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Política

Gerente de minera Apumayo rechaza ataques y pide garantías al Gobierno

Una turba de personas incendió el campamento minero de Apumayo, en Ayacucho, por lo cual paralizó sus labores. El gerente general Guillermo Shinno denunció que manifestantes son de pueblos alejados y habrían sido azuzados por dirigentes con intereses particulares.

Pérdidas. El gerente general de Apumayo informó que al menos se han perdido temporalmente 10.000 puestos de trabajo. Video: LR+
Pérdidas. El gerente general de Apumayo informó que al menos se han perdido temporalmente 10.000 puestos de trabajo. Video: LR+

El pasado 29 de octubre, el campamento de la minera Apumayo, en Ayacucho, fue incendiado a raíz de un paro antiminero por parte de pobladores de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, siniestro que dejó al menos 10 heridos y pérdidas materiales considerables, así lo confirmó Guillermo Shinno, gerente general de la compañía.

A 12 días del ataque, la minera aún no puede restablecer sus operaciones por falta de garantías, pese a que el diálogo entre el Gobierno y las comunidades ya está en marcha.

“Tenemos que rechazar estos actos violentos. Todos tenemos el derecho de protestar a lo que podemos considerar justo, pero no de la forma en que se dieron el día viernes. Nada justifica los actos de aquel día donde se pusieron en riesgo la vida de muchas personas”, apuntó.

Según Shinno, las comunidades cercanas a su minera no habrían participado de estos actos violentos porque poseen una buena relación. Sin embargo, alegó que los manifestantes son de pueblos alejados y han sido azuzados por dirigentes con intereses particulares.

Invocó al Gobierno a generar espacios de diálogo que permitan trabajar una agenda en común que atiendan las demandas de la población.

“La amenaza es constante respecto a que no debe haber ninguna presencia minera, siempre amenazan con ir a la zona”, acotó.

El gerente general de Apumayo explicó que la empresa sigue contabilizando los daños materiales que han sufrido tras el incendio, donde se han quemado 25 pabellones, 10 talleres y 50 camiones volquetes, valorizados aproximadamente en 150.000 dólares.

Sin embargo, recalcó que lo más importante es la pérdida temporal de más de 10.000 puestos de trabajo.

“Esta es una actividad esencial, es la más regulada, la que tiene más controles que cualquier otra activad económica en el país”, manifestó.

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