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Política

Acusación contra Alejandro Toledo se revisará desde el 21 de octubre

Juez Richard Concepción Carhuancho estará a cargo de la evaluación del requerimiento del fiscal José Domingo Pérez por el caso Odebrecht.

Alejandro Toledo
Alejandro Toledo

El juez Richard Concepción Carhuancho revisará desde el próximo jueves 21 de octubre la acusación fiscal que presentó José Domingo Pérez contra Alejandro Toledo y otros ocho involucrados por la adjudicación y ejecución irregular de la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).

La audiencia está programada para las nueve de la mañana y tiene prevista la participación de los abogados, la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato y el fiscal Pérez. Se trata de una etapa intermedia que puede tardar uno o dos años para determinar qué pruebas o testimonios y documentos serán discutidos en un juicio oral contra los implicados.

En agosto de 2020, el fiscal de lavado de activos presentó su pedido de acusación contra 9 personas, incluyendo a Toledo; y de sobreseimiento (archivo) del caso para otros tres ciudadanos.

  • Alejandro Toledo Manrique (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)
  • Sergio Bravo Orellana (acusado a 9 años de cárcel)
  • Alberto Pasco-Font Quevedo (acusado a 9 años de cárcel)
  • Avraham Dan On (acusado a 9 años de cárcel)
  • José Graña Miro Quesada (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)
  • Fernando Camet Piccone (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)
  • José Castillo Dibós (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)
  • Hernando Graña Acuña (acusado a 11 años y 6 meses de prisión)
  • Gonzalo Ferraro Rey (acusado a 11 años y 6 meses de prisión)

De este modo, se solicitaron 20 años y medio de cárcel contra el expresidente Toledo por haber cometido los delitos de colusión y lavado de activos. Al exmandatario se le imputó haber pactado irregularmente con la constructora brasileña Odebrecht para que gane el concurso sobre la vía IIRSA Sur y recibir, a cambio de ello US$35 millones, aproximadamente.

Junto a Toledo hayotros empresarios que podrían recibir condenas. Para los exdirectivos de GyM, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, se pidieron 20 años y medio, y 11 años y seis meses de prisión, respectivamente.

En la acusación fiscal figuran además el empresario Gonzalo Ferraro Rey y los exejecutivos de JJ Camet, Fernando Camet Piccone; y de ICCGSA, José Castillo Dibós. Todos exsocios de Odebrecht cuando conformaron el consorcio para ganar la licitación de la Interoceánica Sur.

Alejandro Toledo

Toledo fue acusado oficialmente por la Fiscalía de recibir $35 millones de la empresa brasileña Odebrecht. Foto: difusión

Están acusados también el exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, Avraham Dan On, Alberto Pasco-Font y el ingeniero Sergio Bravo Orellana.

Por otra parte, Domingo Pérez pidió al Poder Judicial también que se les archive el caso a John Barclay Méndez (fallecido en julio de 2020), Gideon Weinstein y Sabi Saylan. Estos dos últimos fueron socios de Josef Maiman, examigo de confianza de Toledo, y fueron investigados por el delito de colusión en calidad de cómplices primarios.

Segunda citación

No es la primera vez que el juez Richard Concepción Carhuancho llama a una audiencia de control de acusación contra Alejandro Toledo.

A inicios de 2021, en enero, programó que se revisara el requerimiento contra el expresidente y otros empresarios para el 19 de dicho mes; sin embargo, tuvo que postergarse esta sesión porque aún no se había establecido la condición de las empresas Graña y Montero, GyM, JJC e ICCGSA. Es decir, que no se definió si iban a ser acusados o no.

fecha 1 toledo

fecha 1 toledo

Con el paso de los meses, en agosto, el fiscal Domingo Pérez decidió separar las imputaciones contra estas empresas para investigarlas aparte, mientras se mantenía la acusación contra Toledo y los demás involucrados. Cuando terminen de investigarse a las cuatro empresas se decidirá si serán acusadas o no.

Por otra parte, la justicia norteamericana ya ha dado su aprobación para que Alejandro Toledo sea extraditado, no obstante aún falta agotar la vía legal de los Estados Unidos para que se continúe con el trámite de su repatriación.