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Política

Fiscal: armaron licitación para favorecer a Samir Abudayeh

Reporte caliente. En el informe que emitió el fiscal adjunto Juan Cajas Huamán sobre las razones por las que intentó ingresar al despacho de la secretaría de la presidencia, señala que después de que el jefe del Estado se reunió con el empresario Samir Abudayeh, se le dio irregularmente un contrato de US$ 74 millones.

El dato. En la reunión con la fiscal de la Nación, los abogados de Pedro Castillo se quejaron por la actuación del fiscal Juan Cajas. Zoraida Ávalos respondió que los fiscales son autónomos. Foto: Presidencia
El dato. En la reunión con la fiscal de la Nación, los abogados de Pedro Castillo se quejaron por la actuación del fiscal Juan Cajas. Zoraida Ávalos respondió que los fiscales son autónomos. Foto: Presidencia

Después del sismo que provocó el fiscal adjunto Juan Cajas Huamán al intentar ingresar en el despacho del secretario de la presidencia en Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias sobre un millonario contrato de US$ 74 millones a favor del empresario Samir Abudayeh Giha, luego de que este se reuniera con el jefe del Estado, el mandatario Pedro Castillo anunció que solicitó al Ministerio Público el levantamiento del secreto bancario, tributario y de sus comunicaciones.

Castillo señaló que su iniciativa responde a ‘’una muestra de mi total disposición para colaborar con la justicia’', por lo que de ‘’manera voluntaria’' presentó el pedido para que la fiscal especializada en delitos de corrupción de funcionarios Norah Córdova tenga acceso a la información reservada sobre las cuentas, rentas y llamadas telefónicas del presidente Castillo.

Seguidamente, el mandatario se entrevistó con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en su despacho de la avenida Abancay, pero para requerir la reprogramación de su declaración testimonial, referida al caso de la supuesta interferencia en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.

”Rechazo de manera enfática haber participado en actos irregulares”, señaló Pedro Castillo en su cuenta oficial de Twitter: ‘’Las puertas de Palacio están abiertas para apoyar toda medida que busque aclarar dudas’'.

Sin embargo, la versión del jefe del Estado sobre lo sucedido el lunes en Palacio de Gobierno contrasta con el informe que elevó el fiscal adjunto que encabezó la diligencia, Juan Cajas Huamán, a la fiscal provincial Norah Córdova, y esta a su vez a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

El fiscal Juan Cajas consideraba necesario ingresar en el despacho del secretario general de la presidencia porque los hechos que investiga vinculan al jefe del Estado, Pedro Castillo.

En su informe, el fiscal Juan Cajas Huamán resalta que pocos días después de que el 18 de octubre sostuvieran una cita en Palacio de Gobierno el presidente Castillo; el gerente general de Petroperú; Hugo Chávez; el empresario Samir Abudayeh; y la asesora empresarial Karelim López, la petrolera estatal inició un proceso de compra de Biodiesel B100 por más de US$ 70 millones.

Preciso y detallado

El fiscal relata en el informe que tres días después de la reunión en Palacio de Gobierno, el gerente de Distribución de Petroperú, Gunther Documet Celis, emitió un pedido de compra de 280 mil barriles de Biodiesel B100, lo que dio por iniciado el proceso de licitación para la adquisición respectiva. Es entonces que se armó un tinglado que terminó favoreciendo a la proveedora Heaven Petroleum Operators, la empresa de Samir Abudayeh, uno de los contertulios de la cita del 18 de octubre en Palacio de Gobierno.

“La normativa específica en contrataciones de la entidad establecería que las ofertas deben ser solicitadas paralelamente a proveedores en el mercado nacional e internacional para mejores precios de compra”, explicó el fiscal Cajas en su reporte: “Sin embargo, mediante correo electrónico del 26 de octubre, el gerente de la Cadena de Suministros de Petroperú, Muslaim Abusada Sumar, solicitó al gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos, Roger Liy Lion, cancelar el proceso internacional por encontrar definiciones técnicas no acordes, lo cual significaría en los hechos eliminar competencia”.

Es decir, se le estaba allanando el terreno a Heaven Petroleum Operators, de propiedad de Samir Abudayeh.

“El mismo 26 de octubre, a pesar de que existirían en el mercado nacional varios proveedores, se procedió a invitar solamente a las empresas Bio Energy Perú y Heaven Petroleum Operators a presentar sus propuestas técnicas y económicas”, indicó el fiscal Juan Cajas, destacando cómo poco a poco se armaba una licitación que terminaría favoreciendo a la compañía de combustibles de Abudayeh, quien se había reunido con el presidente Castillo y con el gerente de Petroperú, Hugo Chávez.

Los funcionarios de Petroperú implicados tomaron varias acciones con el único propósito de que el resultado beneficiara a Abudayeh, según el fiscal Cajas.

