El segundo fraude del fujimorismo sigue cayendo

David Pereda Z. y Redacción La República Sur

La denuncia de fraude que hizo el fujimorismo contra las últimas elecciones presidenciales se sigue cayendo: ya siete fiscalías archivaron los casos y otras 17 esperan similar destino porque no hay exmiembro de mesa electoral que asevere que le falsificaron la firma, como alegó Fuerza Popular para anular votos en lugares del país donde tuvo resultados muy adversos.

En el 2000, con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en el Gobierno, el fujimorismo logró el fraude de la rerreelección. Veintiún años después, el fraude ha sido la denuncia de que le robaron votos suplantando miembros de mesas electorales. Con esta acusación, presentó cerca de mil demandas para anular votos. De ese modo, buscó revertir la ventaja con que le ganó su contendor, el profesor Pedro Castillo, hoy presidente de la República.

Las demandas de Fuerza Popular a las entidades de justicia electoral retardaron la proclamación del ganador y quitaron tiempo para la transferencia de gobierno. Además, motivaron a sus seguidores, entre ellos grupos violentos de ultraderecha que hostigaron a autoridades electorales y hasta a la prensa.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los jurados de primera instancia rechazaron estas demandas por no haber indicios sólidos y lograron que la elección no se caiga por la dilación. Sin embargo, el JNE envío los casos a la Fiscalía para que, con más tiempo disponible, las atienda en sus fueros.

Meses después, la Fiscalía empezó a confirmar que no hubo el supuesto fraude electoral que denunció el fujimorismo. Se constata que, más bien, esa acusación ha sido un fraude que intentó anular la elección.

De agosto a diciembre del 2021, las fiscalías de Áncash, San Martín, Cajamarca, Arequipa y Cusco, luego de sus investigaciones preliminares, determinaron que son casos sin sustento y los enviaron al archivo.

En sus indagaciones, los supuestos suplantados negaron cualquier usurpación o falsificación de sus firmas. Otros testigos que fueron miembros de mesa y operadores de entidades electorales coincidieron.

El último archivamiento que reportó la Fiscalía al JNE fue de un caso en el distrito de Sicuani, en el Cusco. Fuerza Popular demandó que se anulen los votos de la mesa 015436 porque consideró que la firma de una de sus miembros, Judith Ccuno Aronaca, era falsa por ser distinta a la de su documento nacional de identidad (DNI).

Ccuno declaró a la Fiscalía que había cambiado su firma hace dos años tras un mal de salud. Otro miembro de esa mesa confirmó a la Fiscalía que no hubo ninguna irregularidad.

De 17 casos pendientes en la Fiscalía, en Áncash, Pasco, Huánuco, San Martín, Huancavelica, y Ayacucho, varios señalados como suplantados ya han rechazado públicamente estas denuncias del fujimorismo. Otros casos no llegaron a la Fiscalía porque quedaron en los jurados electorales de primera instancia, pero los entonces miembros de mesa señalados por el fujimorismo esperan quedar reivindicados.

“Me gustaría denunciar a la señora Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular. No lo haré porque sé que se reirán de mi denuncia y probablemente de acá a cinco años recién se pronuncien con todo en mi contra. Qué fácil dañan la honra de las personas. Te culpan de fraude y quienes no te conocen creen”, expresa Bertín Catacora, quien fue miembro de mesa en el distrito puneño de Acora.

“Qué bien que se den cuenta de que no hicimos nada. No ganábamos nada haciendo eso. No dañen a la gente de la nada, si no tienen pruebas” dice Roxana Asencio, que presidió una mesa electoral en el distrito de Ichuña, Moquegua.

Varios afectados, que cumplieron como miembros de mesa, coinciden en que los responsables deben pedir perdón.

Daño y persistencia

“Se está comprobando que estas alegaciones de fraude fueron una enorme irresponsabilidad. Se puso en cuestión un sistema electoral que, pese a sus limitaciones, en las últimas dos décadas había avanzado notablemente. Y movilizaron recursos fiscales que debieron estar en otro lado. Sería lo decente (que pidan disculpas), un primer gesto para asumir responsabilidades”, dice Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética.

Pero en el Congreso, una comisión investiga las presuntas irregularidades en las elecciones generales del año pasado.

“No puedo decir lo que vamos a hacer porque estamos trabajando de manera reservada. Cada entidad con lo suyo. La Fiscalía verá la parte legal, nosotros estamos investigando el proceso en su integridad. Ya le hemos pedido esa información y la valoraremos”, adujo el congresista Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, presidente de la comisión.

En las siguientes semanas, el JNE recibirá de la Fiscalía más conclusiones de los casos.

La decisión de la ciudadanía enfrentó riesgo

Luis Alberto Sánchez, secretario general del JNE, informó que “en comparación con procesos anteriores, la carga aumentó en un 13,500%” por 1.088 pedidos de nulidad con 270 apelaciones y otras 84 apelaciones de actas observadas. “Las apelaciones fueron resueltas en 27 días para que al 28 de julio pudiera haber un nuevo Gobierno legítimamente elegido”, explicó.

Si no había resultado oficial hasta esa fecha, establecida en la Constitución para el cambio de gobierno, la elección corría riesgo de caerse.

Reacciones

Dina Boluarte, vicepresidenta de la República

“El país fue perjudicado y, además, personas con nombre y apellido resultaron afectadas directamente por la falsa narrativa del fraude. La reparación es parte importante de los intentos de verdad y justicia”.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE

“Todos ellos, incluido Vargas Llosa, que creo se ha encontrado absolutamente desinformado, deben una gran disculpa al país. Espero escuchar a todos, hasta aquellos que dijeron que si no entregaba las firmas era ladrón”.

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética

“Se está comprobando que estas alegaciones de fraude fueron una enorme irresponsabilidad. Sería lo decente (que pidan disculpas), un primer gesto para asumir responsabilidades, tratar de enmendar la irresponsabilidad”.