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Política

Keiko Fujimori pide nuevamente el retroceso del caso Cócteles

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros cinco acusados en el caso Odebrecht alegan que hay actividades pendientes que no se hicieron durante la investigación.

El último marzo el fiscal José Domingo Pérez solicitó 30 años para Fujimori. Foto: La República
El último marzo el fiscal José Domingo Pérez solicitó 30 años para Fujimori. Foto: La República

Keiko Fujimori, su esposo Mark Vito, Jaime Yoshiyama, el partido Fuerza Popular y el exfuncionario de la ONPE Luis Barboza Dávila así como la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C. insistieron en solicitar el retroceso del caso Cócteles (Odebrecht) a la etapa de investigación preparatoria, misma que concluyó el 11 de marzo pasado y permitió acusar por crimen organizado y otros delitos a los implicados.

De acuerdo con sus defensas, hubo múltiples actividades y declaraciones que no se cumplieron antes de que finalizara la investigación por lo que se afectó el derecho a la prueba, derecho de defensa, entre otras vulneraciones en las que habría incurrido Domingo Pérez.

El tribunal encargado del caso, la Segunda Sala de Apelaciones de Crimen Organizado, escuchó el pedido y anunció que resolverá en los siguientes días si corresponde el retroceso del caso o continúa en su etapa intermedia (control de acusación). Es decir, si sigue en la fase previa al juicio oral donde se dictarán sentencias.

El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, explicó así que hay una orden judicial que determinó recabar las declaraciones de María Lucía Guimaraes Tavares (responsable de “doleiros” en la Caja 2), Ángela Palmeiras (responsable de cuentas en el exterior de la Caja 2) y otros exdirectivos de Odebrecht.

Por su parte, los abogados de Keiko Fujimori y Fuerza Popular resaltaron que había citaciones para el 11 y 12 de marzo para continuar la investigación, sin embargo ya se había presentado el requerimiento acusatorio ante el juez Víctor Zúñiga. La defensa de Luis Barboza argumentó en sentido similar, pues el acusado no pudo declarar aunque se pidió a la Fiscalía que se le escuchara desde febrero de 2021.

La mayoría coincidió en que debía utilizarse el plazo de la investigación que se fijó hasta febrero del 2022. Tal como informó La República, si bien la Fiscalía tenía tiempo para investigar hasta octubre de este año, Pérez pidió que se repusieran 123 días al caso lo que le permitió prolongar el periodo para indagar hasta el 22 de febrero del próximo año.

Ello, sin embargo, no implicaba que el fiscal debía usar todo ese lapso, sino que tenía hasta el 2022 para decidir si archivaba el caso o acusaba a los presuntos responsables. Domingo Pérez optó por lo último.

No hubo afectaciones, según juez Zúñiga

En primera instancia, el magistrado Víctor Zúñiga Urday rechazó los cinco pedidos que buscaban dar un paso atrás en el caso Odebrecht contra Keiko Fujimori, ya para entonces con un pedido de 30 años y 10 meses de prisión por varios delitos.

En junio pasado, el juez aclaró que no hubo ninguna vulneración contra los acusados ya que estos podían sugerir la toma de declaraciones, incorporar pruebas y otros elementos que consideren necesarios durante la etapa de control de acusación. Esta fase, cabe precisar, comenzará su debate el 20 de octubre.

keiko nulidad rechazada

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“El Juzgado no puede negar la solicitud del imputado y otros intervinientes de realizar diligencias si estas son pertinentes, útiles y conducentes, indicándoles que esperen a la etapa intermedia para incorporar los medios de prueba”, señaló Zúñiga en su resolución.

Además, el magistrado descartó cualquier intención política o maliciosa del fiscal José Domingo Pérez en su acusación, como adujeron los abogados de los procesados en audiencia meses atrás: “La decisión fiscal [de concluir la investigación y acusar] tiene un amparo constitucional y legal, que es el análisis libre que elabora el representante del Ministerio Público, protegido por su autonomía”, aclaró el juez.

Actualmente, el caso Cócteles abarca a 54 acusados por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procesos administrativos.