su tiempo.

Usted habló de un posible beneficio en favor de las empresas por costos de recuperación frente a la emergencia.

Me indigna que las empresas que producen estos daños ambientales tengan esta suerte de beneficios que les permita que los costos que genera la recuperación frente a la emergencia ambiental sean deducibles de la base tributaria. Eso significa que esos costos se están trasladando al Estado y a la sociedad en su conjunto. Esto me parece escandaloso.

Está normado...

Sería urgente modificar un artículo de la ley de impuesto a la renta para que se prohíba que las obligaciones legales que provienen de conductas que afectan al ecosistema puedan ser deducibles de las obligaciones tributarias de las empresas. Eso es inaceptable. La multa es la multa, lo mismo que la sanción administrativa, en paralelo las empresas tienen que asumir los costos de la remediación ambiental. Eso no puede terminar siendo un beneficio tributario.

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Hay daños ecológicos, afectaciones graves a la flora y a la fauna marina.

Los daños son irreparables. Esto va a durar meses y en otros casos más que meses. Para que el ecosistema se regenere va a pasar mucho tiempo. Medir impactos y daños es una tarea sumamente complicada. Cuando hubo el derrame en el golfo de México, que fue de otra dimensión, se hablaba de años para su regeneración. Va a depender de la capacidad del Estado peruano de supervisar, controlar y evitar que el impacto se siga produciendo.

También hay daños económicos, existe una cadena económica que se desarrolla en época de verano en las playas.

Lamentablemente, este verano será recordado como el verano de la catástrofe Repsol. El impacto ha llegado a Chancay, estamos hablando de una extensión importante del litoral donde hay actividad económica muy importante para comerciantes de todo tipo. La temporada está totalmente afectada y no es un tema de días, recuperar el espacio va a tomar meses.

Se ha ofrecido incorporar a los pescadores en las tareas de recuperación ambiental para resarcir el perjuicio económico.

Preocupa que se anuncie que una forma de ayudar a los pescadores afectados en su trabajo es incorporarlos en los procesos de recuperación de la zona. No es una salida seria porque lo primero que debemos exigir es que las personas que forman parte de este proceso tienen que ser capacitadas y también contar con el equipamiento debido. Los pescadores que quedarán sin trabajo deberían ser indemnizados por los responsables de esta situación catastrófica.