“El 7 de octubre se recepcionaron las propuestas de ambos proveedores (Heaven Petroleum Operators y Bio Energy Perú), los mismos que cumplieron con la evaluación preliminar”, reportó el fiscal, y destacó que entonces se produjo la maniobra: “Sin embargo, el 28 de octubre (Petroperú) emitió una fe de erratas debido a un presunto error material en la fórmula de precios, por lo que se solicitó nuevamente la presentación de las propuestas económicas. Empero, con un plazo de presentación hasta las 16 horas del mismo día, siendo el único (en presentarse) la empresa Heaven Petroleum Operators, la misma que fue adjudicada por un monto de US$ 74 millones”.

Por estas razones, el fiscal Juan Cajas Huamán se dirigió el lunes al despacho presidencial en Palacio de Gobierno, “a efectos de recabar información cuya pertinencia resulte útil para el esclarecimiento de los hechos denunciados”.

Pero el fiscal Cajas tropezó con la negativa del presidente Castillo.

“A las 14.20 horas (...), ingresó intempestivamente una persona identificada como Eduardo Pachas Palacios, quien señaló ser abogado del presidente Pedro Castillo. (...) Se le indicó al señor Pachas que el mandatario Castillo no se encontraba comprendido en la investigación llevada a cabo por este despacho fiscal”, informó.

Pero luego sucedió algo imprevisto, diez minutos después.

“A las 14.30 horas (el director de la Oficina de Asesoría Jurídica de Palacio de Gobierno), Julio Salas Becerra refirió que el secretario general, Carlos Jaico Carranza, le informó que el presidente Pedro Castillo fue quien no autorizó el ingreso del personal a la oficina de secretaría del despacho de la presidencia”.

Usted también, presidente

Como resultado de la atropellada diligencia en Palacio de Gobierno, el fiscal adjunto Juan Cajas recomendó a la fiscal provincial Norah Córdova que se contemple la inclusión de Pedro Castillo en la investigación.

‘’Estando a lo anotado, y a lo establecido en el artículo 66.2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, corresponde derivar el conocimiento del extremo de la denuncia al presidente de la República, al despacho del fiscal de la Nación, a fin de que se aboque conforme a sus atribuciones’', indicó. Y así fue, la fiscal Norah Córdova comunicó de los hechos a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que resuelva al respecto sobre la situación del jefe del Estado en este presunto caso de colusión y uso indebido del cargo.

Durante la entrevista entre Pedro Castillo y la fiscal de la Nación, los abogados del mandatario expresaron su incomodidad por el intento del fiscal Juan Cajas de ingresar a la secretaría presidencial.

“La defensa del presidente Castillo intervino para expresar su preocupación por la intervención el día (lunes) de un equipo de fiscales que pretendió ingresar hasta el despacho presidencial”, de acuerdo con la nota de la Fiscalía.

“Según alegó el abogado del mandatario, constitucionalmente, el jefe del Estado solo puede ser investigado por la fiscal de la Nación, por lo que presentarían la queja correspondiente”, completó la nota.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, respondió que no interfería en la actuación de los fiscales.

“(Ávalos) le recordó al presidente de la República que los fiscales son autónomos y que tienen plena facultad para diseñar su estrategia de investigación. Agregó la magistrada que en caso el jefe del Estado considere que hubo algún tipo de vulneración, existen los cauces procesales correspondientes”, señaló la nota del Ministerio Público.

Al final de la jornada, el abogado del jefe del Estado, Eduardo Pachas, demandó ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la exclusión del fiscal adjunto Luis Medina Rodrigo, quien fue parte de la diligencia en Palacio de Gobierno

Según Pachas, imputó a Medina haber ‘’actuado en la diligencia del 20 de diciembre del 2021, de forma abusiva e incumpliendo sus funciones”.

El letrado además atribuyó al fiscal Luis Medina haber filtrado a la prensa documentos de la diligencia en Palacio, por lo que consideró una conducta indebida.

Amistades con los Fujimori y con el líder de Cuellos Blancos

El empresario Samir Abudayeh Giha es un allegado a los hermanos Keiko y Kenji Fujimori, dijeron fuentes de Fuerza Popular. En ocasiones, ofreció el stud que posee en el Hipódromo de Monterrico para reuniones de los fujimoristas.

En el matrimonio de Kenji Fujimori en la Municipalidad de Miraflores, Abudayeh apareció entre los pocos invitados a la ceremonia.

En el círculo. Al matrimonio civil de Kenji Fujimori en Miraflores asistió su amigo, el empresario Samir Abudayeh Giha. Foto: composición LR

El 30 de junio de este año, en una declaración judicial, el exasesor de la Corte del Callao Gianfranco Paredes afirmó que Samir Abudayeh ofrecía fiestas al expresidente de la corte chalaca Walter Ríos.

Según el exasesor de Ríos, este le aseguró beneficios judiciales a Abudayeh a cambio de sus gestos de amistad. Mencionó que existen fotografías del encuentro con el cabecilla de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Los gerentes de Petroperú investigados

Gunther Documet Celis. Muslaim Abusada Sumar. Roger Liy Lion. Foto: composición LR

El informe del fiscal Cajas

Luego de la diligencia en Palacio de Gobierno, el fiscal Juan Cajas informó que le dijeron que por encargo del presidente Castillo no estaba autorizado a ingresar para recabar documentación sobre el caso del contrato de Petroperú.