Club de la Construcción: Procuraduría incluye a ocho empresas más como terceros civilmente responsables

Hasta el momento, la Procuraduría ha embargado bienes y activos por un valor de S/ 214 millones a investigados y empresas particulares vinculadas con el caso.

Organizaciones implicadas en el caso Club de la construcción interpusieron demandas al Estado por millones de soles. Foto: difusión
Organizaciones implicadas en el caso Club de la construcción interpusieron demandas al Estado por millones de soles. Foto: difusión
Política LR

El Poder Judicial (PJ) declaró fundada la solicitud de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato a fin de que se incluya a ocho empresas más en condición de terceros civilmente responsables dentro del proceso penal que se sigue por el caso Club de la Construcción.

En la resolución, emitida el pasado 4 de octubre por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, se menciona que las empresas Superconcreto del Perú S. A. C., Enerjoprojekt Niskograndja S. A., Conalvías Construcciones S. A. S.; Obrascon Huarte Lain S. A., Constructores y Mineros Contratistas Generales S. A. C., CONCAR S. A., Aramayo S. A. C. Contratistas Generales (ARAMSA) y C. A. M. E. Contratistas y Servicios Generales S. A. (CAMESA) deberán ser incorporadas al caso en cuestión para que, ante una eventual condena, el pago por la reparación civil sea asumido de manera solidaria en conjunto con los investigados.

Las ocho empresas mencionadas se suman a otras 14 que han sido incluidas en el caso Club de la Construcción. Estas son COSAPI S. A., GyM S. A., Obras de Ingeniería S. A. (OBRAINSA), Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S. A. (ICCGSA), Construcción y Administración S.A. (CASA), JOHE S. A., Hidalgo e Hidalgo S. A., Constructora Queiroz Galvao S. A., Constructora Málaga Hnos. S. A., Constructora OAS S. A., Mota Engil Perú S. A., San Martín Contratistas Generales S. A., Grupo Plaza S. A. y Andrade Gutiérrez Engenharia S. A.

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De acuerdo con el Ministerio Público, los representantes de las empresas mencionadas habrían concretado obras en su favor entre los años 2011 y 2014 mediante acuerdos realizados a cambio del pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

A fin de asegurar una futura indemnización en favor del Estado, hasta el momento se ha embargado bienes y activos por un valor de S/ 214 millones a varios investigados y empresas particulares que estarían vinculadas al caso.