Caso Gisela Ortiz: ¿qué es el ‘terruqueo’ y cómo afecta a la democracia?

El 17 de octubre, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, acusó a la ministra Gisela Ortiz de supuestos vínculos con Sendero Luminoso; pero él mismo reconoció que no tenía pruebas, en la práctica estos ataques se conocen como ‘terruqueo’.

Ministra de Cultura, Gisela Ortiz, evalúa denunciar a quienes la están difamando. Foto: composición Fabrizio Oviedo/La República
Ministra de Cultura, Gisela Ortiz, evalúa denunciar a quienes la están difamando. Foto: composición Fabrizio Oviedo/La República
Anais Coaquira

En las últimas semanas, la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, ha sido acusada reiteradamente de tener vínculos con Sendero Luminoso. Recientemente, el 17 de octubre, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, acusó a Ortiz Perea de supuestos vínculos con Sendero Luminoso, pero el mismo legislador reconoció que no tenía pruebas y que se basaba en “declaraciones de la época”, esto en la práctica se conoce como ‘terruqueo’.

“Ha tenido relación con Sendero Luminoso en esa época, en La Cantuta. No tengo pruebas, tengo información que quedó (de aquella vez). Está dicho por una persona de la época. Hay declaraciones públicas de varias otras personas también”, manifestó el congresista en entrevista para Canal N.

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En una entrevista para La República, publicada el 10 de octubre, la misma ministra Gisela Ortiz recalca que es una persona pública desde hace 30 años e insta a sus detractores a realizar las denuncias que crean convenientes.

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“Declaraciones como esas nos persiguen desde los años 90. Es cíclico. En plena extradición a Fujimori, de pronto aparecían portadas en las que todos éramos ‘terrucos’; en la sentencia a Fujimori, otra tanda; campaña electoral con Keiko en segunda vuelta, y somos los ‘terrucos’ culpables de su derrota. Y ahora pasa lo mismo (...) Mi familia y yo tenemos derecho a la dignidad, lo malo en nuestro país es que se haya normalizado que te difamen, le llaman ‘terruqueo’ que suena a nada, pero sigue siendo una difamación y es un delito. Yo voy a seguir ejerciendo el derecho a la defensa de nuestro nombre y dignidad”, dijo.

En diálogo con La República, la politóloga María Paula Távara explica que el ‘terruqueo’ es una acusación sin fundamento que afecta a la democracia, ya que precisamente la democracia “debe ser pluralidad de opiniones y respeto a los que necesariamente no piensan como tú” y que por consiguiente tiene que ser “un camino para gestionar diferencias y propuestas”.

“En una persona común ya condenaríamos estas actitudes, pero de un congresista que no tenga la capacidad de asumir la pluralidad que acuse falsamente, que revictimice, es realmente más lamentable y preocupante (...) Utilizar este tipo de términos para intentar invalidar a alguien que piensa distinto, y dentro del espacio de la política, es peligroso, no solo dentro de la política sino desde el rol de los representantes del Estado”, añadió.

Gisela Ortiz tiene a su cargo el Ministerio de Cultura desde el pasado 6 de octubre. Foto: Mincul

Por su parte, la politóloga Pilar Tello considera que el ‘terruqueo’ es una práctica que debemos desterrar. “Para acusar de cualquier cosa a cualquier persona es importante tener pruebas, no podemos hacer acusaciones por sospechas y por información que no ha sido corroborada por otras personas, en política sucede mucho eso, se utilizan diferentes elementos para deslegitimar, sobre todo a mujeres políticas”, señala a La República.

¿Qué es el ‘terruqueo’?

En los últimos años, en el Perú, se utiliza el ’terruqueo’ como un ataque a los adversarios y para descalificar sus ideas. Se utiliza principalmente en la política para vincular a una determinada persona con organizaciones terroristas como Sendero Luminoso.

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La politóloga Távara indica que actualmente ya no solo se utiliza para deslegitimizar ideas progresistas. “Es un ataque, incluso a los que tienen principios democráticos (…) Hay quienes mantienen una mirada positiva al modelo económico o de la forma como se ha gestionado la política. Por ejemplo, recientemente por defender los resultados electorales se les ha atacado”, enfatiza.

¿Dónde se originó el término?

Según precisa el historiador peruano Carlos Aguire, en su ensayo “Terruco de m… Insulto y estigma en la guerra sucia peruana”, publicado en el 2011, en la revista Histórica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), posiblemente, en los años del conflicto interno (1980-2000), el adjetivo ‘terrorista’ adquirió la terminación ‘uco’ –convirtiéndose en ‘terruco’- esto debido a que es común entre quechuablantes se agregue terminaciones ‘uco’ para ‘quechuizar’ algunas palabras.

¿Por qué se usa el ‘terruqueo’ como arma para deslegitimizar a un adversario?

El sociólogo Nelson Manrique explica a La República que estos tipos de ataques se utilizan “por falta de argumentos”. “No tienen derecho de deslegitimar con calumnias amparándose en su calidad de parlamentario (…) En lugar de contribuir a crear una política constructiva, la degrada, la convierte en un muladar”, indica.

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Asimismo, María Paula Távara afirma que en el caso de la ministra Gisela Ortiz se ha utilizado información para “construir estas versiones que, en medio de un ambiente político polarizado, generan que haya personas que terminan creyendo” las difamaciones.

(Terminan) invalidando a actores políticos no por lo que realmente hagan, no se ha cuestionado a la ministra Ortiz porque no conozca al sector o su gestión (…) sino por falsedades”, sostiene.

¿Existen sanciones para el ‘terruqueo’ en el Perú?

Actualmente, existe un vacío legal, ya que no existe una norma jurídica aplicable al caso en cuestión, esto también es alertado por María Paula Távara. “Si la propia ministra Ortiz no hace una denuncia, nadie puede cuestionar legalmente lo que ha dicho el congresista Jorge Montoya, hay un vacío que no permite que la persona reclame frente una difamación de este tipo”, añade.

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El artículo 132 del Código Penal refiere que la difamación puede ser sancionada con una pena “privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con noventa a ciento veinte días de multa”.