Comisión de Constitución insiste en ley para restringir el referéndum

Una vez más, de manera exprés, la Comisión de Constitución, que preside Fuerza Popular, aprobó un dictamen para aprobar por insistencia una norma que fue observada por el Poder Ejecutivo. En este caso se trata de la autógrafa a través de la cual buscan restringir el ejercicio del derecho fundamental al referéndum para iniciativas de reformas constitucionales.

El texto había sido observado el jueves 13 de enero. Pasaron apenas cinco días y la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, sustentó ayer el predictamen de insistencia, con el claro propósito de apurar este tema en el Pleno para su promulgación.

No es la primera vez que el fujimorismo y las bancadas afines buscan apurar una norma observada por el Ejecutivo y que además tiene que ver con materias constitucionales.

Algo similar pasó con la ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza. El Ejecutivo había observado la autógrafa el miércoles 6 de octubre del 2021 y la fujimorista Juárez convocó en forma célere a una sesión para el sábado 9, a las 5 p. m., a fin de aprobar la insistencia. No hubo un debate serio. Lo mismo ocurrió ayer.

Un debate vacío

El documento con las observaciones que envió Palacio al Congreso contiene 16 páginas. Y hay observaciones que pudieron haber merecido un mayor debate en la comisión.

El Gobierno de Pedro Castillo advierte, por ejemplo, que, por la forma en que ha sido redactado el dictamen de modificación del artículo 40 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, se estaría vaciando de contenido al derecho al referéndum.

Y es que el artículo modificado ahora dice lo siguiente: “No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución, ni aquellas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política”.

Por la forma en que ha sido redactada esta modificación, ahora todas las reformas tendrían que tramitarse conforme al artículo 206 de la Constitución; es decir, tendrían que pasar primero por el Congreso.

“La situación descrita vacía de contenido el derecho al referéndum consagrado en la Constitución”, se alerta en el oficio de la observación del Ejecutivo.

Sobre este punto, Juárez sustentó un dictamen en cuyo contenido, lejos de analizar una mejor redacción, se intenta ridiculizar la opinión de Castillo al deslizar que revisó un texto distinto al aprobado por el Pleno.

En la sesión de ayer de la Comisión de Constitución, Gladys Echaíz (APP) propuso centrar el debate en las observaciones del Ejecutivo. Pero esto no fue aceptado por Perú Libre.

En consecuencia, el debate, que duró más de una hora, estuvo plagado de generalidades y expresiones redundantes, sin abordar los puntos que fueron materia de la observación por parte del Ejecutivo.

La mayoría de la comisión ni siquiera aceptó el pedido del legislador Waldemar Cerrón (Perú Libre) para invitar al ministro de Justicia, Aníbal Torres, a fin de que explique punto por punto las observaciones.

Aníbal Torres, en pleno debate, se pronunció desde su cuenta personal en Twitter: “El referéndum es un derecho fundamental de los ciudadanos para participar directamente, sin la intervención del Congreso, en la dación o reforma de la Constitución y la ley o formación de un acto administrativo”.

Al final, el dictamen de insistencia propuesto por la fujimorista Juárez fue aprobado con 11 votos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Acción Popular, Podemos Perú y Renovación Popular. Solo votaron en contra Perú Libre y Juntos por el Perú.

Razones para ir al Tribunal Constitucional

En conversación con La República, el constitucionalista Juan Manuel Sosa sostuvo ayer que, de ser aprobada esta norma en el Pleno, podría ser enviada al Tribunal Constitucional (TC), por haber razones de forma y de fondo.

Sobre la forma, el especialista advirtió que podría haber un “déficit de deliberación” desde el Congreso, lo cual se presenta cuando se aprueban normas en forma célere sin debatir en detalle cada una de las observaciones. Recalcó que el TC ya se ha pronunciado sobre la necesidad de que haya una verdadera deliberación por parte de los legisladores.

Sobre el fondo, Juan Manuel Sosa apuntó que el Congreso intenta establecer que para ejercer el derecho fundamental del referéndum se tiene que pedir permiso. “No hay que pedir permiso para ejercer derechos fundamentales, salvo por aspectos procedimentales”, explicó.

Sostuvo además que el referéndum es un derecho fundamental regulado en el artículo 2.17 de la Constitución y el artículo 32 establece que este derecho también aplica para la reforma total o parcial de la carta magna. En su opinión, el constituyente y ahora los congresistas debieron haber desarrollado este derecho, en lugar de establecer restricciones.

Reacciones

Juan Manuel Sosa, constitucionalista

“El referéndum es un derecho fundamental. Ningún derecho fundamental puede estar sujeto al poder político. Estamos ante una ley inconstitucional y, por lo tanto, cabe la opción de interponer una demanda ante el TC”.

Alejandro Muñante, congresista de RP

“Los congresistas no podemos abdicar de nuestro deber de hacer cumplir la Constitución y las leyes. No podemos permitir que el Ejecutivo se zurre en la Constitución avalando un referéndum sin aprobación del Congreso”.

José Balcázar, congresista de PL

“Este es un tema sumamente de alta intensidad constitucional. No estamos viendo las verdaderas consecuencias que traerá esto (la aprobación por insistencia). El pueblo no nos ha elegido para ir en su contra”.

Edgard Reymundo, congresista de JP

“Con esta ley, el Congreso le quita el derecho de los ciudadanos a la consulta. Los congresistas que están apostando por recortar este derecho constitucional le tienen miedo al referéndum y a la consulta popular”.

Proyecto afecta a los derechos humanos

Análisis por: Ana María Vidal, abogada

Este proyecto es no solo inconstitucional, sino anticonvencional. Violenta a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (el Pacto de San José) y nos expone a que como Estado nos lleven ante el sistema interamericano y se nos considere nuevamente un Estado violador de derechos humanos porque la participación política es un derecho constitucional, pero es también un derecho humano reconocido por múltiples tratados que ha suscrito el Perú. En derechos humanos se avanza y el Estado está obligado a proteger hasta donde ha avanzado, no puede retroceder o bajar la valla. Eso es algo que no les gusta a los legisladores de ahora. Al limitar el derecho a la participación política ya no solo se vuelve un tema constitucional al interno del país, sino que el Parlamento está haciendo que nos convirtamos en un Estado violador de derechos humanos. La Constitución no puede leerse de manera desarticulada, no solo el artículo 206 tiene que leerse de manera sistémica, conjunta, siempre bajo un lente pro persona, pensando en el derecho de la persona. Lo que está bien claro en la Constitución es que se puede cambiar, modificar la misma vía el Congreso de la República y también vía referéndum. No están reconociendo esa última parte ahora y están tratando de sacarle la vuelta poniendo esta valla determinando que tiene que pasar por el filtro del Parlamento. Si el tema va al Tribunal Constitucional, la decisión que se tome va a depender mucho de los tribunos actuales, pero si se ratifica la posición del Legislativo se podría objetar porque están violentando los derechos humanos. El Congreso creo que sigue jugando a mantener la precariedad de las instituciones, lo que va a seguir generando inestabilidad política al país.