Congresistas elegidos por peruanos en el exterior tendrán 7 días de semana de representación

Se trata de los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) y Jorge Zevallos Aponte (Renovación Popular), quienes pueden solicitar la presencia de un intérprete durante las sesiones del Pleno.

El Congreso aprobó que el congresista cuya lengua materna sea distinta al castellano, pueda solicitar la presencia de un intérprete. Foto: Congreso
El Congreso aprobó que el congresista cuya lengua materna sea distinta al castellano, pueda solicitar la presencia de un intérprete. Foto: Congreso
Política LR

Los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) y Jorge Zevallos Aponte (Renovación Popular), elegidos por los peruanos en el exterior, tendrán 7 días calendario de semana de representación, según el texto sustitutorio aprobado el último miércoles por el Pleno del Parlamento.

El documento incorpora el literal k) al artículo 22, modifica el literal f) del artículo 23 y el artículo 51 del reglamento del Congreso con el fin de mejorar el desempeño de la representación parlamentaria.

En el primer punto del texto sustitutorio, aprobado con 112 votos a favor, se estipula que, una vez recibida la credencial, el legislador electo deberá llenar una declaración jurada donde señale su lengua materna originaria o indígena con la finalidad de que se le asigne un intérprete o traductor del servicio parlamentario.

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La norma detalla que “adicionalmente, y con el fin de mejorar la representación parlamentaria, la Mesa Directiva proporciona las herramientas tecnológicas necesarias que optimicen una constante comunicación virtual entre los congresistas y todos los peruanos”.

El texto sustitutorio agrega, además, un párrafo al artículo 51 del reglamento del Congreso, donde señala que en el desarrollo de las sesiones, el parlamentario cuya lengua materna o indígena sea distinta al castellano podrá solicitar la presencia de un intérprete.

Entre las principales funciones de los legisladores del artículo 23 destaca que “deben a atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas por la población. Fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones con el Poder Ejecutivo (…) Participar en el funcionamiento en las sedes descentralizadas del Congreso y en las audiencias públicas”.