Hay 9 lugares con medidas de fuerza en simultáneo

Conflictos sociales. La Defensoría del Pueblo identificó tres paros o bloqueos en Loreto, dos en Apurímac, otros dos en Lima, uno en Puno y otro en Huánuco.

San Gabán. Con bloqueos en la carretera Interoceánica, cocaleros reclaman se detenga la erradicación de la hoja de coca. Foto: difusión
San Gabán. Con bloqueos en la carretera Interoceánica, cocaleros reclaman se detenga la erradicación de la hoja de coca. Foto: difusión
María Elena Castillo

En este momento se registran nueve zonas donde la población ha iniciado acciones de protesta por diversos motivos, que se podrían incrementar si no se crean canales de diálogo con prontitud.

La Defensoría del Pueblo identificó que tres de estas protestas son llevadas a cabo por organizaciones indígenas de Loreto y están vinculadas a la extracción petrolera. El paro amazónico comenzó el 4 de este mes en Manseriche, donde mantienen tomada la Estación 5, y días después se amplió a Puinahua (Lote 95) y Trompeteros (Lote 8).

Reclaman la prestación de servicios básicos, remediación ambiental y reparaciones por los daños de la actividad petrolera, entre otros puntos. Se había previsto una reunión para el 14 pasado, pero con el cambio del gabinete se paralizó.

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Además, desde el 18 de este mes se realiza un paro indefinido en Cotabambas y Chalhuahuacho, Apurímac, por reclamos asociados a la actividad minera y el incumplimiento del plan de desarrollo. En este caso reclaman la presencia del presidente de la República y altos funcionarios de la minera Las Bambas con real capacidad de decisión, pues en el 2019 se llegó a acuerdos, muchos de los cuales no se cumplieron. Lo que piden es retomar el convenio marco y el adelanto del canon minero.

Otras dos protestas se llevan a cabo en la sierra de Lima: una en la comunidad campesina Quichas, relacionada a la minera Raura, y la otra en Oyón, contra Buenaventura.

Asimismo, el 15 de este mes se inició el paro de cocaleros de San Gabán, en Puno, que demandan el cese de la erradicación de la hoja de coca. Una delegación integrada por el gobernador regional, el alcalde provincial y varios dirigentes, llegó a Lima en busca de una solución y ayer se reunieron con representantes del Ministerio del Interior y la PCM. Al cierre de esta edición, la cita no había concluido.

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Y, por último, pobladores del sector Shapajilla, en Huánuco, han restringido el acceso al lugar desde el 14 de setiembre por afectaciones al medioambiente.

Se vienen más

La adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo ha detectado otros siete conflictos más que podrían generar huelgas o paros indefinidos.

Por ejemplo, han convocado a una huelga en San Lorenzo, (Loreto) para el 24 de este mes, por la creación de la UGEL intercultural bilingüe.

Apurímac. Población reclama atención del Gobierno. Foto: La República

El 25 en Azángaro protestarán contra el alcalde provincial; y colectivos de San Miguel del Faique, en Piura, iniciarán un paro por el abandono de la construcción de la vía Canchaque-Huancabamba.

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El Consejo Nacional de Transporte Terrestre anunció un paro indefinido desde el 26, debido al alza del precio de los combustibles. Y desde el 8 de noviembre se iniciarían acciones similares en Huánuco, contra la corrupción en la región; y en Puno, por la falta de ejecución del plan de acción para descontaminar el río Coata; además, el gremio de transportistas convocaría a un paro indefinido también por el alza del precio de los combustibles.

El dato

Diálogo urgente. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, considera que se debe iniciar un diálogo de manera urgente en el caso de los conflictos. Aclaró que la población tiene derecho a movilizarse y protestar, pero no a atentar contra la propiedad pública o privada.

El 50% de acuerdos no se han cumplido

Por Rolando Luque, Defensoría del Pueblo

En este momento, hay nueve lugares donde se están tomando medidas de fuerza, lo que no veíamos hace tiempo.

La explicación puede estar en la inestabilidad política que no hemos terminado de superar, y que implica la falta de una definición clara de las políticas públicas. Esperamos que en su presentación ante el Congreso la presidenta del Consejo de Ministros exponga la política de prevención y gestión de conflictos sociales.

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Además, desde que se creó el Viceministerio de Gobernanza Territorial, ha habido 7 viceministros y 13 secretarios de gestión social. Así es muy difícil lograr confianza con los actores sociales para lograr el diálogo.

La llegada del presidente Castillo ha despertado expectativas de ciertos sectores sociales y se ha registrado una serie de demandas por el cumplimiento de los acuerdos, pues alrededor del 50% no se ha respetado. Vamos a proponer la creación de una unidad de gestión del cumplimiento de los acuerdos en la Defensoría del Pueblo.