Sala Civil de Ucayali resolverá desalojo de terreno invadido y restitución a su dueño
Desde hace cuatro años, empresario Ramón Miranda batalla judicialmente por la recuperación de un predio de 9,7 hectáreas invadido por presuntos traficantes.
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La Sala Civil de la Corte Superior de Ucayali definirá este 19 de enero el caso del empresario Ramón Miranda Eyzaguirre, quien reclama el desalojo de un terreno de su propiedad invadido por personas que han pretendido sorprender a las autoridades.
Hace cuatro años que Ramón Miranda interpuso demanda contra los usurpadores del inmueble. Luego de batallar con las argucias legales de los acusados, logró una sentencia favorable en primera instancia.
Miranda ha demostrado que es el legítimo propietario de un terreno de 9,74 hectáreas, ubicado en San José de Yarinacocha, y que el inmueble está inscrito a su nombre en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, por lo que espera que la Sala Civil de la Corte Superior de Ucayali ratifique la sentencia de primera instancia. La Sala Civil está presidida por el magistrado Tullio Bermeo Turchi.
Durante todo el proceso judicial, los usurpadores no han conseguido presentar ni un solo documento que ponga en duda que el empresario Miranda es el dueño del predio.
También desplegaron una serie de argucias —como afirmar que no fueron debidamente notificados— para intentar, mediante la prolongación del proceso, la extinción del caso por causal de prescripción.
El 27 de marzo de 2018, Ramón Miranda interpuso ante el Juzgado Mixto de Ucayali la demanda de desalojo del predio de su propiedad en Yarinacocha, sobre el que se ha constituido el supuesto asentamiento humano Las Lomas de San José.
Recién el 5 de octubre de 2020, el juzgado declaró fundada la demanda y ordenó la devolución del inmueble.
Como era de esperarse, los usurpadores del terreno interpusieron una apelación y el expediente fue elevado a la Sala Civil de la Corte Superior de Ucayali. Es decir, recién después 15 meses de expedirse la sentencia en primera instancia, la Sala Civil resolverá la apelación.
Un caso que en cualquier país donde funcione adecuadamente el sistema de Justicia no debería demorar más de 6 meses en resolverse, en Perú está tardando ya casi 4 años.
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“La Sala tiene la enorme responsabilidad de demostrar que debemos confiar en la justicia peruana y que los derechos de las personas están protegidos por el Estado”, indicó Ramón Miranda.
“Si se cumpliera con los plazos establecidos por ley, seríamos un país más democrático y desarrollado. Las dilaciones dañan la confianza en la justicia. La Sala Civil tiene al frente el desafío de emitir un fallo conforme a ley y dentro del plazo normado”, dijo el empresario .
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