Protestas en Puno afectarán erradicación de 6.000 hectáreas de cocales

Tierra caliente. En la zona puneña de San Gabán los operativos se iniciaron el 4 de octubre y habían conseguido eliminar 9,7 hectáreas de cultivos ilegales destinados al narcotráfico, hasta que las protestas y los ataques de los cocaleros a las brigadas del Corah interrumpieron sus labores.

En septiembre, las autoridades redujeron la meta de 25 mil a 6 mil hectáreas por erradicar en 2021. La cifra a la que se llegó en el 2020. Foto: difusión
En septiembre, las autoridades redujeron la meta de 25 mil a 6 mil hectáreas por erradicar en 2021. La cifra a la que se llegó en el 2020. Foto: difusión
Abel Cárdenas,Piero Espíritu,

Si en el año 2020 fueron lamentables las cifras de la erradicación de los cultivos de hoja que se destina al narcotráfico, serán peores al final del 2021 como consecuencia de la suspensión de los operativos en Satipo, Junín, y la incertidumbre sobre lo que sucederá en San Gabán, Puno.

Para el año que pasó, el Ejecutivo aprobó la eliminación de 25 mil hectáreas. Pero el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus afectó el plan y las brigadas del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah) solo pudieron acabar con 6 mil hectáreas de cultivos ilegales.

La misma cantidad de 25 mil hectáreas se estimó erradicar este año de la siguiente manera en los siguientes “ejes operacionales” o cuencas cocaleras más importantes:

-Eje Operacional Aguaytía, Ucayali.

-Eje Operacional Tingo María, Huánuco.

-Eje Operacional Constitución, Pasco.

-Eje Operacional San Gabán Puno.

-Eje Operacional Mazamari, Junín.

-Eje Operacional Alto Anapati, Junín.

-Eje Operacional Santa Lucía, San Martín.

-Eje Operacional Callería, Ucayali.

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Sin embargo, en abril nuevamente se suspendieron las operaciones de eliminación de los cultivos de hoja de coca. Cinco meses después se reiniciaron, en setiembre, pero sin incluir los ejes operacionales de Mazamari y Alto Anapati, considerados en el ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Por esta razón, las autoridades redujeron la meta de 25 mil a 6 mil hectáreas por erradicar en 2021. Es decir, la cifra a la que se llegó en el año 2020.

Según Devida, la Dirandro y el Corah, si se detiene la erradicación en San Gabán, Puno, se afectará el objetivo de eliminar 6 mil hectáreas de hoja de coca para este año. Foto: Virgilio Grajeda/La República

En ese proceso se encontraban las brigadas del Corah en San Gabán, Puno. Hasta que el 16 de octubre estalló el paro indefinido de los cocaleros puneños, que concluyó el viernes con un acuerdo con el Ejecutivo. Recién en una nueva reunión en Juliaca, el 28 de octubre, se decidirá si se suspenderá o no la erradicación en esa zona, uno de los ejes fundamentales del narcotráfico que destina la droga a Bolivia y Brasil.

Según fuentes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), la Dirección Antidrogas (Dirandro) y del Corah, si se decide detener o postergar la erradicación en San Gabán, Puno, se afectará los esfuerzos para alcanzar el objetivo de eliminar 6 mil hectáreas de hoja de coca para este año.

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Hasta el momento solo se ha llegado a las 1.500 hectáreas, contando las que ya se habían arrasado justamente en San Gabán, que son aproximadamente 10 hectáreas. Las operativos se interrumpieron por el paro indefinido.

En el caso de San Gabán, las operaciones del Corah y la Dirandro arrancaron el 4 de octubre, en el distrito de Ayapata, en la provincia de Carabaya. Cuando llegaron las brigadas, los cocaleros ya se encontraban por los alrededores. Sin duda, habían sido alertados.

“Se observó a una distancia de 800 metros una cantidad de 300 personas (cocaleros) que se encontraban vociferando ‘no a la erradicación’”, señala un informe policial.

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Mientras los cocaleros se organizaban para lanzar el paro indefinido contra la erradicación, el 11 de octubre las brigadas prosiguieron con las acciones en San Gabán: “Se aplicó la modalidad de ‘picaflor’, que consiste en erradicar en zonas alejadas de los centros poblados y retornar al campamento base en el mismo día, lográndose erradicar 9,7 hectáreas”, indica el reporte policial.

Pero el 16 de octubre comenzó el paro indefinido de los cocaleros con la toma de la carretera Interoceánica, afectando el tránsito entre Puno y Madre de Dios, lo que obligó a suspender la erradicación porque los manifestantes comenzaron a atacar a los brigadistas o “coreanos”.

“Es una gran preocupación porque estamos hablando de cultivos ilegales y lo ideal sería saber cómo están reprogramando no solamente la erradicación, sino cómo combatir el exceso de cultivos ilícitos que ha crecido, por lo menos en el último año”, señaló el exjefe de Devida Rómulo Pizarro.

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“Creo que si se suspende en Puno (la erradicación), en los demás lugares debe de continuar porque se habla de una suspensión específica por un tiempo específico”, indicó.

Perú Libre llegó al Gobierno con un fuerte discurso prococalero y en sus actos ha demostrado consecuencia. El jefe de la Devida, Fidel Pintado Pasapera, renunció luego de que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, afirmó que conducía el organismo antidrogas “en sentido contrario”. Barranzuela se ha manifestado a favor de los cocaleros y al día de hoy no solo no ha reemplazado a Pintado, sino que tampoco ha presentado un plan para arrasar con los cultivos ilícitos. Es más, probablemente el exitoso resultado de la protesta de los cocaleros en Puno podría ser replicado por otras organizaciones.

“Veo muy difícil que se llegue a la meta de erradicación para este año por cuestiones operativas, porque las protestas se pueden contagiar en otros lados. Creo que la posibilidad que tiene el Gobierno es en las zonas donde las comunidades indígenas lo han pedido, pero hacerlo de manera coordinada”, indicó Álvaro Pastor, asistente de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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Pero ¿cómo diferenciar a los cocaleros legales de los ilegales?

“Creo que lo que se está tratando de hacer es separar la paja del polvo. Haríamos mal al estandarizar a todos los cocaleros como agricultores ilegales. Sin embargo, el padrón de cocaleros oficial es de 1978. Es algo que tiene más de cuatro décadas de existencia y no ha habido mayor diálogo o reformulamiento de lo que se ha hecho. Hay mucha gente que ya murió, otros que quieren ingresar al padrón y no pueden por cuestiones jurídicas como la ley de represión de drogas de 1979″, explicó Álvaro Pastor.

¿Y mientras se elabora un nuevo patrón?

Hablan los líderes cocaleros del Vraem

“Demandamos que se nos reconozca una cantidad de hoja de coca por familia, es decir, 100 arrobas. Queremos trabajar de la mano con Enaco para buscar más mercados”, dijo Richard Zavala Saavedra, del Comité de Productores Agropecuarios de Santa Rosa.

“En el Vraem la erradicación tiene que ser gradual y concertada. Ese es nuestro plan, nosotros no decimos que no porque sabemos que hay una sobreproducción de la hoja de coca”, indicó Eber Romero Aguirre, del Comité de Productores Agropecuarios de Llochegua.

El frustrado plan de erradicación de cocales para el 2021