Defensoría pide al Ejecutivo que regule entrega de restos que afecten la seguridad nacional

Sustentó que es un deber constitucional evitar toda forma de apología con relación a personas que han cometido delitos gravísimos como el terrorismo.

La Defensoría del Pueblo consideró que "constituye un deber imperativo del Estado evitar la comisión de actos que enaltezcan el delito o a la persona que los cometió". Foto: La República
La Defensoría del Pueblo consideró que "constituye un deber imperativo del Estado evitar la comisión de actos que enaltezcan el delito o a la persona que los cometió". Foto: La República
Política LR

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Ejecutivo que emita un decreto supremo a fin de regular la entrega de restos humanos de personas representen una amenaza a la seguridad nacional a raíz de sus acciones cometidas en vida.

“La Defensoría del Pueblo, en base a sus atribuciones constitucionales de defensa de derechos humanos, solicita al Poder Ejecutivo emitir un decreto supremo que regule la entrega de restos humanos de individuos que, por actos cometidos en vida, supongan una amenaza a la seguridad nacional”, se puede leer en el documento.

Asimismo, remarcó que se debe tener en cuenta que " ni el Código Procesal Penal ni la Ley General de Salud establecen con precisión cómo proceder en este tipo de situaciones”; por tanto, consideró que armas normas son insuficiente para los casos en donde no solo se debe garantizar el derecho a dar sepultura, sino también la seguridad ciudadana.

Constituye un deber imperativo del Estado evitar la comisión de actos que enaltezcan el delito o a la persona que los cometió”, continúa el comunicado.

Finalmente, afirma que esta facultad sería inherente del Ejecutivo y que esta regulación demanda una respuesta efectiva y en el más breve plazo.

“La posibilidad de regular esta materia constituye una facultad inherente al Poder Ejecutivo dado que ostenta la atribución de desarrollar las políticas nacionales de orden interno. En relación con las personas que han cometido delitos gravísimos como el terrorismo, la necesidad de evitar toda forma de apología se sustenta en el deber constitucional de combatirlo, lo cual ha sido puesto de manifiesto tanto por el Tribunal Constitucional como por la Defensoría del Pueblo, en reiteradas ocasiones”, culmina.